Juan Bravo, consejero de Hacienda en su despacho de la Junta de Andalucía
Juan Bravo, consejero de Hacienda en su despacho de la Junta de Andalucía - Juan Flores
Entrevista

Juan Bravo: «La reforma fiscal de la Junta de Andalucía no ha terminado, habrá una ley de tasas»

El consejero de Hacienda abre la puerta a más rebajas de impuestos y se propone reducir la maraña de normas e impulsar las renovables

SevillaActualizado:

Ha sido su semana. El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía no ha parado. Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) lleva unos días entregado a una maratón de comparecencias de prensa, entrevistas en medios de comunicación y actos institucionales que ha tenido que compaginar con el trabajo de despacho y la familia. Cuando el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes un paquete de rebajas fiscales que estarán vigentes hasta 2023, él se convirtió en el consejero de Hacienda que más, y en menor tiempo, ha bajado los impuestos en Andalucía. La reforma reduce la presión en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y el IRPF, que los andaluces empezarán a notar cuando hagan la declaración de la renta de 2020.El consejero avanza que la «revolución» fiscal no se agota con estas medidas. Aún le queda mucho carrete.

¿Va a seguir bajando impuestos en esta legislatura? De ser así, ¿en qué impuestos hay margen para aplicar nuevas reducciones?

Hay margen para mejorar el régimen fiscal, no sólo con rebajas. Queremos sacar una nueva ley de tasas. La actual aún se encuentra en pesetas. Hay que ordenar, depurar, racionalizar y simplificar el sistema, lo que dotará de mayor seguridad jurídica a la administración y al contribuyente. Nos tenemos que asegurar de que la tasa que se paga por un servicio público se presta de la manera más eficaz posible. Hay tasas que no tienen sentido y deben ser suprimidas, como la que se cobra por la inspección de viviendas de protección oficial, cuyas competencias ya no corresponden a la Junta, sino a los ayuntamientos. Además de la Ley de Tasas, la consejería estudia redactar una ley de tributos propios, que es un proyecto muy embrionario. Hemos hecho una reforma fiscal muy ambiciosa, pero no termina aquí. No renunciamos a que en cada presupuesto, y ahí incluyo el de 2019, sigamos mejorando la fiscalidad para los andaluces.

Desde la oposición critican que las rebajas son mayores para las rentas superiores a los 120.000 euros. ¿Van a contribuir menos a la financiación de los servicios públicos?

Yo no comparto ese criterio. La bonificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales afecta a 130.000 familias numerosas. La reducción en renta beneficia a 3,7 millones de contribuyentes. Ojalá tuviéramos 3,7 millones de ricos en Andalucía. La rebaja de Actos Jurídicos Documentados afecta a pymes y autónomos que representan el 94% de las actuaciones. Tampoco se pueden denominar ricos. Gracias al anterior Gobierno del PP, quien gana menos de 14.000 euros no paga impuestos. Antes abonaba 738 euros. Eso fue una rebaja de las clases medias y bajas. Dentro del escalonamiento que hemos hecho, la rebaja más rápida es para las rentas más bajas. Si me pregunta si vamos a beneficiar a alguien, le digo que a nadie. Pero tampoco vamos a perjudicar a nadie. Esta es una reforma fiscal para todos.

¿Cómo piensa cuadrar unos presupuestos expansivos en sanidad y educación con las rebajas fiscales y las restricciones del déficit, que le obligan a recortar en 510 millones el presupuesto de la Junta para este año?

Los efectos de la rebaja fiscal para el presupuesto de 2019 son 10,7 millones de euros. Con una mayor eficiencia de las consejerías los cubrimos de sobra. Son 17 veces menos que la sentencia condenatoria del metro de Sevilla o cinco veces menos que lo hemos pagado en intereses de demora. Le doy otro dato: Andalucía ha recibido 3.500 millones más en 2018 que en 2011 por la financiación autonómica.

La anterior consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 4.000 millones la aportación extra que necesita Andalucía. ¿Van a reclamar ese dinero gobierne quien gobierne, sea el PP o el PSOE, tras las elecciones del 28 de abril?

Hay un acuerdo del Parlamento para reclamar ese dinero. A nosotros cuando lleguemos al gobierno no se nos va a olvidar esta reivindicación.A otros sí se les olvida porque su bandera aquí la han guardado en un cajón al llegar a Madrid. Pero tampoco queremos una financiación autonómica como la de 2009, que sólo aprobaron el PSOE y otro partido. Es de todos los españoles, afecta a todas las comunidades con gobiernos de distintas ideologías. Estamos aprobando el futuro financiero de muchas regiones y ahí debemos ser suficientemente generosos.

¿Los presupuestos de la Junta los va a presentar después de las elecciones municipales del 26 de mayo?

Este año se van a presentar una prórroga y dos presupuestos, los de 2019 y 2020. Eso sólo se había producido en 1996. Nuestro compromiso es que el 1 de junio estarán en el Parlamento. Las auditorías de las agencias de la Junta las vamos a tener antes de las elecciones. Aunque los informes estén antes, daremos las explicaciones después. Al gual que con el presupuesto, no queremos hacer un juego político. Podíamos hacer unas cuentas muy bonitas de cara a las elecciones para poder vender. Pero eso sería manipular las elecciones y no lo vamos a hacer.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), afirmó que el presupuesto «se va a poder aprobar sin Vox». PP y Cs no tienen mayoría en el Parlamento. Si no es con Vox, ¿con quiénes piensan entonces aprobarlo?

