Los expresidentes de la Junta en una foto de archivo
Los expresidentes de la Junta en una foto de archivo - ABC

CASO ERE ANDALUCIALas defensas atacarán el informe que implicó a Chaves y Griñán

Buscarán desmontar el análisis de los interventores del Estado, clave en la causa de los ERE

SEVILLAActualizado:

De los innumerables documentos que componen el voluminoso sumario de los ERE (más de un millón de folios), ninguno fue tan decisivo para implicar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán como el contundente informe de la Intervención General del Estado. Dada la importancia de este informe, sobre el que Alaya y el instructor del Tribunal Supremo cimentaron sus tesis incriminatorias contra la cúpula del Gobierno andaluz, las defensas de los 22 ex altos cargos acusados de supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita van a emplear toda su munición jurídica para intentar desmontarlo en el juicio que comenzará el miércoles 13 en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Para rebatirlo recurrirán a reconocidos catedráticos de Derecho como Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez Lago, autores del informe pericial de parte presentado por José Antonio Griñán, y del catedrático de Derecho Financiero Juan Ramallo Massanet, solicitado a instancias de la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez.

Con sus más de 8.000 folios, el informe que encargó en 2012 la juez Mercedes Alaya a los cuatro interventores del Estado supuso un hito en la causa. Concluyó que el reparto de ayudas a empresas en crisis fue ilegal, el mecanismo de pago a través de las transferencias de financiación, «improcedente», y Griñán, entre otros cargos, no hizo nada «para evitar dichas irregularidades». Esta prueba clave representó una enmienda a la totalidad de las tesis de los ex altos cargos, que habían alegado que la famosa partida 31-L, de la que se nutrían las ayudas, era legal porque estaba recogida en los presupuestos y apelaron al desconocimiento como teoría exculpatoria.

Desarmar el informe será el objetivo número uno durante el primer juicio del caso ERE

Según ha podido saber ABC tras consultar a distintas fuentes del caso, desarmar este informe será el objetivo número uno durante el primer juicio del caso ERE que analiza la posible responsabilidad penal de los cargos de la Junta por la creación y mantenimiento de un sistema supuestamente fraudulento de financiación y concesión de las ayudas irregulares. Uno de los abogados presentes en la causa lo explicaba con una metáfora: «Es como si te enseñan una exposición de cuadros impresionistas, de Degas, Monet o Renoir, y de repente te das cuentas de que uno de los cuadros es falso, entonces se siembra la duda de que toda la exposición es falsa. Si los cogemos en un renuncio, se lo podemos desmontar todo».

Contra el juez instructor

El informe de la Intervención es la gran pieza a batir para las defensas en un juicio que se puede prolongar durante más de seis meses. Pero no es la única. El proceso comenzará con las cuestiones previas, donde el abogado del exviceconsejero andaluz de la Presidencia, Antonio Lozano, volverá a plantear, como ya solicitó en abril de 2015, la posible nulidad de las actuaciones por una vulneración del derecho fundamental a un juez ordinario predeterminado por la ley, en este caso, del juez instructor Álvaro Martín, que concluyó la investigación. El abogado José María Mohedano, que también defiende a Griñán, recuerda que «nunca se resolvió esta cuestión» pese a haberlo planteado en tres ocasiones, ante el juzgado y la Audiencia de Sevilla. Mohedano, que no quiere anticipar sus pasos antes de llevarlo al tribunal, afronta el juicio como «cualquier otro juicio penal» a pesar de «su proyección pública» y convencido de la inocencia de sus patrocinados.

La Audiencia de Sevilla ha aceptado la petición realizada por este letrado para incorporar como prueba documental el informe del director general de Empleo del Gobierno central donde admite que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011. Pero a diferencia de las ayudas que concedió la Junta, el Estado alega que tenía una norma reguladora para otorgarlas.