Francisco Triguero y Mar Villafranca
Francisco Triguero y Mar Villafranca - ABC/EFE
CORRUPCIÓN

La Junta paga «sueldos» de 5.500 euros al mes a ex altos cargos imputados por no trabajar

Francisco Triguero y María del Mar Villafranca, investigados por fraude y malversación, cobran una asignación económica tras su cese

SEVILAActualizado:

Hace ya cinco meses que abandonaron su despacho oficial, desahuciados por una investigación judicial, pero la Junta de Andalucía les sigue pagando un «sueldo» sin tener que trabajar. La «cesantía», como se denomina la asignación económica que aprobó el Parlamento andaluz en 2005 para todos los altos cargos por razón de su cese, triplica el salario medio brutode un español (1.634 euros mensuales). En esta situación se encuentran la anterior directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca Jiménez, y Francisco Andrés Triguero Ruiz, exsecretario general de Universidades, ambos imputados, que cobran 4.904,20 y 5.528,09 euros al mes, respectivamente, de las arcas autonómicas desde que dejaron sus puestos el pasado mes de julio.

Villafranca dimitió el pasado 7 de julio después de que la Fiscalía de Granada presentara una querella contra ella por un supuesto fraude de 5,4 millones en la explotación del servicio de alquiler de audioguías del monumento más visitado de España, que atrae a 2,4 millones de turistas al año. Según la relación de altos cargos que cobran cesantías a fecha del 1 de septiembre de 2015, publicada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el Portal de Transparencia de la Junta, la directora de la Alhambra durante los últimos once años, tiene reconocido el cobro de 4.904,20 euros al mes durante doce meses a contar desde el día siguiente a su renuncia.

Precisamente en el mes de julio, el Juzgado de instrucción número 4 de Granada abrió diligencias contra la directora de la Alhambra y cinco personas más para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales recogidos en la querella, «sin perjuicio de ulteriores calificaciones».

En lo que respecta a Francisco Andrés Triguero Ruiz, fue relevado del cargo de secretario general de Universidades, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el pasado 14 de julio. Está acusado de cometer un posible fraude al haber autorizado con su firma una ayuda de 15,5 millones de euros para construir y equipar un edificio en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga destinado a albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía, según la investigación que lleva a cabo el juzgado de instrucción 9 de Málaga y que fue abanderada por la Fiscalía. «El I2BC (el acrónimo que utilizaba el Instituto para referirse a sí mismo) nace con la voluntad de contribuir al bienestar de todas las personas del mundo», recogía entre sus principios.

Desde que el Gobierno andaluz prescindió de Triguero, la Administración autonómica le abona 5.528,09 euros al mes. Tiene reconocido el derecho a cobrarlo durante once meses, que concluyen en mayo de 2016.

Angelina María Ortiz Río, que también cesó como directora general de Economía Social de la Junta a mediados de julio, estuvo cobrando durante tres meses una asignación mensual de 4.480,88 euros. Ortiz declaró el pasado 25 de abril en calidad de imputada por la juez Lourdes del Río, que instruye el caso de corrupción denominado Bahía Competitiva, el programa con el que se pretendía reindustrializar la zona tras el cierre de Delphi en la Bahía de Cádiz. Varios documentos apuntaban a que Ortiz, entonces delegada provincial de Innovación, era conocedora de todo el proceso de concesión de ayudas fraudulentas. La exdirectora general declaró a la juez que nunca interfirió en las baremaciones para financiar los proyectos.

Regulado por ley

El cobro de cesantías viene estipulado por la Ley 3/2005, de 8 de abril, que regula las Incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los altos cargos y otros cargos públicos, una norma aprobada en la era de Manuel Chaves. La ley no impide percibir estas asignaciones a los cargos que estén inmersos en procesos judiciales. Por tanto, su cobro es totalmente legal.

En su artículo 24, la norma estipula que «las personas que cesen como titulares de los Centros Directivos de los Servicios Centrales de las Consejerías y de los organismos autónomos, así como de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía tendrán derecho a percibir, desde el día siguiente en que se produzca el cese, una asignación económica mensual igual a una mensualidad de las retribuciones fijas y periódicas del cargo en que se cesa por cada año de servicio prestado de forma continuada o con interrupción, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce».

Para calcular la asignación se tienen en cuenta los trienios que los altos cargos pudieran tener reconocidos como personal funcionario o personal empleado al servicio de cualquier Administración. Asimismo, se estipula que «el derecho a la asignación económica a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior decaerá en el momento en que, dentro del período en que la perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público».