Corrupción
El caso de las facturas falsas de UGT toma el testigo judicial en Andalucía tras la sentencia de los ERE
El juez procesa a un exsecretario general y a cinco sindicalistas por el desvío de más de 40 millones en cursos de formación
El conocido como caso de las facturas falsas de UGT Andalucía está más cerca de ser juzgado. Ayer se conoció un auto del juez de Instrucción número nueve de Sevilla por el que procesa al ex secretario general de la organización Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas, entre sindicalistas y empresarios, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. «El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros », asegura el instructor, subrayando que son los expedientes de los que tiene los papeles necesarios.
El juez ha decidido continuar la causa contra Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda ; la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín ; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de sus empresas. Charpín fue nombrada en 2016 miembro de la Comisión de Garantías del sindicato a nivel nacional por el actual secretario general Pepe Álvarez.
Ocho de los investigados durante la instrucción han quedado fueran de la causa, entre ellos el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana.
El primer párrafo del relato de los hechos punibles del instructor es esclarecedor. Así, señala que entre 2009 y 2013 «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Esto suponía «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido:la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».
Para llevar a cabo este plan fraudulento, UGT-A necesitó de proveedores de confianza decididos a facilitar «la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato » como el pago de la electricidad.
Según el juez, fueron tres «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado «rappel» , por el que UGT-A se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Junta. El segundo mecanismo fue el «bote» , un sistema por el que la organización sindical «se financiaría con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados». Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «efectuó la cesión en usufructo de locales de su propiedad » a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».
Con este último mecanismo se usaron inmuebles cedidos por el Estado, la ONCE por la Autoridad Portuaria de Sevilla a UGT-Ade forma gratuita y para la ejecución de sus fines.
Sobre los alquileres, el juez pone en evidencia el plan fraudulento del sindicato, quien tras la concesión de la subvención para los cursos, las materializaba a través de su entidad vinculada al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) . La normativa autonómica recoge entre los gastos que pueden subvencionarse los gastos de alquiler de las aulas usadas. Pero en este caso, si los locales en los que IFES desarrollaba los cursos eran propiedad de UGT-A, no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento. Aquí radica el fraude:«tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable ».
En el desarrollo de «esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda , ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores, una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» de Fernández Sevilla, de Charpín y de la responsable del Departamento de Compras.
Al hilo de ello, el juez subraya la relevante función de los proveedores, quienes «se prestaron» a falsificar la documentación mercantil utilizada por UGT-A para justificar las subvenciones ante la Junta de Andalucía.
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