La exdirectora de Trabajo Soledad Córdova y la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel
La exdirectora de Trabajo Soledad Córdova y la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel - EFE
TRIBUNALES

Dos excargos de Aznar defienden ante la juez la legalidad de las ayudas estatales para los ERE

Córdova y De Miguel declaran que los extrabajadores de la Faja Pirítica cumplían los requisitos del Ministerio de Empleo

ANTONIO R. VEGA
SEVILLAActualizado:

Las ayudas excepcionales concedidas por el Gobierno central a los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva eran «legales», se realizaron conforme a una orden del Ministerio de Trabajo de abril de 1995 y no había intrusos. Es la tesis que han defendido este martes en su declaración ante la juez del caso ERE en calidad de investigadas tanto la exdirectora de Trabajo del Ministerio de Empleo Soledad Córdova como la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel, antiguos cargos del Gobierno presidido por José María Aznar.

En concreto, Soledad Córdova ha asegurado que todos los trabajadores que se prejubilaron con cargo a las ayudas excepcionales del Estado cumplían los requisitos establecidos en la citada norma, entre los que no estaba el de una edad mínima, según aseguraron fuentes del caso.

Durante la comparecencia, la juez instructora, Maria Núñez Bolaños, preguntó a esta investigada por el procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para otorgar estas ayudas (más de 40 millones de euros), que se plasmaron en un protocolo firmado entre ambas administraciones en 2003 para cofinanciar las ayudas. Según las mismas fuentes, Córdova contestó que desconocía el procedimiento empleado por la Junta para canalizar las ayudas sociolaborales pero que la Administración autonómica tenía competencias para otorgar subvenciones excepcionales.

Soledad Córdova también ha manifestado que las ayudas estaban fiscalizadas previamente y que el Estado siguió el procedimiento marcado por la orden ministerial, como estableció el informe pericial de la Intervención General del Estado, incluido en el sumario.

Los beneficiarios eran «revisados»

Por su parte, la exsecretaria general de Empleo, Carmen de Miguel, insistió en la legalidad de las ayudas y en que los trabajadores incluidos en ellos cumplían los requisitos establecidos en la orden. Añadió, según las fuentes del caso, que los listados con los nombres de los beneficiarios fueron revisados y que si no cumplían las condiciones eran excluidos.

Recientemente, el juzgado recibió un informe de la Dirección General de Empleo según el cual el Gobierno otorgó estas ayudas por «concesión directa» sin concurso público, al amparo de una orden ministerial del 5 de abril de 1995 según la cual podían ser solicitadas por las empresas o los representantes de los trabajadores y «la Dirección General de Trabajo resolvía directamente» en función de la «disponibilidad presupuestaria».

Esta orden fue dictada siendo ministro de Trabajo José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía que será juzgado a partir de diciembre por prevaricación y malversación de caudales públicos en la pieza política del caso ERE sobre el procedimiento específico con el que durante una década la Junta repartió más de 850 millones en ayudas para empresas en crisis.