Así se encuentra la planta en la actualidad J. LÓPEZ
JAÉN

Dhul, el cadáver exquisito

La planta, que recibió cuatro millones de la Junta con el impulso del consejero Zarrías, era símbolo de la época de los ERE

JaénActualizado:

El 21 de enero de 2010 la plana mayor institucional y orgánica del PSOE de Jaén participó exultante en el acto de colocación de la primera piedra de una fábrica de productos precocinados de Dhul en la capital de la provincia. Los oradores anunciaron un mañana prometedor para el sector industrial de la capital, vaticinio derivado de una inversión de casi 50 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aportó casi un 10% en concepto de subvención. Hoy, el dinero no ha retornado a manos públicas y la planta es un inmueble en ruinas cuyo expediente de caducidad ha decretado el Ayuntamiento.

La fábrica, saqueada, oficia ahora de panteón civil. Su esqueleto se alza imponente en el parque empresarial de Jaén, 5 años después de que la empresa adjudicataria de las obras las dejara sin terminar. Nadie esperaba entonces que esto ocurriera. Dhul era en 2010 el buque insignia empresarial de la familia Ruiz Mateos, a la que la dirigencia socialista recibió con honores en el bautizo por lo civil del proyecto. Todo eran parabienes, amabilidad y sonrisas entre las administraciones socialistas y los empresarios jerezanos en la jornada inaugural.

En este contexto de alegría general, la obra comenzó con brío, pero el entusiasmo del contratista decayó cuando la empresa empezó a demorar los pagos del enlucido. Al problema económico se unión el judicial. El primer hilo de la madeja del caso de los expedientes de regulación de empleo del que tiró Alaya sobresalía de esta firma. La jueza imputó a cinco personas relacionadas con ella por beneficiarse de prejubilaciones, a pesar de que alguna ni siquiera había trabajado en la empresa.

La agencia Idea

La presunta falsificación de los expedientes tuvo lugar antes de que Dhul decidiera instalarse en Jaén. De modo que a los 10 millones abonados por el IFA y la agencia IDEA por este concepto hay que sumar los 4 millones de subvención concedidos por la Junta de Andalucía para la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de precocinados en la que, según el acuerdo, trabajarían 75 de los empleados de la antigua cárnica Molina.

Los empleados asistieron a cursos de formación sufragados por la Junta, convencidos de que su futuro laboral estaba ligado a la producción de ensaladillas y platos cocinados en la primera fase, a la que seguiría una segunda y tercera fases de expansión en las que se completaría el menú laboral con la elaboración de tortillas, vegetales y gazpachos.

La realidad fue otra. Pronto comprobaron que quien tenía voluntad, la administración, no tenía el dinero, y que quien tenía el dinero, la empresa, no tenía voluntad. De ahí a la movilización hubo un paso, que dieron, aunque no les sirvió de nada. Durante más de un año acamparon por turnos frente a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, a la que responsabilizaban de la situación. Agotados por el tiempo y las promesas incumplidas, levantaron el campamento, conscientes de que la Seguridad Social no incluiría la cotización en Dhul en su vida laboral.

El trampantojo empresarial burló a la propia administración autonómica

Los empleados de la antigua Molina, empresa que, al igual que Santana, fue gestionada en su día por la Junta de Andalucía, se sintieron engañados. No fueron los únicos. El trampantojo empresarial burló a la propia administración autonómica, que reclamó por vía judicial su dinero a la familia. Sin éxito. Porque el rastro de los cuatro millones de euros se perdió por los vericuetos del entramado de empresas de un clan, ya entonces en suspensión de pagos.

La caída de Dhul también afectó a inversores privados. Al objeto de financiar el proyecto, la familia llevó a cabo una potente campaña publicitaria que captó fondos de un elevado número de españoles, atraídos por la posibilidad de participar financieramente en un proyecto que contaba con la supuesta protección de las principales administraciones, incluida la central, dado que el entonces secretario de Estado de política territorial, Gaspar Zarrías, fue uno de los principales muñidores del mismo en su calidad de presidente del PSOE de Jaén.

La irrupción de la justicia en las cuentas de la familia Ruiz-Mateos trastocó los planes electorales del PSOE. De hecho, ante las primeras noticias negativas la alcaldesa socialista de Jaén, Camen Peñalver, despejó en largo. Aseguró que los problemas financieros y legales del grupo Nueva Rumasa no interferirían en la construcción de la fábrica de alimentos precocinados. Lo clavó.