La Junta cambia la normativa de escolarización en Andalucía ante la llegada de la Ley Celaá
La Consejería de Educación lleva mañana al Consejo de Gobierno la variación en las puntuaciones y criterios de admisión en los centros educativos

La Consejería de Educación cambia la normativa de admisión en los centros públicos y concertados de Andalucía ante la entrada en vigor de la nueva ley orgánica de educación, la Lomloe, más conocida como Ley Celaá. Lo hará mediante un Decreto ley que ... está previsto que llegue al Consejo de Gobierno de la próxima semana, donde quedará aprobado. En el mismo, señalan fuentes del departamento que dirige el consejero Javier Imbroda, hay cambios tanto en los puntos como en los requisitos de acceso a los colegios .
Así, señalan desde Educación, para el próximo curso las familias no tendrán más de 14 puntos si quieren llevar a su hijo al mismo centro en el que ya estudie su hermano. Esto es así porque la Ley Celaá limita al limita al 30 por ciento la puntuación que se puede obtener por este criterio. Así, en Andalucía «con objeto de potenciar este punto, se le da la misma puntuación que al criterio de proximidad al domicilio familiar», indican desde la Junta.
En segundo lugar cambia la puntuación por discapacidad. Los niños que tengan «cualquier miembro de la unidad familiar» con esta condición tendrán prioridad de escolarización tanto si entran de forma ordinaria como si llegan al colegio durante el curso.
Además, si el alumno ha nacido en un parto múltiple, contará con un punto extra para su escolarización en el centro de elección de los padres. Por último, el Consejo Escolar tendrá la potestad para decidir en el proceso de admisión del alunnado. Esta prerrogativa era, hasta ahora, cosa del director del centro, pero la Ley Celaá ha cambiado este aspecto.
Lo que no cambia con la entrada en vigor de la Lomloe o del decreto de la Junta es la garantía de plazas en el sistema público andaluz -que desde Educación señalan que comprende tanto los centros públicos como los concertados, puesto que se financian con dinero público -; se sigue teniendo en cuenta el concepto de «demanda social», entendida como «la prioridad de elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos partiendo de la planificación que realice la administración»; y, por último, se mantiene «la especial atención» al alumnado «con necesidades específicas», señalan desde la Junta de Andalucía.
Así, se busca garantizar la escolarización de estos niños «mediante una reserva de tres plazas por unidad escolar », además de «recursos necesarios para su atención».
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