Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio - Efe/Pool
CASO ERE ANDALUCÍA

Chaves y Griñán tenían «información continua» sobre las ayudas a ERE

La exasesora de la Dirección de Trabajo asegura en el juicio que les mandaban informes sobre beneficiarios y fondos

SEVILLA Actualizado: Guardar
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María José Rofa, antigua asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha insistido este miércoles en que los expresidentes andaluces que están siendo juzgados en la pieza política del caso ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocían a qué colectivos se daban las ayudas irregulares y «para qué» finalidad. «Es un flujo o circuito de información continua» el que existía entre el departamento que daba las ayudas y el Gabinete de la Presidencia, ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes.

Esta testigo clave para la investigación que realizó la Guardia Civil (a la que entregó 1.627 archivos para conocer la mecánica de reparto de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis) ha explicado que tanto Griñán como Chaves eran «informados» continuamente sobre «ayudas que se han dado y las circunstancias» de las mismas para que preparasen sus preguntas parlamentarias y para tomar el pulso a los conflictos laborales que se desarrollaban en cada territorio de cara a sus visitas institucionales.

Algunos de estos informes, como el referido al ERE subvencionado a la empresa Mercasevilla remitido al entonces presidente Griñán en 2010, los realizó la propia asesora de Trabajo porque «los pide el Gabinete de Presidencia para preguntas parlamentarias», ha respondido, cuando le ha preguntado José María Mohedano, abogado del expresidente Griñán, sobre el nivel de información que disponía su defendido.

En concreto, a preguntas de Mohedano y luego del presidente del trbunal, María José Rofa ha indicado que los expresidentes tenían información a través de su Gabinete sobre qué conflictos había, «qué se está haciendo para resolver los problemas y por qué están protestando los trabajadores y si va a haber una huelga». Añadió que también se les informaba sobre «a qué colectivos se han dado y para qué han sido las ayudas».

En relación al mencionado informe sobre el ERE de Mercasevilla remitido a Griñán, la antigua asesora de los exdirectores generales Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera ha explicado que supo que la información había llegado al expresidente Griñán porque María Ángeles Gala, la secretaria del consejero de Empleo, le mandó un correo «diciendo que se ha enviado» el informe al Gabinete del presidente.

Rofa ha explicado que el informe sobre Mercasevilla especificaba que se había financiado un primer ERE y se había rechazado subvencionar el segundo ERE por parte del consejero de Empleo entonces, Antonio Fernández. Ha matizado que se enviaron al menos dos informes en 2009 y 2010 sobre la problemática de Mercasevilla que salió en la prensa (aún no se conocía que había intrusos) y que su jefe Márquez consideró que «era demasiada información y muy técnica para un presidente» e hizo un resumen que fue el que se envió a Presidencia.

La testigo también ha indicado que a pesar de que se cambió el sistema de las transferencias de financiación que la Intervención consideró inadecuado para pagar las ayudas a través de la agencia IDEA, el Consejo de Gobierno aprobó una transferencia de financiación de 20 millones [a Delphi] cuando ya estaba implantado el sistema nuevo de las encomiendas de gestión.

El interrogatorio con Mohedano ha sido tenso y el magistrado ha tenido que llamarlo a capítulo por hacer valoraciones sobre su declaración. El letrado de Griñán había ironizado al preguntarle por la encomienda de gestión: «Claro, como usted contesta a todas las preguntas».

A preguntas de Manuel Pérez Cuajares, abogado de Márquez, Rofa ha declarado que hasta marzo de 2011, cuando ya habían surgido los intrusos, los trabajadores del departamento que daba las ayudas no tuvieron acceso al servidor de la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar las vidas laborales de los beneficiarios de ayudas.