Los centros de Educación Especial no desaparecerán con la nueva ley del Gobierno

El ideal es que estos niños se integren en un colegio de educación ordinaria porque están comprobadas las ventajas de progreso, realidad esta que se recoge hasta en resoluciones de Naciones Unidas. O que la combine con uno de Educación Especial.El problema se presenta en esta indefinida frontera de cuando, la inclusión, es posible o no. Primero, no todos los profesores están de acuerdo, porque les retrasa sus clases y desconocen cómo actuar en caso de emergencia. Segundo, no hay apoyo médico permanente en los colegios. Tercero, hay casos que son imposibles de integrar, verbigracia un niño que lo primero que necesita es aprender a respirar —oxigenoterapia—, porque es vital para su desarrollo sin ayuda mecánica.

Pues a partir de este anteproyecto ha saltado a los medios de comunicación la falsa idea de que el Ministerio de Educación quiere acabar con los centros donde los alumnos reciben una Educación Especial. Desde el propio ministerio han tenido que desmentirlo «rotundamente» por las quejas recibidas de muchas asociaciones de padres, al tiempo que «lamentan profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable».

Antonio Guerrero, presidente de la fundación con su mismo nombre, es una de las voces más autorizadas en esta materia , pues lleva décadas luchando por los derechos de los niños con necesidades especiales en la comunidad andaluza. Para él, lo que está causando «dudas, miedos e incertidumbre entre las familias de los alumnos con necesidades especiales es la redacción de la disposición adicional cuarta: evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales». Esta reza así: «Las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». Esto último se ha entendido por algunas asociaciones como que no solamente tendrán que atender a sus docentes sino servir también de profesores de apoyo en los colegios ordinarios.

Para Antonio Guerrero, lo primero que hay que decir es que «se trata de un proyecto de ley que aún no ha entrado en su fase de desarrollo parlamentario, por lo que ni es un texto definitivo y además está abierto a cuantas modificaciones entiendan los legisladores. En segundo lugar, la interpretación que se está dando a esta disposición adicional cuarta es bastante sesgada y casi interesada. Esta disposición tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La A, donde se habla de la inclusión en los centros ordinarios. Hay que aclarar que a día de hoy éstos no cuentan con suficientes recursos para atender a toda la población con discapacidad y hay muchos casos en que los alumnos podían estar entre sus iguales porque su discapacidad no es tan severa como para relegarlo a un centro de Educación Especial que debe atender a un grupo más específico por tener mayores necesidades. Esta entrada lo que viene a decir es que hay que invertir en los centros ordinarios para que la educación sea lo más inclusiva posible y da un plazo de diez años. La segunda entrada o B, donde habla de los centros de Educación especial, el legislador reconoce explícitamente que hay un determinado alumnado que, por las características de sus trastornos, necesitan seguir siendo atendidos en Centros de Educación Especial, donde se cuenta con médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, enfermeros... Además, abre la puerta a ser centros de referencia, en el sentido de poder ayudar y asistir a centros ordinarios con un alumnado de una tipología determinada para que, o bien puedan alternar estancias, o bien acudan a los centros especiales. Allí recibirían distintos tratamientos en momentos puntuales. También contempla que haya un desplazamiento al centro ordinario para una actuación concreta y por último, en caso de agravamiento el alumno sea reubicado en el Centro de Educación Especial o en caso de mejoría en un centro ordinario», aclara Guerrero.

Para este especialista, «la lectura que se ha hecho ha quedado en su primera parte, obviando el resto. Esto ha generado unas corrientes de opinión contrapuestas, pues hay padres que quieren que sus hijos sigan siendo atendidos en centros de Educación Especial, debido a su estado de gran afectación; otros, sin embargo, quieren que sus hijos —aunque estén bastante afectados— puedan ser atendidos en centros ordinarios y convivir con sus iguales. No cabe duda de que ambas partes tienen sus razones, pero en el plazo de diez años, de manera paulatina y no dentro de diez años , las dotaciones de recursos a los centros ordinarios deberán capacitar para que un número muy considerable de alumnos sí puedan ser atendidos en centros ordinarios», continúa Guerrero.

«Pero lo que no es admisible es que, determinados sectores, colectivos, asociaciones, quieren que se cierren y desaparezcan los Centros de Educación Especial, pero no el Gobierno, que lo que plantea y entiendo con buen criterio, es que convivan los dos modelos. Hay alumnos —continúa Antonio Guerrero— que, en ningún caso pueden estar en centros ordinarios. Las enfermedades mitocondriales y otras muy incapacitantes hacen inviable esta posibilidad. Además, hay que dar respuesta a todos los supuestos y no la misma respuesta sea el supuesto que sea».

«Pienso que se debe tranquilizar a las familias en un doble sentido, primero, en muchos casos y paulatinamente sus hijos, nacidos o por nacer, podrán ir incorporándose a centros ordinarios y convivir con sus iguales y segundo, en otros casos sus hijos seguirán siendo atendidos en centros de Educación Especial. Lo que sí entendemos es que la decisión debe ser consensuada entre familia y Educación y no una decisión unilateral por una de las partes. El interés superior del menor debe prevalecer sobre todo lo demás», concluye en su exposición Antonio Guerrero.

Sobre los criterios que este anteproyecto de Ley, (más conocida como Lomloe, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006), para identificar y valorar las necesidades educativas —quizás el punto más difícil—, la reforma afirma que esta se «realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas . En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor».

Sobre la evaluación de los resultados conseguidos esta se llevará a cabo, «al finalizar cada curso en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo», especifica. Por último, añade «corresponde asimismo a las administraciones educativas favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias ; adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran; facilitar la disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar», concluye.

Desde la «Plataforma Educación Inclusiva sí, Especial también » denuncian que en la memoria económica que acompaña a la citada Lomloe, el Gobierno no tiene intención de incrementar el gasto. «La nitidez del mensaje no deja lugar a dudas: para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios que garanticen la atención en las mejores condiciones al alumnado con necesidades educativas especiales, la Ley no prevé aumento de la partida presupuestaria, ni a nivel nacional ni autonómico» , se quejan desde esta plataforma.