El PP-A estudia llevar al Juzgado el «fichaje» del personal de la Fundación

El PP-A estudia llevar al Juzgado el «fichaje» del personal de la Fundación

CSIF dice que este caso da la razón a los colectivos que critican la «ley del enchufismo»

SEVILLA Actualizado:

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, criticó ayer con especial dureza la situación de la Consejería de Empleo de la Junta, en la que consideró que existe un «agujero negro de irregularidades, ilegalidades, fraude y corrupción», al hilo de la información publicada ayer por ABC sobre la conversión en empleados públicos en la Agencia del Servicio Andalucía de Empleo (SAE) del personal (1.552 trabajadores) procedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en algunos casos con una reducida vida laboral en esta última entidad. Soto aseguró que los servicios jurídicos de sus formación van a estudiar la presentación de una denuncia judicial por lo que consideró un nuevo «escándalo».

La dirigente del Partido Popular, en rueda de prensa, manifestó que con la situación de «caos» que impera en la Consejería que dirige Manuel Recio es imposible crear empleo en la Comunidad, y la «tragedia» del Gobierno, señaló, es que en lugar de centrarse en generar puestos de trabajo dedica sus principales esfuerzos a «tapar las irregularidades» que se cometen. Según Rosario Soto, la Faffe es «el peor ejemplo» de lo que se conoce como «administración paralela», un conjunto de agencias y fundaciones que en los últimos meses han sufrido un proceso de reforma merced a la reordenación del sector público, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo».

Por su parte, la portavoz de CSIF, Alicia Martos, señaló a ABC que el trasvase del personal de Faffe a la Agencia SAE es el «punto nuclear» de las protestas que desde hace meses protagonizan sindicatos y plataformas de funcionarios contra la «ley del enchufismo».

Martos indicó que esas 1.500 personas procedentes de la «administración paralela», a la que presumiblemente han accedido sin concurso de mérito alguno, la Junta les aplica el Estatuto Básico del Empleado Público, igualándolas con los funcionarios y laborales que sí han tenido que superar oposiciones. CSIF también estudiará una posible impugnación por la vía de los tribunales.