La bancada de los abogados defensores en la sala la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebra el juicio
La bancada de los abogados defensores en la sala la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebra el juicio - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

Un ex interventor de Empleo, en el juicio del caso ERE: «Si analizara todo, estaríamos aún en la Edad Media»

González Laguillo niega la responsabilidad de los interventores de la Junta en el control de las ayudas irregulares: «No somos los salvadores del mundo»

SevillaActualizado:

Carlos González Laguillo, que fue interventor delegado de la Consejería de Empleo durante dos años (2001-2003), ha defendido este lunes su trabajo respecto a las ayudas irregulares, cuyo destino confesó desconocer en el juicio de la pieza política del caso ERE, entre otras razones, porque no le competían analizar estas subvenciones. Ha tratado de preservar el papel de los interventores de la Junta en este caso señalando que «no podemos pretender ser salvadores del mundo».

Este funcionario jubilado en agosto de 2017 y que ha sido interventor delegado en las consejerías de Presidencia, Educación, Empleo y Gobernación ha declarado como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por crear y mantener un sistema supuestamente ilícito para dar ayudas a prejubilados y empresas en crisis que comprometió 855 millones de euros entre 2000 y 2011.

El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández García ha preguntado a González Laguillo si él debía analizar el destino de los fondos públicos que traspasaba año a año, a través de la figura «inadecuada» de las transferencias de financiación, la Consejería de Empleo a la agencia IFA/IDEA que pagaba las ayudas que aquélla concedía. La Intervención delegada de la Consejería de Empleo «no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde en el reglamento», ha aseverado.

A preguntas del abogado Alfonso Martínez del Hoyo, el testigo ha explicado que la Intervención delegada de Empleo se limitaba a comprobar los requisitos formales de las transferencias de financiación «independientemente después de lo que pueda haber en la ejecución del gasto por parte del receptor» de los fondos, en este caso, la agencia IFA/IDEA. «No tenemos que ir más allá de lo que reglamentariamente se le indica que debe hacer», afirmó.

El ex interventor no ha ahorrado críticas a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le tomaron declaración como testigo durante la instrucción del caso ERE el 5 de julio de 2012. A este respecto ha afirmado que fue sometido a un interrogatorio «dialécticamente violento» y «con cierta tensión». «Uno va como testigo pero se le pregunta como un imputado», afirmó.

A pesar de estas críticas, el ex interventor ha ratificado en el juicio el acta de la declaración policial, cuando le ha preguntado el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga. En este interrogatorio fue preguntado por los investigadores acerca de los motivos por los que se financió a la agencia IFA/IDEA mediante transferencias de financiación que «por definición conceptual están destinadas a financiar la gestión ordinaria de la empresa» en lugar de subvenciones.

González Laguillo, que este lunes se ha mostrado dubitativo y ha contestado en varias ocasiones que no recordaba lo que el fiscal le preguntaba, aseguró entonces que se utilizó este sistema «para eludir la fiscalización [previa] del gasto, si bien esta figura estaba recogida en la Ley de Presupuestos anual», según recoge literalmente el acta de su declaración en 2012.

El fiscal le ha cuestionado también si el mal uso del crédito presupuestario en el caso del programa 31L de ayudas sociolaborales «puede desembocar en menoscabo de fondos públicos». «Pudiera ser, no lo sé», ha asegurado.

El funcionario jubilado ha asegurado que se enteró «por la prensa» de que la Dirección General de Trabajo de la Junta pagaba ayudas sociolaborales y de que existía un convenio marco que amparaba el traspaso de los citados fondos al IFA/IDEA para abonar las subvenciones. El letrado Martínez del Hoyo le ha preguntado al testigo por qué no entraba a analizar el convenio marco si se aludía a su existencia a la hora de justificar las transferencias de financiación como ha demostrado con la exposición de un documento en el juicio.

El ex interventor ha contestado que «no se ha publicado debidamente» el citado convenio marco entre Empleo y el ente instrumental. «Si hubiera tenido que analizar todos los documentos con ese detalle estaríamos todavía en la Edad Media» y se bloquearía la gestión de la Consejería de Empleo, ha relatado.