La presidenta de la Junta, Susana Díaz en un acto celebrado ayer en el Puerto de Santa María
La presidenta de la Junta, Susana Díaz en un acto celebrado ayer en el Puerto de Santa María

La Junta no exigirá ahora los 2.298 millones que le debe el Estado desde 2008

El consejero de Hacienda reclamará al ministerio una inversión en infraestructuras del 18%, correspondiente al peso poblacional

SevillaActualizado:

La Consejería de Hacienda tiene claras las cuentas. El Gobierno central adeuda a Andalucía un total de 2.298 millones de euros en inversiones desde el año 2008. Se trata de fondos que el Estado debería haber invertido en Andalucía para cumplir así lo que establece la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía: que la inversión del Estado corresponderá porcentualmente al peso poblacional de la comunidad autónoma, que ahora está en el 18% del total del territorio nacional.

Esta deuda se cuantifica sólo en inversiones y no tiene nada que ver con las demandas en financiación autonómica que están cifradas en 4.000 millones de euros, los fondos que faltan —según la Junta y también el Parlamento andaluz— para sufragar el coste de los servicios públicos que presta la Junta de Andalucía. Unas demandas que se analizarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de relación entre el Estado y las comunidades autónomas.

La cuantía que se calcula como deuca, 2.298 millones es una cantidad relevante, que supone el 1,6% del PIB andaluz según las propias cuentas de la Consejería de Hacienda. Sin embargo, el Gobierno andaluz no va a exigir al de Pedro Sánchez todos estos fondos en la reunión que mantendrá el consejero Arellano con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero el próximo lunes día 8 de octubre. Al menos, no lo va a hacer de momento ni planteando un plan de pagos en varios años.

La prioridad, según ha podido saber ABC, es el compromiso de que el Gobierno de Pedro Sánchez invierta en Andalucía el 18% del total de las partidas territorializables en los próximos presupuestos. Esto supondría un incremento de unos 300 millones de euros al año. Así, si en este 2018, los Presupuestos Generales del Estado están invirtiendo en Andalucía un total de 1.486 millones de euros, a esa cantidad habría que sumar 300 millones más para cumplir con el porcentaje real que supone la población andaluza en el conjunto del territorio nacional.

Y está será la principal reivindicación que plantee el consejero Ramírez de Arellano a la ministra María Jesús Montero en su encuentro del próximo lunes. «Queremos escuchar al ministerio y que se reactiven las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía», explicaba ayer a ABC un portavoz autorizado de la Consejería de Hacienda.

Estos fondos irían destinados a inversiones directas tales como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, las conexiones con Granada o la SE-40 de Sevilla.

Confianza

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, se mostró ayer convencido de que el Gabinete de Pedro Sánchez «cumplirá en materia de inversiones y proyectos de infraestructura porque es de sentido común y de justicia». Blanco además presionaba a la que hasta hace pocos meses era la consejera de Hacienda de Susana Díaz, María Jesús Montero, ahora ministra de Pedro Sánchez. «María Jesús Montero conoce perfectamente cuáles son las necesidades de Andalucía y estará en la solución de esos problemas».

El Gobierno andaluz también evitaba ahondar en las diferencias entre el mensaje oficial que transmite en este sentido y los temores del consejero Antonio Ramírez de Arellano, sobre todo en lo que se refiere al Corredor Ferroviario del Mediterráneo. «Es lógico que se reclame que el inicio de las obras sea en Algeciras que es lo que ha demandado el consejero de Economía y Hacienda».

Esta reclamación del Gobierno andaluz se enmarca en los acuerdos que el Ejecutivo central acaba de firmar con Cataluña en una comisión bilateral. En virtud de una disposición similar a la Disposición Adicional Tercera que está en el Estatut catalán se enmarca el pago de 1.459 millones de euros que el Ejecutivo central sí va a transferir a la Generalitat en un plazo de cuatro años. En el caso de Cataluña, el Estado debe invertir en infraestructuras lo correspondiente a su peso en el PIB nacional.

«No es no»

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, mostraba ayer una visión completamente distinta a la del Gobierno andaluz. «Sánchez es el presidente del no es no para Andalucía»; una posición negativa que tiene «en cada una de las reivindicaciones que se está haciendo por parte del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía».

Así, se refirió a las pensiones o la línea Algeciras-Bobadilla «de la que tanto ha hablado la presidenta andaluza, Susana Díaz, y que ahora pasa a ser el último tramo en ejecución y la última prioridad para el Gobierno de España». «Estamos viendo un Gobierno que todos los días dice no en mayúsculas a Andalucía y ante ese no tenemos una vez más una presidenta ausente, callada y cómplice», ha manifestado el líder del PP andaluz, apuntando que esa actitud negativa de Sánchez con Andalucía tiene que ver también con «la parálisis sin precedentes en el Ejecutivo andaluz que nosotros llevamos denunciando mucho tiempo, como ahora hace la CEA».