Junta y alcaldes tiran de la obra pública, que bate el récord de la década en Andalucía

Tras una larga travesía por el desierto —ha habido ejercicios en los que la cifra de inversión global ni siquiera se acercó a los 1.000 millones— en 2019 comenzó una remontada que ahora se ha consolidado definitivamente con una cifra que apunta ya a los 3.000 millones, según el último informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública ( Ceacop ). «Este importe es el nivel mínimo que Andalucía necesita para mantener sus infraestructuras, completar la red de comunicaciones, dotarnos de equipamientos sanitarios y educativos de calidad y crear nuevo empleo», según afirma Ana Chocano , presidenta de esta patronal.

Los brotes verdes llegaron ya en 2019 , cuando se sobrepasó la cifra de los 2.000 millones. En 2020 el covid produjo una ralentización en la administración y, con ello, una caída puntual en las adjudicaciones de obra pública (el año concluyó en 1.723 millones). Pero el pasado ejercicio se recuperó todo el terreno perdido con un crecimiento del 62% (hasta situarse en los citados 2.797 millones).

¿Qué administraciones son las responsables de este crecimiento de la obra pública? El gran tirón de la inversión se explica por el papel de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía , que copan más del 70%del importe total (los entes locales adjudicaron 1.020 millones y el Gobierno autonómico 998,3 millones). En ambos casos están en los mayores niveles de los últimos diez años.

El Estado también ha crecido, pero a un ritmo más moderado, y aporta 545 millones (rozando así el 20% del total). En este caso el informe de Ceacop se muestra crítico, ya que señala que «el Gobierno central realiza una inversión muy por debajo de las necesidades de infraestructuras en Andalucía». Y junto a ello, recuerda que la situación se agrava dado que «desinvirtió 436 millones al rescindir el contrato de los túneles de la circunvalación SE-40 en la provincia de Sevilla, reduciendo aún más las escasas aportaciones estatales en Andalucía, y privando así a la región de una infraestructura fundamental que beneficiaría también a la conexión entre las provincias de Cádiz y Huelva». Por último, las Diputaciones Provinciales (con un 5,8%) y las Universidades andaluzas (2,2%) completan el resto de la tarta.

¿Qué organismos autonómicos han llevado a la obra pública a batir el récord de la década? Hay dos consejerías que explican el crecimiento de la inversión del Gobierno andaluz. En primer lugar está la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenibl e, que se sitúa en el número uno del ránking inversor (con 373 millones) gracias al desarrollo de proyectos de infraestructuras del ciclo integral del agua y, muy especialmente, en el área de depuración y saneamiento.

En segunda posición figura Fomento , que desembolsó 308 millones en 2021 (en su mayor parte destinados a la conservación de carreteras y los metropolitanos). Dado que se están reactivando iniciativas como una nueva línea de metro en Sevilla, esta cifra debería incrementarse en los próximos años.

El covid también ha tenido una incidencia clara la mejora acelerada de las dotaciones sanitarias . Esto explica que la Consejería de Salud incrementara su gasto para rehabilitar y mejorar centros hospitalarios (destinó 178 millones). Y completa la lista la cartera de Educación y Deporte, que adjudicó actuaciones por valor de 84 millones para la mejora de colegios.

El estudio de Ceacop destaca que la Junta de Andalucía le adjudicó el 56% de los contratos a empresas andaluzas y el resto a compañías de fuera de la comunidad.

En cualquier caso, fueron las entidades locales las que más invirtieron en conjunto. Los ayuntamientos son además las administraciones que cuidan más al tejido de sus respectivas provincias (suelen ser, también, obras de menor tamaño). El pasado año prácticamente el 65% de las actuaciones se encargó a firmas de la comunidad. Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla (con un 36,8%) y Málaga (con un 24,4%) coparon más de la mitad de la inversión municipal.

En un momento en el que el sector de las infraestructuras vuelve a tener un nivel de inversión razonable, el principal peligro para el sector es el impacto del alza de las materias primas . El Gobierno central realizó un primer decreto para tratar de paliar este golpe, que las patronales han considerado insuficiente. La Junta ha completado esta regulación con otro decreto en el que prevé acomodar los precios al alza en una horquilla entre el 10 y el 20%, el tope máximo que impone el Estado (y que aún debe ser convalidado). Este sobrecoste se pagaría en la certificación final de las distintas fases de la obra, lo que permitirá así al Ejecutivo andaluz repartir el impacto a lo largo de los presupuestos de los próximos años.