La Guardia Civil registra una planta de reciclaje de Aznalcóllar participada por la Junta de Andalucía

Según ha podido saber ABC, la Guardia Civil ya se personó el pasado año en las instalaciones de la sociedad, que se constituyó en mayo de 2004, bajo el gobierno de Manuel Chaves , a iniciativa de la antigua agencia de medio ambiente de la Junta de Andalucía Egmasa, hoy reconvertida en Amaya, que tiene una participación del 25 por ciento. Los accionistas mayoritarios son Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) , que tiene dos plantas de tratamiento en Cataluña y una participación del 37,5 por ciento, similar a la que tiene la empresa vasca Electronik S.L, según la información que figura en el Registro Mercantil.

En 2018 su facturación se elevó a 10,41 millones de euros y recicló 23.900 toneladas métricas de residuos electrónicos . Sus activos totales ascienden a 8,4 millones. Además, cuenta con 45 empleados. La agencia autonómica IDEA le concedió una ayuda a la inversión inicial de 1,37 millones de euros.

En una entrevista publicada en la web de Agresur, la Asociación de Gestores de Residuos del Sur, el director general de Recilec, Leonardo Díaz Pineda, ésta era la única compañía que contaba con las autorizaciones e infraestructuras necesarias para el tratamiento de la gama completa de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos: frigoríficos, televisiones de CRT y pantallas planas, lámparas, luminarias, línea blanca sin gases refrigerantes, pilas, acumuladores, juguetes eléctrónicos, pequeños electrodomésticos y placas solares.

Su planta principal de reciclaje se encuentra en Aznalcóllar pero también dispone de un centro de transferencia para la zona oriental en la localidad granadina de Loja. Desde estas dos instalaciones Resilec da cobertura a Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y parte de Murcia .

Precisamente, el director general se quejaba de que la legislación en torno a los residuos electrónicos era «compleja y confusa» , lo que dificultaba su interpretación y aplicación. La cuestión de la trazabilidad de los residuos, las empresas sin autorización que tratan estos desechos o la problemática en los Puntos Limpios con los robos y «canibalización de componentes» son cuestiones que deben ser afrontadas por las distintas administraciones competentes, aseguraba el máximo responsable de la compañía.

En el año 2014, con motivo de unas jornadas informativas, la Interpol pidió asesoramiento a la empresa Resilec sobre el tráfico ilegal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Según los datos que trascendieron entonces, el 80 por ciento de este tipo de desechos que se generan en el país no entra en los circuitos legales para su correcto tratamiento.

El hecho de que los residuos de aparatos electrónicos no lleguen a reciclarse ocasiona no sólo un daño para la economía sino también para el medio ambiente. Por ejemplo, el compresor de un frigorífico no debidamente tratado se convierte en un elemento altamente contaminante . El sector pide a las administraciones y a las fuerzas ilegales sanciones más duras y un esfuerzo extra para frenar la actividad irregular.