Fernando Villén, exdirector de la Faffe, a su salida de los juzgados de Sevilla el pasado jueves - R. RUZ
CASO FORMACIÓN

La Faffe, un nido de corrupción en Andalucía: pagos en puticlubs, enchufes y 50 millones en ayudas sin justificar

Los abonos en clubes de alterne son la punta del iceberg de un escándalo que el Gobierno andaluz ha intentado silenciar hasta que le ha estallado

SevillaActualizado:

El escándalo de la Faffe, como se conoce a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, es mucho más que una constelación de luces de neón parpadeantes. Mucho más que doce noches de lujurioso desenfreno en las que los litros de alcohol y la compañía de amores mercenarios corrían a cuenta del dinero público.

Por mucho que deslumbre entre el cúmulo de corrupciones que investigan los juzgados (ERE, Formación, Santana, Avales, Invercaria…), el caso Faffe no se agota en la particular «ruta» por clubes de alterne que realizó durante seis años Fernando Villén Rueda, el director general de esta extinta entidad de la Junta de Andalucía creada para formar a los desempleados en una región que encabeza la tasa de paro del país.

La Faffe también es la fundación de los 8.844 contratos irregulares, de los que al menos 200 eran primos, amigos, cuñados y conocidos del PSOE y sindicatos, algunos «con tareas improductivas», según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es la fundación que dejó casi 50 millones de euros en ayudas para formación sin justificar y que subvencionó cursos disfrazados de contratos laborales para que 1.500 empleados despedidos por la fábrica de Delphi en Puerto Real cobraran ilegalmente el paro, según un informe de la Inspección de Trabajo.

A sueldo de la Faffe estaban también los «falsos funcionarios» que tramitaban los expedientes de ayudas fraudulentas de los ERE, un procedimiento que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Autonomía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 20 ex altos cargos de sus gobiernos.

La Faffe es, en suma, mucho más que «ruido» político, como lo catalogó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para criticar a la oposición por citarla en una comisión de investigación que ha cerrado en falso el adelanto de las elecciones andaluzas al 2 de diciembre

Un atestado de la UCO ha puesto números a los gastos «impresentables» en burdeles, como admitió Fernando Villén, en un repentino gesto de arrepentimiento al verse acorralado por el fiscal en su declaración judicial. El exdirectivo los vinculó a su «actividad comercial» como conseguidor de fondos privados para la fundación.

Los pagos en prostíbulos

Los agentes detectaron 43 cargos en tres Visa para gastos de representación vinculadas a cuentas públicas, que sumaban 31.969 euros en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. En una sola noche el exdirector general hizo quince pagos por importe de 14.737 euros en el club Don Angelo.

Además, en los extractos de las tarjetas figuran adeudos por 22.555 euros en restaurantes y 1.805 en hoteles, entre otros gastos personales de imposible justificación que Fernando Villén asegura haber devuelto, aunque la Guardia Civil no se lo cree.

En apenas seis horas, en una sola noche, se registraron en la tarjeta quince pagos por importe de 14.737 euros en el club de alterne Don Angelo

Las primeras alarmas saltaron el 8 de mayo pasado. El PP reveló que la UCO estaba investigando el uso de «tarjetas black» por parte de altos cargos de la Faffe en el club de alterne sevillano Don Angelo. La primera reacción del Gobierno andaluz fue negarlo en el Parlamento y a los medios de comunicación cada vez se le preguntaba. Lo negó incluso después de haberle entregado las pruebas al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el desvío de las subvenciones para cursos que manejaba la Faffe.

De la negación de la realidad ha pasado a otra fase, la de relatizar los hechos. El Gobierno socialista repite sin cesar que este «repugnante» capítulo es del «pasado», de diez años atrás, pero el estudio de los correos de 66 mandos y de trece cajas de la Faffe por parte de la Guardia Civil puede sacar a la luz detalles aún más repugnantes.

Ayudas sin justificar

Los 80.595 euros endosados a ocho tarjetas corporativas de la fundación son una minucia en comparación con los más de 252 millones de euros que la Faffe recibió en sus ocho años de funcionamiento (2003/2011) entre subvenciones excepcionales para cursos, programas de inserción laboral y encargos de gestión de la Consejería de Empleo, de la que dependía.

La manguera de dinero público permaneció enchufada hasta el mismo día de su extinción. La Junta le inyectó 16,6 millones el 19 de abril de 2011, la fecha en que el Gobierno andaluz acordó liquidarla.

Una fiscalización rutinaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas para cursos reveló a principios de febrero de 2014 que la fundación había dejado un agujero de 50 millones en subvenciones para la formación profesional para el empleo recibidas poco antes de desaparecer, dinero que no justificó.

Las irregularidades estallaron estando Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. Tras estudiar el citado informe de la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió unas diligencias en las que halló indicios de delito en la gestión de fondos de formación.

El caso recae en la juez Mercedes Alaya, quien, en sus primeras pesquisas, descubre «hechos sorprendentes», investigación que no pudo concluir porque el Consejo General del Poder Judicial le revocó una comisión de servicios cuando la nueva magistrada, María Núñez Bolaños, se hizo con los mandos del juzgado. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción cifra en 9,46 millones el gasto en adjudicaciones «indiciariamente» irregulares.

Para limitar los daños y aplacar las críticas, el Ejecutivo andaluz encargó una auditoría a una empresa externa, análisis que ocultó durante meses a la oposición. En ella se confirmaba lo que era un secreto a voces: que el enchufismo era una práctica habitual.

La auditoría realizada por la empresa ATD Auditores Sector Público S.L. constató irregularidades en 8.844 contratos realizados en sólo dos años y medio, entre 2009 y 2011. Se contrataba sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

La mayoría de las veces un simple currículum o el carné del partido fueron la llave de entrada a la Administración Pública para cientos de personas que hoy continúan trabajando en oficinas del paro de la región. Al disolver la Faffe, sus 1.552 se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo. Las primeras denuncias de enchufismo partieron del sindicato CC.OO. cuando el ente no llevaba ni dos años funcionando.

Enchufismo

Por esta dudosa vía encontraron acomodo laboral en la fundación dedicada a combatir el paro distintas sagas familiares del PSOE. Villén, que era miembro de la ejecutiva regional socialista (secretario de Empleo), puso de director de Administraciones Públicas a su hermano, Manuel Villén, que dispuso de dos tarjetas para costear el peaje en autopistas. Su mujer, una cuñada y un sobrino también trabajaban en la entidad que él dirigía.

No terminan ahí las casualidades. El exdiputado autonómico del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, investigado en el caso ERE, tenía a su hijo trabajando y a dos miembros de la agrupación socialista de Sevilla (distrito Alcosa), de la que él era secretario general.

Dos meses antes de las elecciones municipales de 2007, María del Carmen Ibanco, esposa del actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), fue fichada por la Faffe. Dos sobrinas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, acusado en la pieza política del caso ERE, y cuatro del delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas entraron en nómina, al igual que un sobrino de Luis Pizarro, exconsejero de la Junta y ex «número dos» del PSOE-A.

La Faffe funcionó como «un nido para pagar favores políticos». El exconcejal del PP de la localidad sevillana de Camas Eduardo Cabeza Rodríguez fue colocado en la fundación mes y medio después de protagonizar un episodio de transfuguismo que permitió darle la Alcaldía al PSOE.

La endogamia era tan notoria que había que andar con cautela. «No era bueno hablar mal de nadie porque nunca sabías qué relación podía tener esa persona con algún cargo de responsabilidad», confesó a los investigadores un antiguo empleado del ente público.