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La Fiscalía investiga a Educación por dar títulos de la ESO con asignaturas suspensas

Tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y falsedad en documento oficial

Alumnos de un instituto de Andalucía durante una jornada lectiva Román Ríos

S. Cabezas

La Fiscalía Superior de la comunidad autónoma ha admitido a trámite la denuncia presentada por la A sociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) contra la Consejería de Educación por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y falsedad en documento oficial por dar títulos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a alumnos con dos suspensos, sin tener que presentarse a la recuperación de septiembre. Así, la Fiscalía ha emitido una notificación el pasado 13 de julio en la que informa de la apertura de diligencias de investigación penal a partir de la denuncia presentada por APIA.

Esta asociación sostiene que la Consejería de Educación ha acordado «una gran cantidad de titulaciones irregulares en ESO» en la convocatoria ordinaria de junio de este año, titulaciones que se han dado sin haber finalizado el curso y, por tanto, sin haber terminado los correspondientes expedientes administrativos que, para los alumnos con algún suspenso, termina en septiembre, una vez que se hagan los exámenes de recuperación.

«Pisoteo» de la norma

De esta forma, APIA considera que Educación no sólo incumple varias normativas, tales como el Real Decreto 562/2017 de 2 de junio que regula las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en ESO; el artículo 28.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) e incluso la propia normativa andaluza, sino que hay un «pisoteo del derecho administrativo» en toda regla. Sin embargo, la tesis que sostiene Educación, es que el último decreto aprobado por el Gobierno no especifica si hay que aprobar a los alumnos en junio o en septiembre, sino que la última palabra la tiene el equipo docente que es el que tiene que valorar si el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa.

A este respecto, la denuncia de APIA argumenta que el nuevo decreto del Gobierno del 2 de junio «no introduce modificación o matiz alguno respecto del momento concreto en que ha de acordarse la titulación», por lo que esta asociación entiende que se debe de seguir aplicando la norma como hasta ahora.

Es más, el decreto 301/2009 de 14 de julio de la normativa andaluza sobre calendario y jornada laboral contempla que para los alumnos con alguna asignatura pendiente, el curso finaliza en septiembre, una vez que hayan tenido lugar las pruebas de recuperación, que deben celebrarse durante los primeros cinco días de ese mes, según recordó APIA.

Para Javier Puerto, presidente de dicha asociación , lo que hace Educación «es saltarse la ley a la torera». En cuanto a las declaraciones de la consejera del ramo, Sonia Gaya, en las que negara que se estuviera haciendo algo «fuera de lo normal», Puerto las calificó de «muy irresponsables». En su opinión, este tipo de práctica « lo único que hace es contribuir a la degradación de la enseñanza andaluza y a que el título de la ESO quede en papel mojado». También subrayó que estos casos de aprobados de despacho, suponen «un menosprecio al esfuerzo de los alumnos» .

Andalucía no ha sido la única comunidad que ha adoptado esta postura. También se han detectado casos en Aragón, Baleares, Canarias y Extremadura . El Ministerio de Educación incluso llegó a reprender a estas comunidades, a cuyos titulares del ramo se les envió una misiva del secretario de Estado, Marcial Marín, en las que mostraba de las «graves consecuencias» que podría tener para el alumnado estas prácticas.

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