La Fiscalía investiga un presunto fraude en el proceso de vacunación de Huelva

Según confirmó ABC, el Ministerio Público ha abierto ya expediente gubernativo tras analizar el escrito que ha presentado un particular para que se investiguen las vacunas contra el coronavirus que se han puesto en la provincia onubense «sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin cumplir de forma rigurosa el protocolo».

Fuentes de la Fiscalía de Huelva han indicado que, una vez abierto el referido expediente (un instrumento para comprobar actuaciones que de inicio no tienen claro el encaje delictivo), el siguiente paso es solicitar un informe a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva.

Con la fecha del 21 de enero como referencia, la información que se traslada para su comprobación mantiene que sin completar los grupos de vacunación 1 y 2 que establece la instrucción Covid de la Administración andaluza, es decir residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario –con mayor riesgo de exposición al virus al estar en contacto con los enfermos–, «se ha iniciado la vacunación de otros grupos» que ni son sanitarios ni están expuestos.

La comprobación de los datos puede hacerse, apunta el escrito en el que se habla de «vacunación fraudulenta», a través de la misma aplicación Diraya del Servicio Andaluz de Salud (SAS) así como en el registro que se ha puesto en marcha en el marco del proceso de vacunación del Covid, en el que se incluyen incluso las fechas de las citas señaladas para las segundas dosis, con los códigos de vacunación y los grupos a los que pertenecen las personas que la han recibido.

De hecho, se agrega, el sistema diseñado por Sanidad contempla la comunicación diaria de las comunidades autónomas al Ministerio, de la evolución de la administración de la vacuna, con inclusión de los datos personales y el grupo de riesgo al que pertenece.

La denuncia destaca que la sociedad está dando ejemplo de « prudencia y paciencia sin precedentes» en la situación que se atraviesa por la pandemia del coronavirus, en la que subraya se debe exigir que los dirigentes «estén a la altura».

Uno de los casos que en los últimos días ha generado polémica en la provincia de Huelva es la vacunación del equipo directivo del Hospital Comarcal de Minas de Riotinto , medida defendida por la Junta y para la que el PSOE pide la dimisión.

El gerente del centro, Rafael Perea , afirmó a ABC que «ni mi equipo ni yo nos vacunamos antes que todos aquellos sanitarios de primera línea que quisieron, pudieron o pensaron en ponerse la vacuna en otro momento o incluso que no se la quieren poner, es decir, que no nos colamos sino que continuamos la vacunación con el resto de profesionales, entre los que también estamos los directivos».

En Málaga, sindicatos del Comité Intercentros de la Agencia Publica Empresarial EPES (UGT, CC.OO, Satse, Csif, CGT y Upes) han presentado una queja sobre la vacunación de personal directivo no asistencial, entre los que cita al gerente, en fechas que no le correspondía y antes de personal sanitario de la empresa pública que no tenía acceso a la vacuna, por lo que han pedido una investigación.

La Consejería de Salud confirmó a ABC que la única investigación que tiene abierta sobre presuntas irregularidades en la vacunación se refiere a la provincia de Córdoba , si bien aún no tiene conclusiones sobre la misma.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , zanjó el asunto tras ser preguntado el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno: «En Andalucía no se ha vacunado ningún alto cargo». «Basta ya de bulos», recalcó antes de exponer que, en la comunidad autónoma, «el personal sanitario de primera línea» de exposición al Covid «está vacunado ya en primera dosis, y se ha iniciado la ronda de la segunda dosis». La estrategia de vacunación de Andalucía contempla, según Bendodo, «la vacunación del resto del personal del Servicio Andaluz de Salud, incluyendo no sanitarios, en primera dosis una vez terminada la ronda de la primera dosis del personal en primera línea, que terminó el 16 de enero».

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Antonio Aguado Nuñez-Cornejo , aseguró que es «un clamor» la cantidad de profesionales sanitarios que «todavía no están vacunados» en especial de la medicina privada.

La demanda de la vacuna es generalizada en la población según pone de manifiesto una encuesta elaborada por el Centro de Estudios Andaluces , dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior que determina que más del 81 por ciento de los andaluces piensa ponerse la vacuna «cuando pueda». Sólo un 10,8 por ciento preferiría esperar un tiempo para comprobar su eficacia y un 3,6 por ciento declara que no tiene previsto ponerse la vacuna.

A tenor de los datos de suministro de dosis, la población andaluza parece más realista que el Gobierno en sus previsiones cuando se muestra mayoritariamente convencida de que no le tocará vacunarse «hasta después del verano» (39,8 por ciento), un 19 por ciento espera que sea antes del verano y un 10,5 por ciento «en los próximos dos o tres meses».

Un 58,3 por ciento de los encuestados cree que la vacuna debería ser obligatoria para toda la población y un 29 por ciento piensa que es mejor que la administre el Gobierno a través del Ejército, frente a un 41,8 por ciento que ve bien que sean las comunidades.

Sobre la valoración de la gestión de la vacunación por los gobiernos autonómico y central, el estudio de la Junta de Andalucía concluye que un 58,3 por ciento de los encuestados valora como «mal» o «muy mal» la del Gobierno central y un 46,9%cree que la Junta lo hace «bien»o «muy bien».