Decenas de expedientes de Delphi permanecen varados en el juzgado desde 2014

Decenas de expedientes sobre cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía dentro del «dispositivo de tratamiento singular» de Delphi permanecen varados y sin investigarse desde mayo de 2014 en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez María Núñez Bolaños , que tomó posesión del juzgado en junio de 2015 tras la marcha de Mercedes Alaya, investiga desde diciembre de dicho año el destino de unos 33,3 millones de euros que recibieron cinco asociaciones pertenecientes al grupo Prescal, presidido por el exconsejero Ángel Ojeda, para formar y pagar nóminas a exempleados de la antigua fábrica de automoción cerrada en 2007. Sin embargo, entonces dejó aparcadas las subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz otras once entidades beneficiarias de fondos, hasta alcanzar los 106 millones de euros, dentro del dispositivo de Delphi.

El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez , ha solicitado a la magistrada que se incorpore «la totalidad de los expedientes Delphi» a la causa abierta el 15 de diciembre de 2015. El letrado afirma que en la causa originaria de Formación, que luego fue desgajada en piezas por Núñez, consta un escrito de la Junta de Andalucía en el que informa al juzgado de que la totalidad de los expedientes «se encuentra en el juzgado desde mayo de 2014». El letrado justifica su inclusión en el sumario «en sentido de descargo y no de cargo contra entidad o persona alguna».

Según advierte la defensa del exconsejero de Hacienda y empresario en su escrito del día 5, se da la paradoja de que la letrada de la Administración de Justicia (actual denominación de la secretaria general del juzgado) ordenó la digitalización de todos estos documentos, «proceso que se llevó a cabo» . Sin embargo, no fueron recogidos en el sumario como anexo. Bastaría con la incorporación de un archivo informático con esta documentación «que de hecho y de derecho debió de unirse a la presente causa cuyo objeto está estrechamente limitado al denominado “Dispositivo Delphi”», concluye el abogado.

Después de conocer que estos expedientes están en el juzgado y no se están investigando, los letrados de la acusación popular que ejerce el PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, han dirigido otro escrito a Núñez. Le piden que se unan también a la causa de Delphi y que sea entregada a las partes la totalidad de los expedientes a los que alude el escrito del abogado del exconsejero.

Entre 2009 y 2011, apremiado por las protestas de extrabajadores de la fábrica, el Gobierno andaluz puso en marcha a toda prisa un plan de subvenciones a la contratación y a la formación. En un informe incorporado al sumario, el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu , concluyó que la Junta ideó un sistema de ayudas directas y excepcionales «incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta» con el único fin de «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría».