El Gobierno andaluz se da dos años de plazo para podar la ‘administración paralela’ de la Junta

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha adjudicado el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Accenture SL y Cremades & Calvo-Sotelo Abogados SLP, que presentó la mejor oferta económica, por un importe total de 1.796.850 euros . Según ha podido confirmar ABC, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha desestimado el escrito presentado por una de las empresas ofertantes contra la propuesta técnica de contratación, lo que ha provocado que los trabajos hayan estado paralizados durante más de medio año desde su adjudicación el pasado mes de junio.

El equipo de expertos contratados tendrá la misión de elaborar un plan estratégico, incluyendo aportaciones de las consejerías, para reorganizar los 54 entes instrumentales. T endrá dos años de plazo para elaborar su plan , lo que significa que no dará tiempo a llevarlo a cabo antes de las elecciones autonómicas previstas este año. Marín ya avanzó que para ejecutarlo se precisarán más de dos legislaturas.

La poda de la ‘administración paralela’ es un compromiso electoral del PP y Ciudadanos, que recogieron después en su programa conjunto de gobierno. Antes de presentar las auditorías el pasado mes de julio, el Gobierno andaluz inició la fusión de algunos entes instrumentales, pero sin despedir a nadie. El contrato de la consultora tiene una duración de 24 meses, aunque se desarrollará en distintas fases. A los tres meses de la firma del contrato, deberá entregar un primer diagnóstico de la situación de los entes instrumentales. Tendrá dos años de plazo para aportar el informe final de ejecución del plan de actuaciones.

La reestructuración afecta a 20 agencias de régimen especial y empresariales, 18 fundaciones y 16 sociedades mercantiles que manejan presupuestos por un montante superior a los 5.300 millones de euros y que dan empleo a 31.945 personas , merced a la documentación que la Junta aportó a los nueve despachos profesionales que pujaron por el contrato. Según el pliego de condiciones técnicas, la consultora que va a asesorar a la Junta debe detallar el «dimensionamiento de las entidades» y la «adecuación de las que se mantengan o reestructuren, así como el estudio de alternativas sobre las posibles repercusiones de dicha reestructuración en el personal afectado».

Para hacer este trabajo, la firma contratada pondrá a disposición de la Junta un equipo integrado por doce expertos , bajo la coordinación de un responsable con experiencia en consultoría estratégica y de recursos humanos. Este grupo multidisciplinar contará con especialistas en los ámbitos fiscal, mercantil, laboral y de Derecho Público y Administrativo. Además, se constituirá una oficina técnica encargada de la implantación y «monitorización» del plan de reordenación.

Los efectos que la reforma pueda tener para los casi 32.000 empleados que trabajan en estos organismos es una de las cuestiones más delicadas del proceso. El Gobierno quiere ir con pies de plomo para evitar que la extinción de entes instrumentales y el traspaso de personal a otros organismos desencadene un conflicto laboral.

El gobierno heredó una Administración hipertrofiada que no ha dejado de crecer y de consumir dinero de los presupuestos en casi 37 años . En las agencias, consorcios, observatorios y empresas públicas han tenido cabida personas allegadas a los que las crearon y desarrollaron, a menudo a través de procesos selectivos opacos, sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.