Antonia Moro, en el juicio del caso ERE
Antonia Moro, en el juicio del caso ERE - EFE
CASO ERE

La Fiscalía desarma en el juicio a la ex portavoz del PSOE en la comisión de investigación del caso ERE

Antonia Moro reconoce que el grupo de trabajo aprobó que el Parlamento andaluz no conocía el procedimiento de las ayudas irregulares

SevillaActualizado:

Antonia Moro Cárdeno, diputada andaluza del PSOE durante cuatro legislaturas, es la actual secretaria general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y fue la portavoz socialista de la comisión de investigación sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se cerró en falso en la Cámara porque no acordó ninguna responsabilidad política. Moro es una testigo clave para cuatro defensas en el juicio de la pieza política del caso ERE que ha sentado en el banquillo, entre otros 22 ex altos cargos, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha desarmado a esta testigo con sus preguntas y dejado al descubierto algunas incongruencias en su declaración sobre lo que conocían o ignoraban los parlamentarios sobre el programa presupuestario 31L sobre ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Durante la sesión número 90 del juicio, el fiscal le ha mostrado a la testigo -que está obligada a decir la verdad- una de las conclusiones del dictamen síntesis aprobado por la comisión de investigación del caso ERE que, sin embargo, rechazó luego el Pleno del Parlamento andaluz. En él se exponía que «difícilmente puede argumentarse que el Parlamento conocía lo que pasaba y que por tanto lo estaba legitimando aunque fuera de manera pasiva. Es evidente que el Parlamento no podía saber nada».

Antes, a preguntas de las defensas, Moro había defendido que los parlamentarios «tenían capacidad de discernir sobre lo que se estaba haciendo» con el citado programa. Pero, cuando llegó el turno del interrogatorio del fiscal, la alto cargo reconoció que se aprobó que el Parlamento no podía saber nada y que esta aseveración recogida por el presidente de la comisión en su documento de síntesis no fue objeto ni de enmienda ni de sugerencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Después, a preguntas de José María Mohedano, letrado de Griñán y del exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, Antonia Moro ha aseverado que «el Parlamento no podía conocer bajo ningún concepto el procedimiento que podía seguir la Dirección General de Trabajo para conceder las ayudas».

También, a preguntas del Ministerio Público, la testigo ha admitido que se aprobó un reproche a los gestores del programa por la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla en detrimento de otras zonas de Andalucía.

Con posterioridad, Luis García Navarro, letrado de la acusación popular del PP, le ha cuestionado sobre si los miembros del Consejo de Gobierno andaluz «conocían lo mismo que los parlamentarios» sobre la gestión de las ayudas bajo sospecha. «Supongo que sí», ha contestado Moro. Hay que recordar que Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararon en el juicio que desconocían el procedimiento empleado en estas subvenciones.

La que fuera vocal en la comisión parlamentaria que examinó las ayudas irregulares explicó que hasta 2013 «no existía una definición sobre qué era una transferencia de financiación (el mecanismo empleado para enviar fondos a la agencia IFA/IDEA para pagar las ayudas) y para qué podía utilizarse». No obstante, ha afirmado que no surgió «ninguna duda sobre la legalidad» del programa 31L. Ha asegurado que ambas cuestiones «no son incompatibles».

A preguntas de la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Antonia Moro ha ratificado otros puntos del citado dictamen más favorables a las tesis de las defensas, como que el IFA/IDEA recibió el encargo de materializar el pago de las ayudas y que la Intervención General no realizó informe de actuación porque «correspondía al IFA/IDEA hacerlo y este organismo no detectó irregularidades porque se limitaba a pagar las ayudas».

Moro ha dicho que «nunca» se planteó duda sobre la legalidad y adecuación presupuestaria del programa 31L cuando le preguntó al respecto Antonio Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.