Una de las depuradoras que sí funcionan FELIPE GUZMÁN

¿Dónde están los doscientos millones del canon del agua?

El Presupuesto de 2017 no recoge el dinero recaudado a través del canon del agua que la Junta ha recaudado pero que no se ha gastado

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Doscientos millones de euros que la Junta de Andalucía ha cobrado a los andaluces a través del canon del agua y que no ha gastado hasta la fecha han desaparecido del Presupuesto de 2017. Es decir, no figuran en ninguna de las partidas de las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio que este miércoles van a debatirse en el Parlamento y que se aprobarán definitivamente el jueves.

Así lo denunció la diputada popular Patricia Navarro en una información que no fue desmentida por la Consejería de Medio Ambiente a pesar de las preguntas de ABC al respecto.

Según las cuentas hechas por la propia consejería, hasta diciembre de 2015 se han recaudado 324 millones de euros con cargo al canon del agua, un impuesto obligatorio que pagan todos los andaluces a través de sus correspondientes facturas por el suministro del agua y que la administración sólo puede destinar a obras de saneamiento y depuración.

Con cargo a ese canon se han realizado diversas infraestructuras y se han gastado 143,5 millones de euros, quedando pendientes de gastar 180,5 millones de euros, siempre según la información oficial de la Junta. «¿Dónde están esos doscientos millones de euros? ¿Por qué la administración no lo publica en el portal de transparencia y explica dónde tienen guardado el dinero?», se preguntaba ayer la diputada popular Patricia Navarro. Asimismo, insistía en reiterar que si lo han desviado hacia otras partidas sería una irregularidad «muy grave». «Si lo tienen metido en un banco para que les rente, que lo expliquen y aclaren dónde están esos fondos. Susana Díaz debe ya de empezar a depurar responsabilidades políticas al respecto».

Hay que recordar que el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ya alertó en noviembre de la opacidad de la Junta de Andalucía con el destino final del dinero recaudado a través del canon del agua y urgió a tomar medidas al respecto.

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, ha anunciado que va a publicar antes de que finalice este mes de diciembre un informe detallado relativo a todas las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales a las que se comprometió el Consejo de Gobierno en 2010 y una gran parte de las cuales está todavía pendiente, tal y como detalló ABC en sendas informaciones publicadas a principios del mes de diciembre.

Depuración defectuosa

Otro de los problemas graves por los que pasa la depuración de las aguas residuales en Andalucía es el funcionamiento defectuoso de muchas de las depuradoras que ya funcionan. La diputada popular Patricia Navarro explicó que, según un informe que ha elaborado Ecologistas en Acción, una de cada tres depuradoras de las que ya existen incumplen los parámetros de calidad en el agua depurada que vierten. En números redondos, esto significa que 109 depuradoras andaluzas están vertiendo diariamente aguas depuradas que no cumplen los mínimos requisitos de calidad.

Esto significa que una buena parte de los fondos disponibles, a los que hay que añadir los que vienen de Europa, se tendrán que dedicar a reparar estas infraestructuras, lo que reducirá la inversión en nuevas estructuras. Hay que recordar que una moción presentada por el PP y aprobada por la mayoría de la Cámara pedía una planificación detallada de tiempo y de presupuesto de las obras hidráulicas pendientes. Moción que no se ha cumplido y que los populares van a reivindicar que se lleve a efecto.

El Gobierno de España está dispuesto a colaborar con la Junta en la construcción de obras prioritarias de depuración con el objetivo de evitar una nueva sanción de la Unión Europea al respecto que es muy estricta en el cumplimiento de estas normativas. Sin embargo, la colaboración es complicada. La Abogacía del Estado acaba de echar por tierra el convenio firmado en este sentido entre el Estado y la Diputación de Málaga, ya que son obras que la Junta ha cobrado a los ciudadanos y se deben hacer con esos fondos.