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Andalucía

La Junta de Andalucía pasa de la Inspección de Educación

Los profesionales piden amparo al Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de los acuerdos del Parlamento

La consejera Sonia Gaya no ha demostrado al Parlamento el cumplimiento de los acuerdos sobre la Insepcción EFE

S.A.

El Defensor del Pueblo andaluz tramita una queja contra el Gobierno andaluz por incumplir los acuerdos adoptados hace un año por el Parlamento andaluz en materia de Inspección de Educación .

El acuerdo de la Cámara con fecha 20 de diciembre de 2017 mandataba al Gobierno andaluz reforzar las funciones de la Inspección educativa, favorecer la formación inicial y permanente de los inspectores de educación, desburocratizar el trabajo de la Inspección , recoger la participación de la Inspección en la formación permanente del profesorado, mejorar los medios y recursos , incluido el seguro de accidentes para los automóviles, que no se supere el 15% de plazas desempeñadas por inspectores provisionales, actualizar el complemento específico de los inspectores en los próximos presupuestos y que el colectivo esté representado en el Consejo Escolar de Andalucía .

Casi un año después ninguno de los acuerdos se ha cumplido por parte de la Consejería de Educación a juicio de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) , que impulsó la moción aprobada en el Parlamento.

El Reglamento del Parlamento de Andalucía recoge que, en el caso de que una moción prospere, la Comisión a la que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento. La consejería informó del seguimiento el 25 de mayo y su informe se debatió el pasado 11 de julio en la Comisión de Educación que con 9 votos frente 7 dictaminó que no se habían cumplido los acuerdos parlamentarios. El informe rechazado de la Consejera (que fue completado con otro de fecha 30 de agosto) se consideró por los afectados como un ejercicio de política banal, refiriéndose a generalidades y sin contestar en ningún caso a los puntos de la moción. Según USIE, «el acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía vincula a la Consejería de Educación política, ética y moralmente. Ante este flagrante incumplimiento del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía , nos preguntamos, si el gobierno andaluz no atiende el mandato del Parlamento, ¿con qué legitimidad va a exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes?

El presidente del Sindicato de Inspectores de Educación, que aglutina a más del 40% de la plantilla andaluza, planteó la queja al Defensor para denunciar el agravio e incumplimiento, pidiendo el amparo de la institución ante lo que define como «un grave y arbitrario atropello democrático».

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