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Guerra mete a la juez de los ERE en campaña para desacreditarla

El PSOE-A recrudece sus ataques hacia Alaya al insinuar que actúa en connivencia con el PP

Guerra mete a la juez de los ERE en campaña para desacreditarla efe

antonio r. vega

El «factor Alaya» ha entrado de lleno en escena en la campaña electoral. Alfonso Guerra se ha tomado tan a pecho el eslogan de la campaña del PSOE, «Pelea» , que ha puesto en el centro de la diana a la juez que investiga el trama de las prejubilaciones fraudulentas, Mercedes Alaya. El número uno al Congreso en la candidatura de los socialistas por Sevilla, que lleva escrito el combate en su apellido, volvió a sacar su máquina particular de echar cortinas de humo para insinuar que existe una supuesta connivencia política entre la magistrada y el Partido Popular. Insistió en el mismo mensaje que ya lanzó en una reciente entrevista concedida a ABC en la que señaló que «dicen que existe una relación especial entre la juez y algún partido» , en referencia al PP.

Lejos de aflojar la presión, el exvicepresidente del Gobierno sigue ERE que ERE. Ayer «tiró» de chascarrillo para dar un paso más en su estrategia para desacreditarla. Durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en Sevilla , Guerra aseguró que « incluso hay una relación fuerte personal entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron ».

El mensaje, encriptado para la opinión pública, tenía una evidente carga explosiva al colocar también en el disparadero al alcalde hispalense, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, uno de los principales activos del PP-A en la campaña para lograr una remontada épica en Sevilla, donde actualmente los socialistas doblan en diputados al partido de Mariano Rajoy . El regidor fue nombrado en 1992 juez decano de los juzgados de Sevilla y luego pasó a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con Margarita Mariscal de Gante como ministra.

Pero Guerra no se quedó satisfecho y mandó otro obús a la magistrada: «La corrupción ha de estar penada, pero también hay que hacerlo con aquellos que inventan una corrupción y que al final reciban el premio de ir en una lista política de determinados partidos». Lo dice quien se vio forzado a dimitir a principios de 1991 al trascender que su hermano Juan Guerra había utilizado durante varios años un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla sin que ostentara cargo alguno.

El nuevo ataque velado de Guerra se produce un día después de que se hiciera público un nuevo auto de Alaya que avanza la imputación de cargos más altos de la Junta de Andalucía, pues hasta ahora sólo ha tomado declaración a acusados « que están situados en el último escalón de la pirámide », exponía en su escrito. Además, cita tres días antes de la cita electoral del 20-N a todas las partes personadas para pronunciarse sobre la imposición de fianzas a los imputados.

Proceso contra su hermano

El veterano político aprovecha también para ajustar sus cuentas particulares con la magistrada que ha imputado de nuevo a su hermano, esta vez por un presunto delito de alzamiento de bienes por la venta de un piso de su propiedad que estaba embargado.

Tal vez sea el que suene más estridente, pero Guerra no es un verso suelto en la táctica a la que se han abonado otros cargos de su partido de cuestionar, de forma oficiosa, la independencia de la jueza, pese al mensaje oficial que quiere trasladar el Gobierno andaluz de colaboración con la justicia. Acusan a la juez, de manera velada , de utilizar sus autos judiciales para hacer una causa general contra la corrupción del Ejecutivo, poniendo el cerco cada vez más próximo al despacho del presidente andaluz, José Antonio Griñán . Ayer el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos , lamentaba en Onda Cero la irrupción de sus autos en la campaña. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera , se descolgó hace pocos días diciendo que «además del estamento político, hay otros que han entrado en el proceso de elecciones», después de que Alaya avisara de que otras consejerías pudieron dar ayudas sin control.

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