El Gobierno socialista pagaba ayudas para ERE que se heredaban de padres a hijos en Andalucía

Por extraño que parezca, la larga instrucción sigue extrayendo jugo a un sumario tan laberíntico y farragoso desde el punto de vista técnico que echa para atrás a muchos lectores. El último giro de este guion judicial es la aparición de una nueva modalidad de ayudas irregulares: las que se traspasan de padres a hijos como una herencia .

Entre 2005 y 2009, el Gobierno andaluz financió con 3,84 millones de euros las denominadas «rentas de supervivencia» de 38 trabajadores afectados por dos expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en 2004 y 2006 por la empresa Fundiciones Caetano S.A. El acceso a las ayudas de prejubilación se fijó a partir de los 50 años.

La pensión vitalicia era complementaria con la que concede la Seguridad Social y equivalía al 90% del salario neto del trabajador si éste tenía menos de 60 años y al 95% si sobrepasaba esa edad, destaca el juez instructor del macrosumario del caso ERE, José Ignacio Vilaplana. Los empleados despedidos cobraban una media de 4.809 euros al mes, según figura en un acta de la propia empresa.

«En caso de fallecimiento antes de los 65 años de edad, sus herederos percibirían el 50% de los complementos reseñados», precisaba el compromiso que alcanzó con sus empleados la dirección de la sociedad dedicada a la fundición, manipulación y elaboración industrial de aleaciones y metales. Además, la Junta y el Ministerio de Economía financiaron con otro incentivo de 9 millones de euros su traslado desde Camas a Guillena en 2004.

En un auto dictado el 25 de abril, al que ha accedido ABC, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y procesa al administrador de la empresa, Abilino C. B., y al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en esta pieza separada del caso ERE.

La Junta de Andalucía asumió como propio el compromiso de la firma privada y estuvo abonando estas « privilegiadas e injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas », censura el magistrado en el referido auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la investigación y está más próxima a la celebración del juicio.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre la Dirección General de Trabajo y la agencia autonómica IDEA, «el 87 del coste del ERE de 2004 –que afectaba a 21 trabajadores de la empresa– habría sido asumido por la Junta, mientras que el coste de la extinción colectiva de contratos de trabajo del año 2006 –que englobaba a 17 empleados más– habría sido asumido por la Administración en su totalidad ».

De este modo, advierte el juez, «los trabajadores afectados perciben un seguro de rentas de supervivencia y/o de capital diferido (unos a partir de los 50 años y otros a partir de los 54 años), financiado por la Junta de Andalucía, con unas prestaciones y coberturas exorbitantes ».

En esta pieza del caso ERE llegaron a estar investigados seis ex altos cargos autonómicos: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ; su viceconsejero Agustín Barberá ; los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero –ya fallecido– y Juan Márquez Contreras , así como dos antiguos directores generales de IDEA, la agencia que pagaba las subvenciones que la Consejería de Empleo concedía, para esquivar así el control sobre el destino final del dinero público.

Los ex responsables políticos fueron excluidos porque ya han sido juzgados y condenados por el sistema de ayudas en la pieza política del caso.

Sin bases reguladores ni publicidad ni concurrencia, las ayudas se repartían a discreción y no atendían al interés público, sino al ajeno, sobre todo el de las empresas que se enriquecieron con ellas, según determinó la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 17 ex altos cargos de sus gobiernos en la primera de las causas juzgadas.

Con la manguera del llamado «fondo de reptiles», el Ejecutivo andaluz apagaba los fuegos sociales que amenazaban la hegemonía del PSOE en su feudo entre los años 2000 y 2009.

El juez destaca que el dinero público se dedicaba a financiar «obligaciones asumidas por Fundiciones Caetano S.A. para con sus trabajadores». Se ahorraba así los costes laborales. «Los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración empresarial de una sociedad privada».

En suma, se produjo una «abusiva y arbitraria» disposición de fondos públicos . Tanto el administrador de la metalúrgica como el intermediario de Vitalia eran, para el instructor, conocedores de las irregularidades. Según declaró el dueño de la firma, Guerrero les dijo que no habría problema en tramitar la ayuda en una reunión con este excargo, quien le pareció «un poco prepotente y seguro de sí mismo».

Las rentas subvencionadas para los herederos de los beneficiarios fallecidos no son un caso aislado . La Junta también financió la prejubilación de nueve trabajadores de la empresa Siemens Metering S.A. que ni siquiera habían cumplido los 50 años. Cuando el trabajador incluido en el ERE de esta compañía tecnológica moría, sus herederos legales cobraban una renta temporal a costa de la Administración.