Una farmacéutica atiende a una cliente en una botica de Córdoba
Una farmacéutica atiende a una cliente en una botica de Córdoba - Valerio Merino
Subasta del SAS

El desabastecimiento de las farmacias afectó a 200 medicamentos genéricos

La Consejería de Salud reconoce que hasta 399 productos no se dispensaron en los establecimientos farmacéuticos y mantiene que en la mitad de los casos la culpa fue del laboratorio

SevillaActualizado:

Las farmacias andaluzas han tenido dificultades para vender a los usuarios hasta 399 medicamentos genéricos recetados por su médico y seleccionados mediante el particular modelo que funciona en esta comunidad autónoma desde 2012, las denominadas subastas, en las que los laboratorios pujan por convertirse en proveedores del sistema sanitario andaluz. En un informe publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, la consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez, reconoce que este importante volumen fármacos de uso común subvencionados tuvieron un porcentaje de dispensación inferior al 85 por ciento en diez de las doce subastas convocadas hasta ahora. Entre los medicamentos incluidos en la lista se encuentran determinados envases del antibiótico amoxicilina, el paracetamol (analgésico usado para tratar la fiebre), la ebastina (muy popular entre los alérgicos al polen) o el varsatán (imprescindible en la particular botica de un hipertenso).

En la mitad de los casos, en torno a 200 productos, las boticas no pudieron dispensar los envases debido a la falta de existencias, es decir, al desabastecimiento al que les someten los laboratorios que resultan adjudicatarios de determinados grupos de medicamentos sujetos a financiación pública. Esta situación es fuente inagotable de queja de los farmacéuticos. La cantidad restante de medicinas no fue suministrada por «otras causas ajenas al grado de abastecimiento» que la máxima responsable de la sanidad pública no especifica en la respuesta parlamentaria (publicada el pasado 8 de agosto) que trasladó por escrito el 6 de febrero a la diputada autonómica del PP Catalina García Carrasco, quien le preguntó qué medicamentos subvencionados han tenido un porcentaje de dispensación por debajo del 85% en cada subasta. Sin embargo, la patronal andaluza de farmacéuticos no reconoce estas cifras y eleva el número de medicamentos afectados por desabastecimiento.

El sistema de subastas obliga a los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a recetar a sus pacientes un principio activo, es decir, el nombre de la molécula que confiere las propiedades terapéuticas. El farmacéutico deberá dispensar la marca del laboratorio que haya ganado la puja pública (y ningún otro) tras haber ofertado precios por debajo de los fijados por el Ministerio de Sanidad. Es decir, tiene que dispensar el más barato de entre todos los productos que tienen la misma composición en el mercado. Es ahí donde se produce el ahorro para el sistema y, por ende, para el contribuyente. La Junta esgrime razones económicas para justificar este sistema y cifra en 540 millones el dinero ahorrado.

A finales de 2016, el Tribunal Constitucional avaló este mecanismo que puso en marcha Andalucía para reducir el gasto farmacéutico al entender que no invadía competencias estatales, en contra de lo que expuso en su recurso el Gobierno central. Pero esta sentencia no ha impedido que sigan aflorando críticas de farmacéuticos y pacientes. La falta de existencias ha llegado incluso hasta la oficina del Defensor del Pueblo Español, que pidió explicaciones a la Consejería de Salud sobre este asunto a raíz de una queja presentada por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran).

Queja al Defensor

Después de varios requerimientos, Salud respondió repartiendo las culpas entre los laboratorios y las boticas. «No en todos los casos la falta de dispensación del medicamento seleccionado se debe a desabastecimiento por parte del laboratorio, ya que son frecuentes los casos en que la oficina de farmacia no lo dispensa, bien por rotura de su stock del medicamento seleccionado, aunque esté disponible en los almacenes de distribución de los que habitualmente se aprovisiona, bien por otras razones económicas», según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2017, que dedica un apartado a las subastas andaluzas.

En la respuesta dirigida al Defensor, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, la Junta expone que entre julio de 2016 y junio de 2017, atendiendo a los datos de facturación, de un total de 82.738.461 recetadas prescripciones por principio activo, «en el 87,45% se ha dispensado uno de los preparados comerciales seleccionado, por lo que sólo en el 12,55% de prescripciones se dispensó un preparado comercial distinto».

Pese a esgrimir estos datos para justificar las bondades de las controvertidas subastas, Salud anunció nuevas medidas para penalizar a los laboratorios infractores. Así, en octubre aseguró que había iniciado «procedimientos para excluir de los convenios» con sus proveedores a aquellos medicamentos seleccionados en la puja cuyo porcentaje de dispensación sea inferior al 85 por ciento siempre y cuando el laboratorio no demuestre «documentalmente» que en el periodo analizado «ha servido todos los pedidos realizados por los almacenes de distribución u oficinas de farmacia».