Opositores en una prueba para profesor de Secundaria en Córdoba
Opositores en una prueba para profesor de Secundaria en Córdoba - ALVARO CARMONA
LABORAL

Los detalles de la oferta propuesta por la Junta de Andalucía para hacer fijos a 7.937 interinos

Los funcionarios advierten de que la Adminstración autonómica valora más la experiencia que el Estado en los procesos selectivos

SevillaActualizado:

Un total de 167 plazas de auxiliar administrativo, 174 técnicos superiores de Educación Infantil, 459 monitores de comedor escolar, 43 educadores infantiles, 628 efectivos de limpieza y alojamiento, 8 ingenieros agrónomos… Son algunas de las plazas recogidas en la propuesta avanzada por ABC y remitida a los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior para hacer fijos a interinos que llevan años trabajando en la Administración general y en los colegios.

El nuevo Gobierno andaluz ha desvelado a estas organizaciones sindicales su propuesta de oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar a 7.937 temporales de la Junta de Andalucía mediante procesos selectivos en los que primará la experiencia en la fase de concurso, lo que ofrece ventaja a los interinos frente al resto de aspirantes.

ABC reproduce el desglose de las plazas recogido en el documento que debatirá el lunes 25 de febrero la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

[ Consulte aquí el documento completo]

El Ejecutivo del PP y Ciudadanos toma el testigo del anterior Gobierno de Susana Díaz, que ya aprobó en diciembre de 2017 una oferta especial para este colectivo de 25.520 plazas. El acuerdo viene inspirado por los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que autorizó una tasa adicional de reposición de efectivos para la estabilización del empleo temporal que incluye las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017.

En septiembre de 2016, una sentencia de la Justicia Europea reconocía su derecho a percibir indemnizaciones equivalentes a los trabajadores indefinidos en determinados casos y ponía el foco sobre la precariedad laboral de los empleos temporales en el Estado y el resto de administraciones.

Seis meses después, el Ministerio de Hacienda y los sindicatos firmaron acuerdo para reducir las altas tasas de temporalidad en el sector público al 8% mediante un amplio proceso de conversión de aquellos puestos de trabajo ocupados de forma temporal durante más de tres años en fijos.

La experiencia, más valorada en la Junta

En la oferta propuesta para hacer fijos a los interinos, la Administración autonómica da más relevancia que el Ministerio de Hacienda a la experiencia. En febrero de 2018, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó una guía con una serie de «criterios comunes» que debían aplicar las administraciones públicas en las ofertas de empleo público extraordinarias para reducir la temporalidad, toda vez que que estos procesos de estabilización surgen de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Estado estipulaba que el proceso selectivo puede ser mediante el sistema de oposición o de concurso-oposición para los funcionarios. En el supuesto de que se escoja la fórmula del concurso-oposición, «en la misma podrán valorarse servicios prestados a la Administración, pero también otro tipo de méritos profesionales o académicos». Es decir, sitúa en el mismo nivel la experiencia que la presentación de títulos académicos.

La valoración del concurso no puede superar el 40 por ciento de la puntuación total, señala una guía del Estado a las administraciones

«Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar impugnaciones», la puntuación del concurso no debe superar el 40 por ciento del total, señala la guía estatal.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario entre el funcionariado de la Administración general, critica que «se ha impuesto que sea concurso-oposición, cuando podría ser oposición, y que el principal mérito a valorar sea la experiencia, mérito que no tienen los ciudadanos que no han tenido la oportunidad de trabajar, por lo que el principio de igualdad en el acceso queda en entredicho». Además, señala este sindicato, «se ha acordado que el máximo permitido jurisprudencialmente aquí sea el mínimo, lo que entendemos podríamos estar ante un mecanismo ilícito de acceso al empleo público.

El acuerdo propuesto por la Consejería hace constar que las convocatorias de los procesos selectivos se llevarán a cabo entre 2019 y 2021, previa negociación en cada sector, cumpliendo los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.