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Sanidad

Condenan cien veces al SAS por tener a «empleados fantasma» de fundaciones y empresas contratadas

El Supremo y el TSJA declaran la cesión ilegal de trabajadores por anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía y le obliga ahora a hacerlos indefinidos no fijos

Sede de la Fundación Progreso y Salud en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla Raúl Doblado

Antonio R. Vega

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), dependiente de la antigua Consejería de Salud, los contrató como asesores técnicos. Pagaba sus nóminas cada mes y las dietas y, de manera formal, autorizaba sus permisos, bajas y vacaciones, pero esta relación laboral era una mera apariencia, un trampantojo. Una vez firmado el contrato temporal por obra o servicio, los supuestos trabajadores no volvían a pisar ninguna sede de la fundación dedicada a la investigación biomédica.

En realidad desempeñaron sus tareas durante más de diez años en instalaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) , utilizaban sus medios, formaban parte de su equipo técnico, estaban a las órdenes de los jefes de esta agencia de la Junta de Andalucía e incluso les facilitaron un correo corporativo y las claves de acceso a la plataforma informática Diraya, el sistema que reúne las historias clínicas de todos los pacientes de Andalucía.

Esta práctica fraudulenta que se remonta la anterior etapa socialista ha desembocado ahora en un centenar de sentencias que condenan al SAS , a la mencionada fundación pública y a otras sociedades interpuestas por cesión ilegal de trabajadores y les obligan a reincorporarlos en su puesto de trabajo con la condición de empleados indefinidos no fijos.

El estudio al completo de la plantilla que está realizando la actual Dirección General de Profesionales del SAS ha sacado a la luz al menos cien trabajadores ficticios o «fantasma» que estaban contratados por una entidad cuando su verdadero «patrón» era la agencia sanitaria, según informaron a ABC fuentes de la Consejería de Salud y Familias.

De estos empleados, más de cuarenta eran psicólogos y administrativos que suscribieron un contrato temporal con la Fundación Progreso y Salud entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007 para la realización de la obra o servicio «Apoyo técnico a la Dirección General de Salud Pública y Participación para el Plan Integral de Tabaquismo ». En realidad, trabajaban en distintos centros de salud y consultorios, donde asesoraban a los fumadores para curar esta adicción, una actividad que no tenía encaje alguno entre los fines de la fundación.

La iniciativa fue puesta en marcha por la entonces consejera de Sanidad, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones y candidata del PSOE por Sevilla a las elecciones generales del 10 de noviembre. El Plan Integral deTabaquismo se fijó para el quinquenio 2005-2010. Hasta diciembre de 2012, el SAS y otras siete fundaciones, entre las que se encontraba la FPS, no firmaron un convenio de colaboración para regular las relaciones entre la agencia y las fundaciones dependientes de la Consejería.

La Inspección de Trabajo visitó un centro dela Fundación Progreso y Salud. Allí desconocían a una técnica contratada

El de estos profesionales no es un caso aislado. Medio centenar de técnicos informáticos ha logrado que los juzgados declaren nulos sus despidos por causas organizativas y reconozcan sus derechos a ser readmitidos por el SAS. Habían estado trabajando desde 2007, «sin solución de continuidad», en hospitales públicos y centros de Atención Primaria con la categoría profesional de operador periférico, aunque «formalmente» estaban contratados por empresas o uniones temporales de sociedades adjudicatarias de servicios informáticos.

Su función consistía en implantar las tecnologías de la información en la agencia sanitaria, que le proporcionaba el material de trabajo, mesas, sillas y hasta teléfono corporativo. Compartían despacho con la plantilla de informáticos del SAS y se coordinaba con ellos para cogerse las vacaciones.

Doctrina del Supremo

En el caso de la Fundación Progreso y Salud, el Tribunal Supremo acaba de sentar doctrina después de que el SAS quemase el último cartucho judicial que le quedaba para evitar la condena. Ha desestimado el recurso de casación y confirmado la sucesión de sentencias dictadas por distintas salas de lo Social del Tribunal Superior del Justicia de Andalucía (TSJA) entre 2017 y 2018. Los jueces dan la razón parcialmente a los demandantes, declaran la existencia de cesión ilegal de empleados y condenan también al SAS al pago de las costas procesales.

Distintos tribunales llegan a la misma conclusión. En una de las resoluciones a las que ha tenido acceso ABC, dictada el pasado 10 de diciembre, la Sala de lo Social del TSJA en Granada considera probado que la labor profesional que realiza una demandante no tiene relación alguna con las actividades de la Fundación Progreso y Salud. Contratada en 2007 con un salario bruto mensual de 2.284 euros, pasó por distintos centros del SAS. En 2010 estaba adscrita a la Unidad Clínica de Gestión de Salud Pública, de cuyo comité director formó parte, y poco después se incorporó como psicóloga al complejo hospitalario Virgen de las Nieves de Granada.

El 17 de noviembre de 2016, la Inspección de Trabajo visitó las oficinas de la Fundación Progreso y Salud en el Parque Tecnológico de la Salud de la ciudad. « La demandante no era conocida en tal centro de trabajo , en el que no presta servicios», detalla el TSJA. El director de Gestión y Organización de la fundación manifestó pocos días después ante la Inspección de Trabajo que desconocía el lugar y/o unidad donde la citada trabajadora realiza sus tareas e indicó que estaba adscrita al Distrito Sanitario Metropolitano de Granada del SAS.

Para el tribunal es tan nítido el fraude que «lo más claro que puede indicarse es que, salvo el abono del salario, de cotizaciones y de alta y baja en Seguridad Social , la totalidad de los restantes aspectos de la relación laboral y el contenido de la actividad de la demandante dependen del SAS», concluye la sentencia.

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