El comisionista de los test Covid en Andalucía acaparó 7 millones en subvenciones del Gobierno de Zapatero

La mordida frustrada, que tramó supuestamente con un exasesor de la Consejería de Salud, se suma a un largo historial de problemas con la Justicia que acumula este empresario, a quien el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) brindó apoyo a través de subvenciones millonarias y adjudicaciones públicas de contratos.

Entre 2008 y 2011, el Ministerio de Industria concedió seis subvenciones a Brassica Group S.A. por un importe total de 6.893.664 euros . García Gallardo, que presidió esta cadena de catering desde 2006 hasta 2012, construyó y equipó con fondos públicos una planta agroalimentaria de platos preparados en la provincia de Cádiz. Brassica Group, empresa ya extinguida , fue una de las entidades que acaparó más ayudas con cargo a un programa de reindustrialización impulsado por el Ministerio de Industria para atraer a empresas a la Bahía de Cádiz. El llamado Plan Reindus perseguía reactivar una comarca azotada por el desempleo , sangría laboral que se agudizó con el cierre de la fábrica de automoción Delphi en 2007.

En paralelo, Brassica Group consiguió contratos con distintas administraciones, casi siempre bajo las siglas del PSOE, el partido al que está afiliada su esposa, Silvia López Gallardo . Ella fue una sobresaliente dirigente vinculada al clan de Alcalá de los Gazules, el pueblo gaditano de la exministra Bibiana Aído y santuario del socialismo andaluz bajo el mando de Manuel Chaves. En su etapa como presidente de la Junta, Silvia López Gallardo fue escalando puestos en el Ejecutivo, hasta que en 2009 es nombrada delegada provincial de Medio Ambiente, cargo que ocupa hasta el verano de 2012.

Mientras la mujer de García Gallardo hacía carrera política en la Junta de Andalucía, éste expandía sus negocios, con el espaldarazo financiero de los gobiernos socialistas. El empresario gaditano ha ocupado 44 cargos en 25 sociedades como administrador único, socio o apoderado. Algunas de ellas acabaron en fiascos empresariales como Brassica Group o Quality Food, ambas en procesos de liquidación.

El 21 de septiembre de 2010, la Agencia IDEA –el ente autonómico que pagaba las ayudas irregulares de los ERE– concedió a Brassica Group un incentivo de 2,1 millones de euros, de los que 1,74 millones fueron aprobados por el Consejo de Gobierno que presidía José Antonio Griñán (PSOE). El Ejecutivo en el que López Gallardo era alto cargo sufragó la instalación de una planta de platos preparados y laboratorio en el pueblo granadino de Escúzar.

Dicha industria le permitió acceder a su vez a un contrato del SAS para el suministro de alimentos a los hospitales de la provincia valorado en más de 8 millones de euros. En paralelo, obtuvo la concesión para explotar las cuatro cafeterías del Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.

Fue su época dorada. Brassica Group se hizo con diez contratos del Ministerio de Defensa para el servicio de restauración en los acuartelamientos entre 2007 y 2011 valorados en 12,96 millones de euros. Sus platos preparados también se sirvieron en prisiones, centros de internamiento de extranjeros y de inserción social tras ganar sucesivos concursos convocados por el Ministerio del Interior en 2006 y 2009, cuyos contratos sumaban 1,1 millones. Por último, el Ministerio de Innovación le otorgó dos préstamos por un importe total de 3,87 millones en 2009 y 2010.

Poco después de recibir la riada de ayudas y contratos, su imperio de comidas precocinadas empieza a desmoronarse. En enero de 2013, la Consejería de Educación acuerda rescindirle el contrato por los «reiterados incumplimientos» en los que su grupo había incurrido en el servicio de los comedores escolares en más de cien colegios de Sevilla, Cádiz, Huelva y Granada.

En junio de 2013, Brassica Group se declara en concurso de acreedores tras suspender pagos . Deja un reguero de deudas. Parte del dinero se lo requirió después el Gobierno central porque no ejecutó proyectos financiados con dinero público. Desde el pasado diciembre, la Agencia Tributaria reclama 3,52 millones de euros a su empresa matriz, sobre la que pesan embargos del Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz por otros 'pufos'.

Para salir a flote, García Gallardo probó a hacer fortuna con el material sanitario que administraciones como la Junta se desvivían por obtener para doblegar la peor epidemia en un siglo.