Imagen del juez de familia en excedencia forzosa Francisco Serrano, en el último Pleno del Parlamento
Imagen del juez de familia en excedencia forzosa Francisco Serrano, en el último Pleno del Parlamento - Juan Flores

Licenciados en Filosofía y Letras valoraron casos de violencia de género

El presidente del grupo parlamentario Vox, Francisco Serrano, pide más datos de otras contratas de la Junta

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De los 29 psicólogos que hicieron informes de valoración sobre casos de violencia de género entre los años 2012 y 2019 en Andalucía, no todos eran licenciados en Psicología. Siete de ellos eran en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Educación, rama psicología. En los años 70 no había una licenciatura de Psicología específica y se estudiaba como cátedra complementaria en estas dos carreras. Luego, se creó como carrera específica y propia, no de forma parcial. Para el impulsor de la iniciativa de pedir los datos a la Junta sobre la titulación y colegiación de los trabajadores que emiten informes sobre la violencia de género para los juzgados, el presidente del grupo parlamentario Vox, Francisco Serrano, no hay lugar a dudas: «En las unidades de valoración no puede trabajar cualquiera, tiene que ser no solamente un psicólogo colegiado, sino que además sea psicólogo clínico; es muy delicado el tema para que lo dejemos en manos de advenedizos».

«Si no hay colegiación no se pueden exigir responsabilidades», argumenta Francisco Serrano

Además, de los 29 licenciados, sólo un poco más de la mitad están colegiados, 17, como adelantó este periódico en abril de este año. Para Serrano la colegiación, que es obligatoria por ley y por sentencia del Tribunal Constitucional sobre los funcionarios públicos, no es un tema baladí. «Si no hay colegiación no se pueden exigir responsabilidades si se infringen códigos deontológicos. Un psicólogo clínico sigue una metodología cuando valora un caso de violencia de género. Si se equivoca o actúa interesadamente para una parte se le puede demandar a su colegio una sanción disciplinaria que incluso le suponga la suspensión del ejercicio profesional», argumenta el juez de familia en excedencia forzosa por dedicarse a la política.

De 53 médicos forenses sólo 22 son funcionarios

Otro de los datos relevantes de las respuestas que le han hecho llegar a Vox desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en manos de Ciudadanos, es la relativa a los médicos forenses. De los 53 que trabajan para los juzgados de violencia de género en Andalucía, sólo 22 son funcionarios de carrera, el resto son interinos. Además, y esto sí ha llamado la atención porque se daba por hecho que no sería así, sólo están colegiados 35 galenos. Cabe recordar que el titular de esta consejería, el vicepresidente Juan Marín, ya anunció que a partir de ahora, con su gobierno, sería obligatoria la colegiación.

Sobre los equipos psicosociales que trabajan con las víctimas de la violencia de género, entre los años 2012-2019, hay 106 psicólogos, seis en Filosofía y Ciencias de la Educación. La proporción de colegiados es más alta que los de valoración: 81. Sin embargo, la temporalidad es para el presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía preocupante, «79 son de contratación externa». «Pedimos los datos de Taxo [la adjudicataria del concurso público de peritaciones judiciales, que es una filial del grupo Tinsa de valoraciones inmobiliarias] y lo hemos vuelto a hacer con la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato Infantil (Adima) y de su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (Eicas), que tienen contratos con la Junta», señala a este periódico. «Tenemos sospechas de que sus empleados no cuentan con una trayectoria específica de psicología clínica o una formación de postgrado para estos temas de 400 horas, en el que al menos cien sean prácticas, como marca la normativa», añade Serrano.

El bucle de la mala praxis

«Como los políticos no han pisado un juzgado nada más que cuando les han imputado por un escándalo, desconocen la gravedad de lo que sucede en ellos. Si un falso psicólogo emite un informe también falso sobre la violencia de género el perjudicado reclama como un error judicial y la Justicia le responde que es un error administrativo y así entra en un bucle del que es casi imposible salir», argumenta el magistrado en excedencia de la formación de la nueva derecha. «Estamos convencidos de que la mayoría de los informes están bien hechos, pero no podemos permitir que se den situaciones como las vividas en el caso de Juana Rivas, donde los malos consejos de ideología de género la empujaron al desastre», concluye el presidente de la formación de Abascal en el Parlamento.

La vicepresidenta Calvo pide más «firmeza»

Por otro lado, la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado de «preocupantes» las peticiones de identificación de empleados contra la violencia de género de la Junta de Andalucía, a la par que ha pedido al Gobierno andaluz que sea «más firme». En una publicación de la red social Twitter, Calvo ha pedido firmeza a la Junta «en defensa de su profesionalidad» dado que «está en cuestión la seguridad de las mujeres».