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CASO ERE ANDALUCIA

El juicio de los ERE se retomará tras las Navidades

La petición para anular la vista oral y otras cuestiones previas se analizarán a partir del 9 de enero

Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, en la sesión de este viernes EFE

ANTONIO R. VEGA

Los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados por el caso ERE de Andalucía volverán a ocupar las sillas que hacen las veces de banquillo tras las vacaciones de Navidad. Juan Antonio Calle Peña , presidente del tribunal que juzga su participación en el mantenimiento de una partida supuestamente ilícita de reparto de ayudas, ha asegurado este viernes en la sala que las sesiones se retomarán el 9 de enero. Será entonces el momento de plantear las posibles cuestiones previas por parte de acusaciones y defensas, donde, entre otras cuestiones, se pedirá la anulación de las actuaciones que se enjuician por la violación del derecho fundamental al juez predeterminado por ley.

Ha sido imposible cuadrar las agendas de las defensas para celebrar otra sesión antes de dicha fecha, bien esta tarde o la próxima semana, como habían planteado. «No hay opción ninguna» de incorporar ninguna sesión nueva, ha concluido Calle Peña.

El juicio se reanudará pues el 9 de enero , después de tres jornadas que han estado dedicadas íntegramente a la lectura de los escritos de las acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, PP andaluz y Manos Limpias) y de las defensas.

La sesión de este viernes vino precedida de unas declaraciones José María Mohedano, abogado del expresidentes José Antonio Griñán y del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, en las que niega que en sus escritos de defensa responsabilizara de irregularidad alguna al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez , también acusado en la pieza separada del procedimiento específico.

El abogado del exinterventor, José Rebollo , que hizo una lectura parcial del escrito de defensa, ha asegurado que el único reproche que se le realiza a este funcionario en la acusación de la Fiscalía es que no hizo actuación alguna a la hora de velar por el destino e integridad de los fondos públicos. Los hechos que se le imputan no reúnen los requisitos de ninguna prevaricación por omisión, mientras que el supuesto de malversación de fondos públicos es muy vago, señala su letrado.

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