Los sindicatos rechazan frontalmente laspalabras de la consejería de Educación
Los sindicatos rechazan frontalmente laspalabras de la consejería de Educación - ABC
Educación

Los docentes piden 280 millones de euros al año porque la Junta asegura que su trabajo es peligroso

El Gobierno andaluz reconoció por escrito que la violencia en las aulas es «riesgo inherente» a dar clases

SevillaActualizado:

La Junta de Andalucía calificó de «riesgo inherente a su profesión» la agresión que sufrió un profesor a manos de su alumno. La intención era justificar el que la administración no tenía que pagar la indemnización de algo más de 1.500 euros que pedía el docente. La frase en el informe jurídico le puede acabar costando al Gobierno andaluz cerca de 300 millones de euros.

«Si la Consejería de Educación pone por escrito que el trabajo de un profesor tiene riesgos como que te agredan está reconociendo que es un trabajo peligroso», explica el profesor agredido. Le respaldan desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia). Con ese argumento, razona el docente «la Junta nos tiene que empezar a pagar un complemento de peligrosidad».

Y con esa base, hace cálculos: según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por peligrosidad, a los trabajadores de un centro de menores les corresponde el 20 por ciento de su base salarial. «Un profesor suele tener un salario base de unos 1.000 euros, osea que nos deberían dar unos 200 euros al mes. Si hay 100.000 profesores en Andalucía (la cifra es de la propia Junta), «multiplicas esos 200 euros por 14 pagas y luego por los 100.000 docentes y te da 280 millones de euros, lo que le costaría a la Consejería de Educación darnos el complemento».

La respuesta de los sindicatos ha sido unánime. Todos creen que las palabras de la Consejería son «inaceptables». Csif explica que «dar carta de naturaleza a una agresión es casi decir que la violencia es normal en las aulas». El responsable de Educación de este sindicato, Francisco Hidalgo, reclama «apoyo» por parte de la administración a los docentes agredidos «en las declaraciones y también apoyo jurídico». «Si la administración considera que las agresiones en las aulas son inherentes a la labor del profesor, nos tenemos que poner ya a negociar cuánto va a pagar en complemento salarial por peligrosidad».

En la misma línea se pronuncian desde el sindicato Anpe: «Nos sorprende enormemente el escrito -aseguran- y consideramos que en modo alguno la violencia es inherente a la profesión de profesor». Y se muestran favorables a exigir a la Junta que pague un complemento de peligrosidad. Sin embargo, desde Anpe no se atreven a dar una cifra concreta de cuánto puede suponer ese plus por exponerse a agresiones que la Junta entiende como «riesgos inherentes a la profesión».

Desde CCOO también se muestran escandalizados. «Es casi como justificar la violencia machista en un matrimonio diciendo que es inherente a la vida de casados», explica Diego Molina, secretario federal de Educación del sindicato. «Lo que ha dicho la Junta es una barbaridad», añade Molina, antes de señalar que la Consejería «tendría que haber pagado la indemnización y ya está».

Mientras se pronuncian todos los sindicatos, el profesor agredido solo pide una disculpa. «Me sentiría el hombre más feliz del mundo solo con que me pidiesen perdón. Es indignante que por ser profesor te peguen y te digan que es un riesgo que corres. Yo no me saqué las oposiciones para que me pegaran».

Respuesta de la Consejería

La Consejería de Educación, en una nota de prensa, ha salido al paso de la polémica por su informe. Sin negar en ningún momento la polémica afirmación de que la violencia sufrida por el profesor es «inherente» a su trabajo, la administración indica que «ha condenado y condena cualquier tipo de agresión o acto contra la convivencia en los centros educativos dirigido hacia cualquier miembro de la comunidad educativa».

En el caso de esta agresión en concreto, explican que el docente «pidió responsabilidad patrimonial a la administración (concretamente 16.963,98 euros) por considerar que no se habían puesto las medidas necesarias para evitar una agresión, tiene una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Sevilla que desestima su petición». Dicha sentencia, indican, «deja claro que no ha habido responsabilidad por parte de la administración educativa como tampoco por parte del centro educativo».

Por último, desde la Consejería recuerdan que la agresión «ha sido castigada por parte del juzgado de menores, quien, asimismo, ha declarado la responsabilidad civil tanto del menor como de sus padres sin que, por parte del juzgado de menores se haya declarado la existencia de responsabilidad civil de la administración, ni directa, ni solidaria, ni subsidiaria con los hechos acaecidos».