Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor
Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor - JUAN FLORES
MENORES

El Defensor del Menor pide más gasto social para luchar contra la pobreza infantil

En el informe de 2017, Jesús Maeztu desglosa las actuaciones de su departamento y las principales quejas en los distintos derechos de los menores

SEVILLAActualizado:

Incrementar las partidas para paliar la pobreza infantil de acuerdo a los datos macroeconómicos que demuestran que estamos saliendo de la crisis económica. Es la principal reclamación que el Defensor del Menor Andaluz, Jesús Maeztu, realizó este viernes durante la presentación del informe de 2017 de su departamento.

Este escrito reúne un total de 4.444 actuaciones entre quejas y consultas, siendo las más numerosas las recibidas sobre educación. Y es precisamente en este sector donde tiene que incidir el mayor gasto social, ya que va de la mano «de la atención y el bienestar de los niños y sus familias. El niño que sea pobre va a ser adulto pobre, el niño no educado en valores, será un adulto sin valores; de ahí la importancia de la educación», explicó Maeztu.

Salud

El Defensor reclama más pediatras y consultorios que escasean en múltiples localidades de la geografía andaluza. También se refiere a casos concretos como la unidad de traumatología pediátrica del hospital sevillano Virgen del Rocío, donde es patente el déficit de estos profesionales, así como en la UCI pediátrica de Huelva, o la falta de habitaciones individuales para niños en el materno-infantil de Granada.

Hace especial hincapié en la falta de profesionales formados en cuidados paliativos de los menores y que no hay medios que faciliten el fallecimiento en el domicilio del enfermo.

Educación

El asunto de la climatización de las aulas, sobre todo ahora que se acerca el calor y se convierte en un verdadero problema en muchos centros educativos, es también una de las reclamaciones de la defensoría. Además de una mayor formación en cuanto a acoso escolar y ciberacoso, cuyas quejas están en auge.

También han crecido las reclamaciones relacionadas con la educación especial, un 12% en concreto, asegurando «que se está dejando en un segundo plano el interés de los alumnos con discapacidad»; Maeztu asegura que la oferta de Formación Profesional Básica es inferior a la demanda, «lo que ha provocado la frustración de muchos jóvenes con discapacidad y de sus familias», y pide además que se le facilite a estos alumnos el acceso a títulos como el B1 de inglés –imposible para mudos, por ejemplo– y al estudio musical en los conservatorios, ya que no hay ninguno en Andalucía que tenga pruebas de acceso adaptadas o cuente con reservas para este tipo de alumnado.

Vivienda

El informe lamenta el retraso una vez más en la tramitación y pago de las ayudas al alquiler que se convocan anualmente desde la Consejería de Fomento y Vivienda, y señala su preocupación por los desahucios por impago de rentas y sus consecuentes perjuicios en la vida de los menores.

Protección

El Defensor dedica un especial apartado en su informe en lo referente a menores vulnerables y menores en desamparo. En cuanto a los primeros hace referencia a la necesidad de modificar la legislación andaluza para que esté acorde con la Ley del Menor de 2015, pidiendo que se actualice «para adaptar la nueva regulación de las declaraciones de situación de riesgo de los menores». A

simismo señala que siguen recibiendo quejas de personas alertando del comportamiento incívico de, sobre todo, adolescentes, y que también le llegan noticias de supuestos en los que no se presta a los menores víctimas de violencia de género la atención necesaria.

También reciben reclamaciones sobre malos tratos que trasladan a la administración competente, y uno de los asuntos más preocupantes en este sentido es la falta de amparo y la situación de desprotección en la que llegan los menores inmigrantes sin acompañantes a las costas andaluzas.

En cuanto a los niños en desamparo, son numerosas las quejas por menores tutelados por la Administración y acogimientos, además de adopciones, sobre todo por familias que se ven obligadas a continuar costosos trámites de seguimiento con los que no siempre están conformes.