Juan Márquez durante su declaración en el juicio de la pieza política del caso ERE
Juan Márquez durante su declaración en el juicio de la pieza política del caso ERE - EFE/Pool

Los clanes del caso ERE Andalucía: HuelvaEl exdirector general de Trabajo Márquez dio ayudas a su mujer tramitadas por su sobrino

Repartió 1,8 millones de euros en una red de cooperativas de consumo que él mismo presidía

Sevilla Actualizado: Guardar
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En el reparto millonario de los ERE hay historias de todo tipo porque la telaraña clientelar es casi inabarcable. Pero uno de los casos más llamativos para la Guardia Civil es el de Huelva porque allí las ayudas se otorgaron directamente a familiares y amigos del PSOE de distintas localidades de la provincia sin ninguna intención de ocultarlo. El líder de este clan era Juan Márquez Contreras, director general de Trabajo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero en 2008, cuando estalló el escándalo.

A Guerrero, por cierto, le organizaron una cena de despedida los principales líderes sindicales, en agradecimiento a su labor, que se celebró curiosamente en el restaurante sevillano Río Grande, en cuyo reajuste de plantilla se colaron también varios intrusos. El caso es que Márquez, histórico socialista de Lucena del Puerto que había sido concejal y gerente de la federación de consumidores Fedeconn, pasó a ocupar su puesto y, a pesar de que el caso ya había saltado a los medios, continuó con la misma dinámica que su antecesor.

Según la Guardia Civil, el onubense otorgó subvenciones directas a tres cooperativas vinculadas a la federación que él mismo había presidido: Coviluz en su propio municipio, Lucena; Coborja en Bonares; y Cristo Obrero en Almonte. A la primera de ellas le otorgó 440.000 euros para extinguir varios puestos de trabajo, pero la UCO no da veracidad al motivo de la ayuda porque ésta se otorgó en julio de 2008 y se «ha podido evidenciar que el 27 de noviembre de 2007 esta situación laboral estaba más que resuelta».

Además, Coviluz no podía cobrar porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. Pero el dinero se abonó y jamás se justificó. Los investigadores dieron con una posible explicación a todo esto: «Una de las personas que forman parte del Consejo Rector y que ha nocupado cargo como concejal electo en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto en la legislatura 2007-2011 es Isabel Piozas Cumplido, vicepresidenta de esa cooperativa y, además, la esposa de Juan Márquez». Esa misma cooperativa la presidía, por cierto, otro histórico socialista de la zona Gregorio Ojuelos.

Igualmente generoso fue Márquez con Coborja, en Bonares, a la que otorgó un millón de euros siendo presidente de la cooperativa el actual alcalde, Juan Antonio García, y vicepresidente el concejal Felipe Martínez. Además, la presidenta era una de sus empleadas en Fedeconn, Antonia Amador. Por su parte, la sociedad Cristo Obrero de Almonte le concedió 400.000 euros cuando estaban al frente otro histórico del PSOE, José Antonio Valladolid, y Antonio Rebollo, exconcejal que luego pasó a la gerencia de la Fundación Doñana XXI, otro organismo de la Junta. Pero ahí no queda todo el entramado.

El clan también tenía extensiones dentro de la propia Consejería de Empleo. Según consta en el sumario, en la Dirección General de Trabajo fue contratado, procedente de la también polémica fundación Faffe, donde habían sido enchufados centenares de familiares del PSOE, Manuel Jesús Regidor Piozas, dirigente de las Juventudes Socialistas de Lucena del Puerto y, además, sobrino de la mujer de Márquez. En los atestados consta que Regidor firmó al menos dos expedientes relacionados con estas ayudas en calidad de técnico. Y lo mismo hizo otro colocado, Jesús Andrés Rodríguez Muñoz, cuya relación personal con Márquez es confusa porque unos testigos han declarado que es su sobrino y otros que es hijo de un concejal de Valverde del Camino que, por cierto, también fue incluido como intruso en un ERE.

En todo caso, está acreditada la conexión socialista. Sobre él, la Guardia Civil asegura lo siguiente: «Podemos decir que esta persona habría participado en la elaboración de las memorias justificativas de finalidad pública e interés social y económico de las ayudas sociolaborales por porte de la Junta de Andalucía. En estas ayudas hay que destacar que en uno de sus puestos se llega a resolver la concesión de las ayudas investigadas, acto que da pie para que el que fuera director general de Trabajo Juan Márquez Contreras otorgara estas ayudas de manera firme mediante protocolo».

Es decir, pudo cometer un delito de usurpación de funciones públicas gracias a que se montó un sistema de presuntos técnicos de la administración que suplían a los funcionarios. Dicho de una manera más directa: Juan Márquez le dio una subvención a la cooperativa de su mujer y entre los técnicos que la tramitaron había un sobrino suyo. La factura, dos millones de euros.