El consejero Aquilino Alonso durante un reciente debate en el Parlamento de Andalucía
El consejero Aquilino Alonso durante un reciente debate en el Parlamento de Andalucía - RAÚL DOBLADO
SANIDAD

La Junta de Andalucía presenta una ley de salud sin fondos ni medidas concretas

Se acaba de empezar a debatir en el Parlamento entre las críticas de los partidos

SEVILLAActualizado:

El sistema público de salud de Andalucía será objeto de debate en el Parlamento durante los próximos meses porque el Gobierno andaluz ha presentado un proyecto de ley con el que pretende acallar la polémica sobre el modelo sanitario que se ha abierto en la sociedad civil. Con el nombre de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Junta ha elaborado un texto genérico que ha concitado duras críticas de todos los grupos políticos.

El texto normativo no incluye ningún tipo de memoria económica, a pesar de que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, defiende que es ambicioso y pretende garantizar la accesibilidad universal a la sanidad andaluza. Es más, ni siquiera obliga al Ejecutivo autonómico a fijar cada año una cantidad para estas políticas. En el artículo 11, la ley dice que se «dotará» de la financiación necesaria, es decir, deja a la voluntariedad del gobierno de turno los fondos públicos que se deben destinar.

Todos los grupos políticos del Parlamento, excepto el PSOE, apuestan por blindar la salud destinando un 6,5% del PIB a sufragarla. Los socialistas también comulgan con esta idea pero se resignan a ponerla como un compromiso por escrito.

La principal característica de la nueva normativa es que no pasa de ser una declaración de intenciones, sin respuestas concretas ni aclarar algunos aspectos complejos. De hecho, el texto de la ley ha sido modificado por el Gobierno andaluz después de que el Consejo Consultivo alertase de que se trataba de un texto programático y que incluía aspectos que afectan a la legislación estatal.

Los aspectos más controvertidos de la normativa son la subasta de medicamentos, que se mantiene como hasta ahora sin corregir los errores que se han detectado; la gestión de las listas de espera, para la que tampoco se ofrecen novedades; y los conciertos con los centros privados, si bien se afirma que no habrá copagos en Andalucía.

El PP andaluz pidió la devolución de la ley al Gobierno y que no se tramitase en el Parlamento pero se quedó solo ya que todos los partidos apoyaron que siguiera adelante aunque ya están trabajando en sus enmiendas. La diputada popular Lina García considera que la ley «no soluciona el problema sino que perpetúa el modelo socialista al que los andaluces han dicho no. La ley no aporta nada nuevo y no tiene en cuenta las aportaciones de diferentes colectivos a los que no se escucha».

Desde Podemos, Juan Antonio Gil, estima que es un buen punto de partida «pero queremos que la Atención Primaria tenga una financiación cerrada del 18% del gasto total en salud. Es la puerta de entrada y la más importante».

Hay que tener en cuenta que esta ley se ha elaborado porque forma parte del punto 9 del acuerdo en políticas sociales firmado entre el PSOE y Ciudadanos para la investidura de Susana Díaz. Aún así, a la formación naranja tampoco le convence su redación actual.