La juez Alaya presidirá el juicio con jurado contra el exdirector de la Faffe por pagar en prostíbulos con dinero público

Según un acuerdo del pasado 23 de mayo trasladado a las partes, al que ha accedido ABC, el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Ángel Márquez, ha designado a la actual magistrada de la Sección Séptima como presidenta del tribunal de jurado . Salvo que solicite abstenerse en este procedimiento, Alaya sería la encargada de dictar la sentencia , de acuerdo al veredicto que emita el jurado popular, sobre la actuación de Fernando Villén y la directora económico-financiera de la extinta entidad de la Junta de Andalucía, dedicada a dar formación a los desempleados en la comunidad autónoma. Ambos se van a sentar en el banquillo acusados de delitos continuados de malversación y falsedad documental .

Villén, que fue el también exsecretario de Empleo del PSOE andaluz, utilizó tres tarjetas de crédito que tenía asignadas como máximo responsable de esta entidad de la Junta de Andalucía. Un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla determinará si es o no culpable por gastarse 32.566 euros en locales de Sevilla, Cádiz y Córdoba donde se ejercía la prostitución .

La Audiencia de Sevilla pone en marcha el trámite del juicio, apenas un mes después de que José Ignacio Vilaplana, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dictara el auto de apertura de juicio oral contra el exdirectivo. Tanto él como Anna Valls Roc, directora económico-financiera de la entidad, están acusados de intentar «ocultar» el supuesto desvío de fondos en la contabilidad de la fundación .

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para Villén y cuatro años para la exdirectora financiera de la Faffe en una causa donde también ejercen la acusación la Junta de Andalucía y el PP andaluz.

El principal acusado, «prevaliéndose de su cargo» como director de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública , desviándolos de su propia finalidad –que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados–, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne», señala el auto de apertura de juicio oral.

El juez detecta «un total de ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución». La Faffe fue creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves para formar a los desempleados andaluces con las subvenciones que le concedía.

Además de los 32.566 euros abonados en los clubes de alterne, Villén Rueda, «abusando de la disponibilidad que le ofrecían las tarjetas», habría realizado gastos en otros establecimientos mencionados en el auto: El Corte Inglés, 113,90 euros; discotecas, 136,10 euros; estación de servicio, 216,39 euros ; hoteles, 2.521 euros; peajes, 11.200,24 euros; restaurantes, 21.005,76 euros; taller de vehículos, 173,79 euros, y otros gastos «sin datos», 4.321,38 euros.

Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el ex alto cargo, «en connivencia» con Anna Valls Roc, creó una suerte de 'caja b', una contabilidad opaca o una «mecánica delictiva», según la califica el juez, para borrar el rastro de los pagos efectuados en clubes de alterne durante seis años.

El exdirector de la Faffe intentó hacer creer que el dinero de estas juergas salió de su propio bolsillo después de haber utilizado las tarjetas de la entidad «por error» . El juez, que no dio crédito a esta versión exculpatoria, sostiene que ambos exdirectivos «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos».

La fundación camuflaba la contabilidad de su caja central, a través de nuevas liquidaciones y arqueos, para incluir gastos ficticios sobre dietas, comidas, viajes e incluso operaciones comerciales inexistentes que coincidían casualmente con el dinero repuesto días antes por Fernando Villén. Entre otros gastos, el magistrado cuestiona un anticipo de mil euros que recibió para hacer un viaja a Cuba , del que «no existe soporte documental».