La juez María Núñez Bolaños
La juez María Núñez Bolaños - Raúl Doblado

La Fiscalía denuncia la «pasividad evidente» de la juez Núñez ante las prescripciones del caso ERE Andalucía

Núñez ignoró los avisos de las fiscales durante meses y archiva una pieza por prescripción

SevillaActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción está cansada de los autos de archivos y las exclusiones masivas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía que dicta la juez María Núñez Bolaños. Y esa discrepancia con su manera de instruir el caso ERE ha traspasado el papel de los escritos que se cruzan, preñados de reproches y retranca.

El pasado 3 de mayo, las fiscales María Nazaret Salguero y María José Sánchez dirigieron un contundente escrito a la instructora de esta macrocausa penal en el que mostraban su desacuerdo con su decisión de decretar el sobreseimiento de la investigación de una ayuda irregular de 100.000 euros concedida a la empresa Fábrica de Muebles S.L. con cargo al programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles». Las fiscales lamentan la «pasividad evidente» de la juez. Recuerdan que en octubre de 2018 le avisaron de que tenía que agilizar la investigación, sin necesidad de esperar al atestado de la Guardia Civil sobre esta subvención, dada «la proximidad de la fecha de prescripción» de los delitos. A pesar de «la premura con que se debía de proceder a la práctica de diligencias», como la Fiscalía le había avisado en un escrito del 15 de octubre, Núñez no citó a ningún investigado ni ordenó pesquisa alguna.

El 4 de marzo pasado, «sin que se hubiera acordado diligencia alguna por parte de la magistrada instructora, a pesar de haber sido advertida por el Ministerio Fiscal de la pronta prescripción de los hechos y la necesidad de practicar diligencias y realizar imputaciones», la juez dicta un auto de archivo provisional de las actuaciones amparándose en que aún no había recibido un atestado de la Guardia Civil analizando esta subvención.

Recurso de reforma

Contra dicha decisión, Anticorrupción interpuso un recurso de reforma el 8 de marzo, en el que pone de manifiesto «la obligación» de la magistrada de actuar, dado que los hechos iban a prescribir el 20 de marzo, es decir, dentro de 12 días. Insiste en que «no es necesario esperar al atestado solicitado, ya que existían diligencias suficientes» para mover ficha. El 15 de marzo, a contrarreloj, la Fiscalía le remite el auto de la Audiencia de Sevilla dictado días antes en relación a las ayudas cobradas por otra empresa Pacsa Sanders, dando la razón al Ministerio Público en un caso parecido.

«Dada la pasividad evidente, con fecha de 25 de abril de 2019, ha sido notificado el auto hoy recurrido» en el que estima el recurso de reforma de la Fiscalía y a la vez acuerda el sobreseimiento y archivo de la ayuda por prescripción, lamenta Anticorrupción.

Las fiscales se quejan de que la juez no resuelve sus solicitudes y se limita a archivarlas sin acordar ninguna imputación. «Simplemente, deja pasar el tiempo a la espera de un atestado que ya se advirtió que no era necesario», exponen. En la primera providencia del 15 de octubre no se pronuncia y en la segunda se limita a dictar un sobreseimiento provisional a la espera de un atestado innecesario. «¿Cómo se dicta un auto de archivo a sabiendas de que en un plazo de 15 días desde su dictado se iba a producir la prescripción de la causa?», se preguntan. Cuando actuó era demasiado tarde. No obstante, Anticorrupción pide que revoque el archivo porque la prescripción quedó interrumpida gracias a la diligencia que la Fiscalía sí se dio al denunciar los hechos.