Rosario Lobo, exjefa de servicio de fiscalización de la Junta, durante su declaración
Rosario Lobo, exjefa de servicio de fiscalización de la Junta, durante su declaración - EFE/Pool
CASO ERE ANDALUCÍA

Interventoras de la Junta confirman que las ayudas se concedieron sin publicidad ni reglas ni control legal

Los testimonios de las funcionarias reflejan que el sistema escapaba a los filtros más básicos de control del dinero público

SevillaActualizado:

Durante más de una década en la Junta de Andalucía estuvo funcionando un sistema de reparto de ayudas a prejubilados y empresas que escapaba a los filtros más básicos de control del dinero público, sin que ningún miembro del Gobierno andaluz le pusiera remedio, a pesar de los reiterados avisos de los interventores. Así se puso de manifiesto este miércoles durante la declaración de dos interventoras de la Junta en el juicio a la trama política de los ERE irregulares y el mensaje fue idéntico: las ayudas debían tener una fiscalización previa, pero se implantó un sistema que desactivó los controles preceptivos sobre los 855 millones de euros que se repartieron de 2000 a 2011.

La interventora de IDEA María Luisa Raya aseguró que el procedimiento incumplió la normativa hasta que entró en vigor la orden de 1 de abril de 2011 sobre ayudas sociolaborales, más dos meses después de que la juez Mercedes Alaya abriera la investigación del caso ERE. Hasta entonces, se concedieron ayudas «sin fiscalización previa» ni control porque el mecanismo de financiación era irregular.

Rosario Lobo, la jefa del servicio de Fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía durante doce años, ratificó ayer en el juicio de la pieza política del caso ERE que encontró un compendio de «irregularidades» tras analizar una veintena de expedientes administrativos de ayudas repartidas por la Dirección General de Trabajo. «Se estaban concediendo unas ayudas sin someterlas al régimen de control establecido legalmente» porque «no habían sido sometidas a fiscalización previa», como era preceptivo, según explicó.

La Consejería de Empleo daba las ayudas excepcionales, aunque en realidad las pagaba un ente instrumental, IFA/IDEA. Lobo explicó que los interventores sólo podía analizar cómo se enviaba el dinero pero no cómo se gastaba porque «no existía expediente de gasto». El sistema era irregular desde la base. Las anotaciones de esta interventora se incorporaron a un informe que emitió la Intervención de la Administración autonómica en 2005, que completaba otro de control financiero permanente del ejercicio 2003 sobre la agencia IFA/IDEA.

En los expedientes no constaba ninguna «solicitud presentada». «No existía una norma reguladora». No se pidió autorización al Consejo de Gobierno, pese a ser obligatorio, para dar ayudas superiores a los 3 millones de euros ni se evacuó consulta al Gabinete Jurídico de la Junta. No se publicó ninguna ayuda aunque «la Ley de Hacienda exige que debe ser publicada» ni se incluyó en la base de datos de subvenciones. Las ayudas se dieron sin la preceptiva delegación de competencia al director general. «Se podía haber hecho una consulta a la Intervención», pero no se hizo. Se recurrió a un ente externo (IFA/IDEA) cuando no debía pagar subvenciones excepcionales y se usó de forma inadecuada las transferencias de financiación para una finalidad concreta.

Las deficiencias eran múltiples y fueron confirmadas por la funcionaria ante el tribunal que debe sentenciar a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la supuesta ilicitud del modelo del reparto de las ayudas