El juez investiga a doce ex cargos socialistas por un nuevo 'fondo ERE' de ayudas a empresas en Andalucía

Mediante una resolución, a la que ha accedido ABC, el magistrado llama a declarar a 23 investigados, doce de ellos ex altos cargos y ex directivos vinculados a la agencia autonómica en la etapa del PSOE. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido las declaraciones, aprecian supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación en la actuación de dos exdirectores generales de IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde , y de otros cargos intermedios que integraban la comisión de valoración que validaba los avales en el citado ente. El resto son empresarios de Scafa y Tartessos Car S.L., beneficiados con fondos públicos. Todos ellos deberán comparecer entre los días 17 y 28 de junio.

El nuevo auto representa el enésimo giro a unas diligencias que no han parado de dar tumbos desde que surgieron en el año 2014 como una rama más surgida del frondoso árbol de corrupción de los ERE por el que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

En mayo de 2019, la anterior instructora del caso, María Núñez Bolaños , rechazó indagar en el caso Avales y lo archivó sin practicar diligencias porque, según esgrimía, se habían «desvanecido» los indicios de que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas. Pero sus argumentos no convencieron a la Audiencia que, en junio de 2020, ordenó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla la reapertura de la causa para realizar las pesquisas solicitadas por la Fiscalía, convencida de que quedaban muchos hilos de los que tirar.

Estos cabos sueltos ha empezado a atarlos el juez Vilaplana, que apunta a «notables irregularidades en la concesión, ejecución y desarrollo de estas ayudas concedidas en forma de avales» a 21 empresas diferentes. Dieciocho de ellas habían recibido simultáneamente ayudas sociolaborales con cargo al programa de los ERE y algunas incluso habían sido destinatarias de otros «avales excepcionales» de la Agencia IDEA. Aun así, no dejaron atrás los números rojos y hoy la mayoría está extinguida. El dinero es irrecuperable.

Las empresas elegidas por «la mera voluntad» de los que mandaban en IDEA funcionaron como agujeros negros que devoraban todo lo que le echaban. Dos de ellas, en las que se centra ahora la investigación, fueron la Sociedad Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas (Scafa), dedicada a la confección de pantalones en la localidad cordobesa de Baena, y Tartessos Car S.L., un concesionario de venta y reparación de vehículos de Huelva.

IDEA, la agencia de la Junta encargada de fomentar el tejido productivo andaluz, enterró en ellas 3,38 millones de euros en 2009 , en la etapa de gobierno del PSOE. «De manera absolutamente arbitraria e injusta» y sin cumplir los requisitos estipulados en la orden de la Consejería de Innovación del 5 de noviembre de 2008, ambas recibieron avales públicos que le permitieron acceder a préstamos bancarios que no devolvieron. La entidad autonómica, que era su fiador, abonó sus deudas « en detrimento del patrimonio público », destaca el juez, que se basa en los informes de los peritos de la Intervención del Estado (IGAE).

En diciembre de 2009, Scafa recibió un aval de 380.000 euros con el visto bueno del gerente de IDEA en Córdoba, Manuel Pérez Requena , miembro de la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en las municipales de 2011. En la solicitud presentada, la empresa ocultó que había recibido tres ayudas anteriores por importe de 1,33 millones. La finca que se puso como garantía estaba hipotecada y pesaba sobre ella un embargo a favor de Hacienda de 478.306 euros . La posibilidad de que la Junta recuperara el dinero era remota. En 2010, el Banco Popular se dirigió a IDEA para informarle del impago del aval. Pero la firma no se resignó y poco después pidió un segundo aval por el mismo importe que superó todos los filtros en la agencia. La ayuda fue revocada meses después de estallar el caso ERE.