Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo, a su salida de la Audiencia de Sevilla
Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo, a su salida de la Audiencia de Sevilla - RAUL DOBLADO

CASO ERE ANDALUCIAProcesan a Guerrero por beneficiar a sus amigos «con elevadas cantidades de dinero público» de los ERE

El juez Vilaplana le imputa delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

A.R.V.
SevillaActualizado:

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cerrado la investigación de una pieza separada del caso ERE sobre los fondos públicos que de forma fraudulennta habría desviado Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, a sus amigos y vecinos. El juez José Ignacio Vilaplana, que sustituye a la magistrada María Núñez Bolaños durante su baja médica, ha dictado un auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra Guerrero y cinco personas más.

Mediante este auto del 17 de septiembre, el juez que se ha hecho cargo de la investigación entiende que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y también acuerda continuar el procedimiento contra Vitalia y Holding Europeo Tindex como responsables civiles subsidiarios, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, explica que el objeto de esta pieza son «pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas sin causa justificada a iniciativa» de Guerrero para el «beneficio de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos)».

El magistrado argumenta que estas personas «resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero» con primas abonadas mediante los llamados pagos cruzados a través de cartas remitidas por el ex alto cargo «a compañías aseguradoras que ya disponían de fondos públicos» con el fin de que «determinadas cantidades fueran desviadas en beneficio» de esas personas.

«Se habrían llevado a cabo pagos particularizados, directamente concertados» por Guerrero «para beneficiar a cuatro personas con las que tenía cierta vinculación personal aprovechándose del cauce abierto por aquel procedimiento específico», que es objeto de otra causa de los ERE.

El exdirector de trabajo rrero «aprovechó la suscripción en 2002, 2006 y 2007 de diversas pólizas de seguro de rentas de supervivencia y capital diferido» de la Consejería de Empleo para «empresas en situación de crisis o conflicto laboral» para que se beneficiasen «al margen de cualquier expediente de regulación de empleo o ayuda sociolaboral» cuatro varones, uno de ellos un exalcalde de su localidad, El Pedroso.

El juez resalta que Guerrero «mantenía relación de amistad y vecindad» con estos cuatro hombres, dos de ellos ya fallecidos, que fueron «introducidos de manera fraudulenta como asegurados y beneficiarios de las pólizas» y aumentaron «indebida y considerablemente» sus ingresos a costa de fondos públicos «cuando ya eran al propio tiempo beneficiarios de otras prestaciones o de otras ayudas públicas (por diversas contingencias, incapacidad, desempleo...)».

El juez considera que estas cuatro personas, «a sabiendas de que no tenían derecho a ellas y al margen de la legalidad vigente, se prevalieron de su relación de amistad» con Guerrero «para solicitar y obtener las rentas derivadas de la suscripción de las correspondientes pólizas de seguro, rentas que estuvieron percibiendo durante varios años».

De este modo, Guerrero «conseguía favorecer y posibilitar el consiguiente desvío fraudulento de fondos públicos» y «eludía cualquier control», agrega el juez, que indica que el ex director de Trabajo «articuló todo este mecanismo defraudatorio en connivencia» con otras dos personas también encausadas, un directivo del Grupo Vitalia y un trabajador de la mediadora Vitalia Vida.

El juez acuerda continuar el procedimiento contra estas dos personas, Guerrero, dos de los beneficiarios de las pólizas y la hija de uno de ellos, quien «prevaliéndose de su amistad» con el ex director general lo «instó a que concediera una ayuda pública a su padre para completar sus ingresos».