Los magistrados Pilar Llorente y Juan Antonio Calle Peña, en el juicio del caso ERE
Los magistrados Pilar Llorente y Juan Antonio Calle Peña, en el juicio del caso ERE - EFE

CASO ERE ANDALUCÍADefensas de ex altos cargos no quieren una sesión más de juicio: «Tenemos que seguir viviendo y comiendo»

Los abogados se comprometen a ir al grano y el tribunal mantiene la ampliación de horario para no «dilatar en exceso» el proceso

SevillaActualizado:

Los abogados de los acusados no quieren que se añada una sesión más los lunes por la tarde en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE porque sería «dramático» para sus despachos, dado que otros juzgados están aplazando señalamientos por este proceso y utilizan los lunes y martes por la tarde para «recibir a la clientela» porque «tenemos que seguir comiendo y viviendo», ha asegurado Juan Carlos Alférez, abogado del exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete.

Los letrados han pedido al tribunal que, en lugar de introducir una quinta sesión semanal, como ha planteado, se amplíe el horario de las sesiones matutinas, al tiempo que se comprometen a resumir sus interrogatorios, atendiendo así la petición de los magistrados.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia mantendrá de momento la sesión adicional del lunes tal y como anunció el pasado martes a la vista del retraso que está acumulando el proceso. No obstante, el presidente de la sala, Juan Antonio Calle Peña, ha dejado la puerta abierta a dar marcha atrás «si esto coge ritmo y la sesión de tarde deviene innecesaria». «Lo mismo que se ha aprobado, se puede suprimir en función de cómo se desarrolle» la sesión de este miércoles, de mañana y tarde. Su objetivo, ha repetido, que «no se dilate en exceso».

Actualmente, los lunes y los martes sólo hay una sesión matutina, mientras que los miércoles se celebra la vista oral durante la mañana y la tarde.

El magistrado ha manifestado que su intención es concluir a finales de noviembre la vista oral en la que se dirime si la Junta de Andalucía utilizó un sistema fraudulento para repartir ayudas entre prejubilados y empresas en crisis. Según el calendario que aprobó el tribunal al inicio del juicio, que comenzó el 13 de diciembre, tenía sesiones programadas hasta finales octubre, pero «veo muy difícil» cumplirlo, dijo Calle Peña. Hasta ahora han desfilado 50 de los 150 testigos llamados a declarar en la causa. También están citados 12 peritos.

La iniciativa para hacer cambiar de opinión al tribunal ha partido de Alfonso Martínez del Hoyo, letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien aseguró que «somos perfectamente conscientes de que se está acumulando retraso y que el tribunal debe tomar una decisión al respecto», al tiempo que reconoció que éste «está siendo plenamente respetuoso con el derecho de las partes» a hacer preguntas a los testigos.

Dicho esto, Martínez del Hoyo ha admitido que una sesión vespertina adicional en el juicio «nos pondría en una situación insostenible, al menos en mi caso» por lo que propuso empezar una hora antes la vista oral, comenzando a las 9.00 horas en lugar de hacerlo a las 10.00, como sucede en la actualidad y finalizando a las 15.00 horas en lugar de hacerlo a las 14.30. También se comprometió, en nombre de otros letrados de las defensas, a «tratar de resumir» sus interrogatorios, eliminando preguntas reiterativas, como ha vuelto a solicitar el tribunal.

Juan Carlos Alférez también tomó la palabra para plantear que el margen de reducción del tiempo empleado por las 22 defensas es «muy pequeño» en comparación con el del Ministerio Fiscal, al que pidió «colaboración».

El magistrado ha decidido mantener la sesión adicional del lunes al menos durante la próxima semana y estudiar si la retira en la medida en que las partes. Además, ha defendido que hizo su llamamiento a todas las partes y en relación a la Fiscalía ha justificado que emplee más tiempo porque «es el primero que interviene y el que más preguntas puede realizar».

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados. Se les acusa de haber desviado 855 millones de euros de los fondos públicos para empresas en crisis.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.