La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, en la sala de la Audiencia de Sevilla
La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, en la sala de la Audiencia de Sevilla - EFE
Juicio de los ERE

La Junta pidió conocer el informe sobre los ERE de la Cámara de Cuentas por interés electoral

Una auditora admite que el documento sufrió variaciones y se suavizó el término «fraude de ley» por «uso inadecuado»

SevillaActualizado:

En marzo de 2012, como era inminente la celebración de elecciones autonómicas en Andalucía, la Junta de Andalucía quiso conocer las conclusiones del informe que estaba elaborando la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de las ayudas fraudulentas entre los años 2000 y 2010. Así lo ha admitido en la mañana de este lunes, Nuria Mendoza, una de las interventoras de la Cámara de Cuentas en el juicio de los ERE que sigue su curso en la Audiencia de Sevilla.

Durante la sesión número 71 del juicio que llevó al banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a 22 exaltos cargos de la Junta, la testigo ha explicado que, en marzo de 2012, cuando el Caso ERE estaba en plena fase de investigación, la Consejería de Empleo quiso conocer las conclusiones de ese informe de fiscalización porque «estaban previstas unas elecciones». La auditora, cuyo testimonio en el juicio se prolongará durante al menos dos jornadas, ha dicho que ese informe sufrió «algunas variaciones en el cuerpo del informe pero no en las conclusiones» y ha admitido que no ha habido «un informe tan complejo en la historia de la Cámara de Cuentas de Andalucía».

En el transcurso de su comparecencia, una jornada muy técnica en la que el fiscal anticorrupción sigue interrogando, las respuestas de la auditora ha vuelto a poner de manifiesto el descontrol en la Junta a la hora de repartir el dinero público y que los expedientes eran «una anarquia». La auditora ha dicho que las ayudas «no respondían absolutamente a ningún criterio» que cada una era distinta, que no había requisitos para pedirlas, ya que, de hecho, de 102 esxpedientes de ayudas sólo habia solicitudes en seis.

«Le pusimos el paraguas que había para las subvenciones excepcionales porque no había norma», ha explicado insistiendo también en ratificar el menoscabo de fondos públicos. Posteriormente ha admitido que hubo un «fraude de ley» en el uso de la transferencias de financiación y que esa palabra, que figuraba en los borradores, se sustituyó por «uso inadecuado» porque siempre en los informes intentaban «ser mas comedidos» y porque el pleno de la Cámara le quiso dar otra redacción. En esta línea ha recalcado que los expedientes tenían «muchas anomalías» y que el director general de Trabajo no tenía competencia para conceder esas subvenciones.

Pese a esas afirmaciones, la auditora ha testificado en otro momento que no hubo «ninguna directriz» a la hora de realizar el informe de fiscalización de las ayudas de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 y que éste no tuvo «ninguna modificación». En este sentido ha recalcado que los cuatro consejeros de la Cámara de Cuentas con los que trabajó se limitaban a contrastar el citado texto y luego elevarlo al pleno. Según ha testificado en ningún caso hubo «ningún tipo de interferencia» en el informe que hicieron.

La auditora de la Cámara de Cuentas, que realizaba los informes de fiscalización especificas del sector instrumental de la Junta de Andalucía, empresas y fundaciones y consorcios, ha ratificado su declaración ante el juzgado y ha dicho que «en ningún caso» en su trabajo tuvo que advertir al gabinete jurídico de la Junta porque detectara un supuesto de responsabilidad penal en las cuentas auditadas, como era preceptivo en esos supuestos.

Según su testimonio, lo que hacían eran informes que consistían en «una revisión formal de la rendición de cuentas realizadas por la Junta» y en el caso del que elaboraron sobre las ayudas de los ERE, se decidió formar un equipo «lo mas multidisciplinar posible».

Durante su comparecencia la auditora ha dicho que tenia la sensación de que estaban defendiendo las actuaciones de este periodo auditado ya que analizaron diez años de ayudas. Y que había muchos pagos que ni siquiera tenían expedientes. «Era una situación que estaba mantenida en el tiempo y que tenía que haber sido objeto de regulación específica», ha dicho. Además la testigo ha insistido en que la Consejería de Empleo decidió seguir pagando en el año 2011, cuando ya se habia conocido el escándalo de corrupción, y refinanciar las pólizas pese a que no habian seguido el procedimiento debido. En este punto la auditora ha cuantificado en 592 millones de euros la deuda de la Junta de Andalucía con las compañías de seguro. El juicio continúa.