La Junta de Andalucía pagaba a cada prejubilado el doble de ayudas que el Estado y no las fiscalizaba

La Junta de Andalucía era infinitamente más generosa que el Estado a la hora de financiar prejubilaciones de empleados afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y ni siquiera comprobó que su destino se aplicaba. Lo ha corroborado en el juicio de la pieza política del caso ERE Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos judiciales que ha analizado las 270 ayudas concedidas por la Administración autonómica mediante un procedimiento irregular que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Autonomía andaluza, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El importe medio de las ayudas por trabajador en el caso de las concedidas con fondos del Estado era de 36.139 euros, señaló Turrión, que es interventor de la Administración General de la Administración del Estado (IGAE) con más de 40 años de experiencia. La Junta pagaba el doble por trabajador: 66.401 euros.

En las pólizas financiadas por el Estado se estimaba el importe atendiendo al 75% de las suma de las horas cotizadas en la Seguridad Social , mientras que las ayudas de la Junta llegaban al 90% del salario neto.

El perito de auxilio judicial hizo esta afirmación después de que el fiscal comparara las ayudas concedidas por una u otra administración pública a la empresa Valeo Iluminación S.A., que recibió los dos tipos de fondos.

Según detalló Turrión en el juicio, en las ayudas estatales había una «garantía de financiación de la empresa». En los expedientes del caso ERE la aportación de la empresa era mínima y la Junta pagaba porcentajes muy superiores a lo estipulado en la orden del Ministerio de Trabajo de 1994 que regulaba las ayudas asistenciales a trabajadores afectados por despidos.

El experto judicial ha declarado también que a la vista del «cúmulo de irregularidades» halladas en los expedientes de ayudas «obviamente» el menoscabo de fondos fue «posible» en el caso ERE. «Existe el riesgo, por supuesto», ha remarcado tras puntualizar que el menoscabo es «el daño a los fondos públicos».