La juez Núñez, en la concentración de jueces y fiscales a las puertas de la Audiencia de Sevilla
La juez Núñez, en la concentración de jueces y fiscales a las puertas de la Audiencia de Sevilla - J.M. Serrano
Tribunales

Maniobra de la juez Núñez para expulsar al PP de causas de corrupción de la Junta de Andalucía

Le impone una fianza de 12.000 euros en el caso Faffe y alega que su acusación es «innecesaria» tras cambiar el gobierno

SevillaActualizado:

La instrucción de las causas de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía se ha convertido en algo parecido a un combate de boxeo en el que en lugar de golpes se intercambian escritos cargados de metralla jurídica. A un lado de este «cuadrilátero» judicial se sitúa la juez María Núñez Bolaños y buena parte de las defensas, que han visto en ella a una aliada. En medio está la acusación que ejerce la Junta, gobernada desde enero por el PP y Ciudadanos. En el otro rincón del «ring», los fiscales y la acusación popular del PP andaluz, que cuestionan la manera de instruir de la magistrada, su exclusión masiva de políticos en piezas separadas del caso ERE, sus más de 34 archivos por caducidad de delitos, el retraso de las diligencias, la falta de imputaciones...

Es una espiral que viene de lejos, pero parece haber cruzado una línea de difícil retorno esta misma semana. La Fiscalía Anticorrupción ha explotado. En un escrito del 3 de mayo elevado al juzgado, denuncia la «pasividad evidente» de la juez ante las prescripciones en una de las piezas sobre ayudas irregulares en las que se ha parcelado la macrocausa penal de los ERE. Dos fiscales se quejan de que, pese a sus constantes avisos para que actuara ante la próxima caducidad de los hechos, Núñez terminó archivando la causa sin hacerles caso. «Simplemente, deja pasar el tiempo», exponen en un escrito muy crítico.

En otro giro inesperado, de forma extemporánea, Núñez Bolaños acaba de imponer al PP andaluz el pago de una fianza de 12.000 euros para seguir personada como acusación en tres piezas del caso Faffe después de tres años de instrucción. Otra de las investigaciones, que no se vería afectada por esta medida, se centra en los pagos en prostíbulos con tarjetas oficiales de la fundación. En el caso Faffe se analizan los contratos irregulares realizados por esta fundación que se financiaba con subvenciones para impartir cursos de formación a los parados andaluces.

En esta entidad pública acabaron trabajando al menos 200 cargos con vínculos con el PSOE, según la Guardia Civil, además de hijos, cuñados, conocidos del partido y de sindicatos, algunos «con tareas improductivas» y sueldos de 4.000 euros al mes. La exigencia de fianza se produce después de que la letrada del PP Lourdes Fuster pidiera indagar en los «enchufes» en la Faffe. Núñez se negó a hacerlo, pero no la Fiscalía.

Toda esta maniobra de la juez tiene un objetivo apenas velado: expulsar de distintas diligencias de corrupción a los letrados del PP, con quienes mantiene un enfrentamiento abierto desde hace años. El choque de trenes se ha visto acrecentado después de que esta acusación elevara quejas al Poder Judicial por haberse filtrado el archivo del caso Formación antes de las elecciones y, sobre todo, tras denunciar que una cuñada de la juez trabajaba en una agencia pública, IDEA, que estaba siendo investigada en una causa que cuadriplica en volumen de fondos públicos a los 741 millones del caso ERE.La Audiencia archivó en noviembre de 2018 la recusación planteada para apartarla. Pero la guerra fría ha continuado a través de una ofensiva de recursos y peticiones de diligencias que, en su mayoría, la juez ignora.

Acusación «superflua»

En un auto del 28 de mayo al que ha tenido acceso ABC, la juez justifica la fianza alegando que la acusación que ejercen los letrados del PP-A es «innecesaria» y «superflua» tras el cambio de gobierno en Andalucía y que tiene «intereses ajenos a la defensa de la legalidad que justifica el establecimiento de una fianza que garantice los resultados del proceso y los derechos fundamentales de los investigados».

Sin perder de vista el mapa de poder que dejaron las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la instructora juega a la confusión entre el partido, el PP, y la institución que gobierna, la Junta de Andalucía, que ejercen acusaciones distintas en el caso Faffe. Señala que está «en la Junta y, por tanto, en manos del PP-A, toda la documentación a investigar».

Esta fianza llega después de una decisión controvertida de los letrados de la Administración autonómica, que ha obligado al Gobierno del PP y Cs a lidiar con contradicciones. La juez Núñez dio carpetazo al llamado caso Avales el pasado lunes, después de que la Junta pidiera exculpar a los ex altos cargos imputados en este proceso. Una decisión que el Ejecutivo ha justificado asumiendo la misma estrategia jurídica de los gobiernos socialistas. Los casos de corrupción provocaron un gran dolor de cabeza a los anteriores dirigentes de la Junta y se convirtieron en un arma política afilada en manos del PP para desgastar a la hegemonía socialista.

Para justificar la fianza, la juez se apoya también en los «indicios de una posible filtración» desde el despacho de los abogados del PP-A, «a un medio de prensa» del vídeo de la declaración en instrucción del ex director de la Faffe, Fernando Villén. La letrada del PP ha pedido amparo por esta acusación al Colegio de Abogados de Sevilla y se ha quejado de que la juez intenta «coaccionar» su labor.

Núñez afirma que la imposición de una fianza «no es contraria al ejercicio de la tutela judicial efectiva siempre y cuando la cuantía no impida el efectivo acceso». Para calcularla ha tenido en cuenta que son «numerosos los sujetos investigados, y que algunos de ellos ocuparon cargos del PSOE andaluz».

Núñez le da 30 días de plazo al PP para haga efectivo el ingreso en una cuenta del juzgado. De lo contrario, será apartado definitivamente de la causa. Cabe recurso contra esta decisión pero hasta que no la deposite esta acusación queda desactivada. Entre otros argumentos, la magistrada se ampara en variada jurisprudencia y en un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal elaborado por el que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, para prohibir que los partidos políticos ejerzan la acción popular. La única pega que el referido borrador nunca fue aprobado.