Estamos en condiciones de aprobar un presupuesto con el apoyo del Gobierno y de un partido político que permitió la investidura [Vox] y con la mano tendida hacia Adelante Andalucía y el PSOE. Tenemos que intentar que ambos grupos quieran ser partícipes de la aprobación del presupuesto y si no lo hacen que sea una decisión suya.

¿Es sostenible para el contribuyente mantener una administración paralela como la que tiene la Junta de Andalucía, que consume 3.057 millones de euros del presupuesto al año?

Lo que no es sostenible es que esa administración paralela no sea productiva para la Junta porque ahora algunos empleados no tienen potestades administrativas para poder trabajar. No entiendo cómo han pasado tantos años sin resolver ese problema. Debemos atender lo que han dicho los tribunales y buscar la solución para que esos trabajadores sean capaces de producir al cien por cien. Le puedo asegurar que no hay nadie que cobrando un sueldo a final de mes quiera estar de brazos cruzados. Como gestores no hay que buscar la responsabilidad en el empleado sino en todo caso en los responsables políticos.

Una reciente sentencia ha vuelto a concluir que este personal no puede tramitar subvenciones. ¿Se corre el peligro de consolidar una forma de acceso a la administración cuestionada por la Cámara de Cuentas?

El vicepresidente creó una comisión para estudiar toda la administración paralela y analizar justamente eso: qué hacemos con ese personal y cómo podemos superar el bloqueo que hay ahora mismo porque cada mes que pasa nos cuesta un dinero.

¿Cuánto gasta la Junta en alquileres de sedes? ¿Va a reducir la factura vendiendo solares o edificios?

Estamos estudiando qué costes tenemos de arrendamientos y de edificios cerrados. Lo que tenemos que hacer es poner en valor el patrimonio para que se pueda desarrollar actividad y dedicar ese dinero a hacer colegios y hospitales. Los andaluces prefieren eso antes que tener un edificio como el de Correos de Málaga cerrado. Tenemos edificios vacíos y, sin embargo, estamos pagando alquileres de más de un millón de euros. Nuestro objetivo es casar eso: ahorrar en alquileres y sacar el máximo rendimiento.

Han encargado auditorías sobre doce agencias de la Junta. ¿Cree que hay duplicidades?

Estoy convencido de que hay duplicidades en la administración. Los interventores han determinado para qué se creó el ente instrumental, cuál es la finalidad y harán sus propuestas. Nosotros tenemos que darles respuesta.

Ya ha acabado con el agua mineral en su despacho. ¿Cuándo va a acabar con el papel mediante la digitalización de los expedientes?

No le voy a engañar. Estamos tan atrás que el trabajo y el tiempo va a ser más largo de lo que me gustaría. Porque aquí todavía todo funciona con papel. Eliminarlo es uno de nuestros principales retos porque también significa eficiencia y bajar impuestos. La normativa que regula la administración electrónica es del año 2003 y estamos en 2019. Dieciséis años después, si algo ha cambiado en el mundo es la tecnología. En breve espacio de tiempo saldrá aprobada la nueva orden.

¿Cuánto gasta la Junta en papel?

Casi prefiero no saberlo.

Andalucía se ha estancado en el sector de las energías renovables. Regiones como Extremadura están cogiendo la delantera. ¿Cómo va a recuperar el terreno perdido y cómo va a resolver el problema de falta de redes para evacuar esa energía?

En este tema soy bastante más optimista. Respecto a las infraestructuras para la evacuación de la energía, tenemos comprometida una reunión con Red Eléctrica y también una actuación leal con el Gobierno de España porque tenemos mucho potencial. Ahora tenemos encima de la mesa 17.000 millones de euros en inversión en renovables. Si fuéramos capaces de capitalizar eso, seríamos la primera región de Europa en este sector. ¿Eso qué viene a representar? Pues no sólo la inversión, empleos y mejora de infraestructuras, sino un menor coste de la energía para nuestra industria, que sería así más competitiva. Además de los nuevos parques de generación renovables, hay todo un campo de desarrollo en la gestión de redes inteligentes y las tecnologías para el almacenamiento de energía y el consumo eficiente.

¿Qué va a hacer la Junta con la mina de Riotinto después de que el Supremo anulara su informe ambiental?

Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando cómo se debe ejecutar la sentencia. A partir del pleno respeto a la decisión judicial, debemos intentar que el impacto en la operación minera, de la que dependen cientos de empleos, sea el menor posible.

¿En qué va a consistir su plan de simplificación de la burocracia?

Cuando nos hemos reunido con más de treinta colectivos empresariales nos han pedido tres cuestiones con las que se darían por satisfechos, y ninguna de ellas son subvenciones. La primera es que abandonásemos el infierno fiscal, que ya lo hemos conseguido. La segunda es la simplificación de trabas administrativas. Me preguntaba si había duplicidades y las hay y, además, son evidentes. El Consejo de Gobierno creó una comisión interdepartamental para el fomento de la industria y también eliminar trabas. El 24 de junio estará el primer informe con una batería de propuestas. Se va a escuchar a empresarios, profesionales sindicatos e incluso al Parlamento. Había un tercer objetivo que es crear la figura de un interlocutor, un proyect leader, para que cuando venga un proyecto interesante para Andalucía le demos la máxima colaboración para agilizar los trámites y que no vuelva a pasar que haya empresas con inversiones de mil millones de euros que llevan más de un año y medio paradas.

¿La maraña normativa ha creado inseguridad jurídica a los empresarios en Andalucía?

Ha creado inseguridad e incluso contradicciones porque cumplir una norma puede significar incumplir la otra. Mi compañero, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, decía en una conferencia que en Holanda se elaboraron 5.000 folios de leyes el año pasado y en España 850.000. Eso lo resume todo. No todo hay que regularlo, hay que dejar que el mercado funcione.