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Andalucía

La juez Núñez paró la investigación a un concejal del PSOE «enchufado» el día antes de darse de baja

Corrige al juez sustituto que ordenó indagar en otro «enchufe» en la Faffe; en tres días de trabajo desimputó a otros dos ex cargos socialistas en el caso ERE

La juez María Núñez Bolaños, con muleta tras sufrir un esguince de tobillo estando de baja en julio Manuel Gómez

Antonio R. Vega

A la juez que instruye el caso ERE y otras macrocausas de corrupción vinculadas a la gestión de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante la etapa socialista le han cundido los únicos tres días que estuvo trabajando después de sus vacaciones de verano. Sólo horas antes de volver a darse de baja, María Núñez Bolaños dejó sin efecto una orden de su juez sustituto a la Guardia Civil para investigar el supuesto «enchufe» del socialista Francisco Camas , actual segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que trabajó en la extinta fundación pública Faffe.

En otros dos autos dictados el mismo día, el 2 de septiembre, a los que ha accedido ABC, la juez ha archivado la imputación de un exparlamentario andaluz del PSOE y de otro ex alto cargo del Gobierno socialista en dos piezas desgajadas de la causa troncal de los ERE sobre ayudas fraudulentas.

La baja coincide con la instrucción de una acción disciplinaria que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto contra la juez. El detonante es un informe pormenorizado con todas las presuntas irregularidades cometidas por ella en las causas de los ERE, Avales y la Agencia IDEA que heredó de Mercedes Alaya y que han suscrito todos los fiscales Anticorrupción en Sevilla.

En los 110 folios que componen la denuncia que presentó el pasado mes de julio el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón , ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, advierte de que en el caso ERE está llevando a cabo un «vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía». Dibuja, además, un escenario de «desatención» de las resoluciones de la Audiencia de Sevilla, de «inactividad» investigadora, y continuas «trabas» a las pesquisas que demuestran, a juicio de la Fiscalía, una «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos» por parte de la juez Núñez.

Núñez frena las diligencias que abrió su sustituto para averiguar si el contrato del edil socialista fue ilegal

En un auto del 2 de septiembre pasado, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada anula una providencia dictada el 24 de junio por el juez José Ignacio Vilaplana , que se hizo cargo del caso Faffe durante su primera baja, entre el 19 de junio y el 16 de julio. Para suplir la nueva ausencia de Núñez, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nombrará a otra juez, que va a reemplazarla desde el lunes hasta el 30 de septiembre.

A instancias de la Fiscalía y tras una denuncia presentada por el PP, el juez Vilaplana acordó abrir una nueva investigación en el caso Faffe para averiguar si fue legal la incorporación del edil socialista Francisco Camas a la plantilla de la extinta fundación de la Junta, que fue liquidada en el año 2011 dejando un reguero de irregularidades, entre ellas los reiterados pagos en prostíbulos con tarjetas oficiales.

Faffe, agencia de colocación del PSOE

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo , creada en 2003 para formar a desempleados andaluces, funcionaba como una «agencia de colocación» para dirigentes del PSOE, algunos «con tareas improductivas», según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Núñez Bolaños corrige a su sustituto y estima un recurso presentado por el abogado del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén Rueda, contra la citada decisión. La juez argumenta que el PP denuncia «hechos nuevos no investigados en esta causa», que analiza «única y exclusivamente la contratación presuntamente ilegal» de Antonio Torres García, exalcalde socialista del pueblo sevillano de Lebrija , que estuvo a sueldo de la fundación pública de la Junta durante once años sin ir a la oficina a trabajar. Para Núñez, la acusación del PP«debió formular la oportuna denuncia o querella para su presentación y reparto al juzgado que corresponda».

Ex diputado y ex delegado

La apertura de unas nuevas diligencias «constituye la vulneración de Derecho al juez ordinario que por turno corresponde», señala. En la práctica, esta decisión de la juez frena la investigación ordenada por su sustituto a la UCO hasta que se mande a otro juzgado y la admita, si es que no acaba archivada. Según ha podido constatar ABC, el concejal socialista de Jerez estuvo trabajando en la Faffe como técnico de formación profesional en Cádiz, con una nómina de 1.816,81 euros. Tiene «estudios de Sociología» , según la información publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Se da la paradoja de que la propia juez ordenó investigar los «enchufes» de la Faffe antes de su baja de junio.

La baja de la juez coincide con una denuncia del fiscal jefe al CGPJ por «paralizar la marcha» de tres causas

El día 2, el último de los únicos tres días que estuvo trabajando, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tomó otras dos decisiones trascendentes en la causa de los ERE. Desimputó al ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz en la pieza que investiga el ERE financiado por la Junta con 35,95 millones de euros con el llamado «fondo de reptiles» a la empresa A Novo Comlink España.Tras estimar el recurso presentado por su abogado, archiva la causa contra el exdiputado, investigado por haber presionado, presuntamente, para colar a un «intruso» en el ERE subvencionado durante su etapa como asesor en la Consejería de Empleo.

La tercera resolución de Núñez supone un respiro para el que fuera delegado de la Consejería de Empleo en Córdoba entre 2000 y 2004, Andrés Luque García . La juez archiva provisionalmente los cargos contra él a instancias de su defensa. La juez cree que Luque se limitó a «favorecer» los contactos entre el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, delegados sindicales y miembros de la empresa ABB para que se reunieran en Córdoba. Empleo dio una ayuda irregular de 996.185 euros tras celebrarse este encuentro.

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