Manuel Gómez, junto a Carmen Martínez Aguayo, al fondo, este miércoles en el juicio
Manuel Gómez, junto a Carmen Martínez Aguayo, al fondo, este miércoles en el juicio - EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

El ex interventor pide hablar en el juicio del caso ERE contra «la ficción» de algunos testigos de las defensas

El tribunal niega la palabra a Manuel Gómez hasta el alegato final: «No es el momento procesal»

SevillaActualizado:

Quien fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha pedido este miércoles la palabra al tribunal durante la celebración del juicio de la pieza política del caso ERE, después de que el letrado mayor del Consejo Consultivo, José Luis Martín, declarase que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo «debió someter a fiscalización previa» del interventor la propuesta de concesión de las ayudas irregulares porque así lo marca el decreto 254/2001 que establecía un reglamento de subvenciones que se incumplió.

El presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Juan Antonio Calle Peña, no ha permitido a este ex alto cargo acusado intervenir en el proceso después de que pidiera su venia para hablar. «No es el momento procesal» para dirigirse al tribunal, ha planteado el juez, quien ha señalado que podrá ejercer ese derecho en el alegato final, al término del juicio. Entonces «sí podrá hacer las manifestaciones que estime oportunas», ha puntualizado.

Manuel Gómez se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y se sabe en el disparadero de algunos acusados, que tratan de justificar su inacción para frenar las irregularidades argumentando que la Intervención pudo fiscalizar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que han sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El ex interventor ha asegurado a ABC que pide perdón por su inmodestia al solicitar la venia del tribunal, pero «quise aportar mi cualificada opinión técnica» sobre lo que podía fiscalizar o no la Intervención, en la medida de que no había expedientes de gastos porque lo impedía el propio sistema implantado. Consistía en que la Dirección de Trabajo concedía las subvenciones y otro organismo, el IFA/IDEA, ejecutaba los pagos con el dinero que aquélla les mandaba a través de las denominadas transferencias de financiación.

«La tesis de algunos testigos sobre el asunto es una ficción y era mi deseo hacérselo saber al tribunal», se justificó el funcionario, quien ya criticó que el letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández actuara más como una acusación que como defensa.

«He intentado dar mi opinión en el sentido de que la doble fiscalización que han sostenido algunos testigos es inviable jurídica, presupuestaria y fácticamente», ha señalado. «Es evidente que se trata de una cuestión de gran interés para el tribunal, porque el presidente le ha preguntado a varios testigos por ello. En este sentido y pidiendo perdón por la inmodestia, quise aportar mi cualificada opinión técnica», expuso a ABC.

José Luis Martín ha señalado, a preguntas del tribunal, que «el hecho de que se empleen las transferencias de financiación no puede significar que se soslaye la fiscalización previa de las ayudas y deja incólume el régimen de fiscalización del decreto de 2001». Coincide en este punto con la tesis del exviceconsejero de Presidencia Juan Antonio Cortecero, que declaró ayer que son planos de fiscalización distintos y compatibles. Es una tesis diametralmente opuesta a la defendida por el interventor.

Este miércoles se ha reanudado la sesión con la declaración del testigo del Consejo Consultivo después de que ayer de marchara antes de concluir su testimonio por un malentendido por el que ha pedido disculpas al tribunal y a las partes. «No sé lo he entendió, pero era evidente que ho habíamos terminado todavía con su declaración y por eso indiqué que era un receso de 30 minutos», aclaró el juez al inicio del juicio.

Durante el juicio, Manuel Pérez Cuajares, letrado de Juan Márquez, el exdirector general de Trabajo que sucedió a Javier Guerrero, le ha mostrado dictámenes del Consultivo favorables a la nulidad de ayudas concedidas por quien relevó a su defendido en el cargo, Daniel Alberto Rivera. Según aseguró este abogado, son resoluciones que «no aprueban el examen procedimental» y pese a ello no está acusado en el juicio.

José Luis Martín ha reconocido que no se observa el mismo grado de incumplimiento en todas las etapas de la Dirección General de Trabajo. Admite que en la etapa de Rivera también se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y se ha producido desde el punto de vista administrativo «un vicio y hay una nulidad» aunque el dinero ha tenido el fin para el que se daba. Tras este testigo ha declarado Luis García Garrido, exconsejero de Obras Públicas de la Junta.