Susana Díaz durante su comparecencia en la comisión sobre el fraude en la Formación en 2016
Susana Díaz durante su comparecencia en la comisión sobre el fraude en la Formación en 2016 - Raúl Doblado
ANDALUCÍA

La Junta ha ocultado los escándalos de la Faffe durante la presidencia de Susana Díaz

Restringió el acceso a dos auditorías, incumplió su compromiso de investigar y negó irregularidades en el Parlamento

SevillaActualizado:

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que su Gobierno ha sido proactivo a la hora de denunciar las irregularidades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a la Justicia, un asunto que considera no le afecta políticamente ya que dicha entidad, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, fue disuelta en 2011, dos años antes de que accediera a la Presidencia de la Junta como consecuencia de la dimisión de José Antonio Griñán.

No obstante, en su relato oficial, Díaz obvia que el proceso de liquidación de la Faffe se prolongó hasta el año 2016 sin que se dieran detalles contables de la misma, y que anteriormente, bajo su presidencia, la Cámara de Cuentas desveló en 2014 que ese ente público no había justificado 50 millones de euros recibidos en subvenciones nominativas, entre otras irregularidades. La gestión de Faffe fue sometida a una auditoría realizada por ATD entre 2014 y 2016 cuyas conclusiones se trataron como información restringida por el Gobierno andaluz de tal forma que la Guardia Civil reclamó a la juez el pasado mes de junio, entre otras pruebas requeridas con antelación, tener acceso al documento «completo».

No es la única auditoría sobre el caso, ya que el exconsejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anunció otro procedimiento, posterior al informe de la Cámara de Cuentas, que se encargaría a Deloitte. En ambos casos, la elaboración de los informes se retrasó en demasía y su difusión fue reservada. Poco se sabe de la segunda. El Gobierno andaluz remitió a la comisión parlamentaria que en 2016 investigó el fraude de los cursos de formación de la Junta un informe «mutilado y maquillado», según denunció el PP, de la auditoría de ATD; que solo incluía 56 de sus 225 páginas.

Mientras el discurso oficial era «máxima transparencia y tolerancia cero contra la corrupción», el Gobierno socialista rechazaba todas las peticiones que sobre la documentación de la Faffe le realizaron en la Cámara. Principalmente la diputada del PP Teresa Ruiz -Sillero, que se dirigió hasta en cuatro ocasiones al presidente del Parlamento entre los años 2016 y 2017 reclamando copia de la auditoría de la Faffe, que le negaban reiteradamente y que solo pudo consultar por espacio de unas horas.

Mientras, en el plano judicial, el caso Faffe sigue una tortuosa tramitación, como prueban las repetidas peticiones de la UCO, el PP o la Fiscalía a la juez María Núñez Bolaños, para que acelere la instrucción y se obligue a la Junta a remitir la documentación requerida. La Junta está personada en la causa por lo que puede controlar los tempos del proceso judicial.

Aún así fue el PP el que, al hilo de declaraciones de testigos, destapó en mayo de 2018 la primera factura de la tarjeta de la Faffe en un prostíbulo. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, se limitó a decir entonces: «Espero que el PP tenga las pruebas». Las pruebas que tenía la Junta y que remitió al juzgado el 1 de junio. Once días después el consejero de Empleo, Javier Carnero, omitía los detalles al Parlamento sobre esos pagos.

Cabe plantearse como lógico que, en virtud del compromiso de «tolerancia cero contra la corrupción», la Junta hubiera inspeccionado por sí misma las cuentas de la Faffe a la vista de las revelaciones de la Cámara de Cuentas. Sería difícil que los llamativos pagos en prostíbulos con las tarjetas de la Faffe pasaran desapercibidas en el ámbito de la Administración. Aún así, la Junta nunca los hizo público y remitió los datos al juzgado siempre después de que se denunciaran públicamente.

Incluso después de conocerse el pago de 14.737 euros en el club Don Ángelo, el consejero ha venido negando que tuviera conocimiento de más cargos y más tarjetas en posteriores comparecencias parlamentarias, a pesar de la insistencia de la oposición. Así lo ha venido haciendo hasta la disolución de la Cámara en pleno escándalo y cuando había acuerdo de las fuerzas políticas de obligar a la presidenta Susana Díaz a comparecer ante una comisión de investigación que quedó sin efecto tras el adelanto electoral.

Hay otra dimensión del caso que implica igualmente a la presidenta Susana Díaz en el caso Faffe. Otra de sus líneas de investigación son los 8.844 contratos irregulares que realizó esta fundación de la administración paralela, entre los que constan numerosos casos de enchufismo de familiares de cargos públicos y mandos del PSOE andaluz. El director general de Faffe, Fernando Villén, a quien se atribuyen los gastos con tarjeta oficial en prostíbulos, fue secretario de Empleo en la ejecutiva del PSOE andaluz bajo la dirección de Manuel Chaves, hasta 2010. Susana Díaz fue secretaria de Organización de los socialistas andaluces entre 2010 y 2012, periodo en el que se produce el trasvase del personal de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo, que consolidó en el seno de la Junta esas sospechosas contrataciones.