Mantener a los más de mil ‘enchufados’ de la fundación Faffe cuesta 30 millones al año a los andaluces

En respuesta a una pregunta formulada por este periódico a través del Portal de la Transparencia, el director del SAE, Miguel Ángel Terrero Prada , cifró en 30.374.603 euros la partida del capítulo de personal destinada a «sueldos, salarios y asimilados» de los 1.071 efectivos procedentes de la extinta Faffe que trabajaban en la agencia autonómica en 2019, coincidiendo con la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía .

En la actualidad, continúan en nómina 1.064 de la antigua fundación , que hizo el 60% de sus contrataciones sin la publicidad debida, según detalló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un atestado entregado al juzgado que investiga las irregularidades cometidas en la Faffe, encontró al menos a 200 trabajadores con vínculos con el PSOE y los sindicatos, algunos de ellos «con tareas improductivas».

Diez años después de su integración en el SAE, estos efectivos están infrautilizados, según ha puesto de manifiesto una auditoría de PricewaterhouseCooper realizada por encargo del nuevo Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos para radiografiar 54 entidades públicas creadas durante los 37 años de mandatos del PSOE . Los laborales procedentes de la extinta fundación, catalogados con el eufemismo de «personal laboral propio», carecen de potestades públicas para tramitar ayudas, uno de los principales cometidos que tiene el Servicio Andaluz de Empleo, junto con el de procurar formación y orientación a los parados.

«Esta problemática impide al SAE la utilización efectiva de todos los recursos humanos con los que cuenta, al no estar claramente definidos cada puesto de trabajo y el tipo de personal que puede realizar cada tarea», advierten los auditores. El informe también se hace eco de la tensa «convivencia» entre el personal de los entes extinguidos y otros trabajadores de la agencia, al disfrutar de salarios, condiciones y convenios más ventajosos. Las tareas desempeñadas por los primeros son una fuente permanente de conflicto. Tanto el Sindicato Andaluz de Funcionarios como CSIF han denunciado, a través de sucesivos escritos, que el personal de la Faffe hacía tareas que no le correspondían e incluso consultaba vidas laborales de usuarios de las oficinas de empleo «mediante la utilización de claves de acceso, ya sea indebidamente concedidas o prestadas».

El problema viene heredado del anterior Gobierno de Susana Díaz , que ya trató de buscar una salida airosa al millar de trabajadores sin tareas ni potestades públicas para realizarlas. Para salir de este laberinto, optó por asignar cometidos a estos trabajadores que legamente no podían ejecutar. Miguel Ángel Vázquez, antiguo portavoz del Ejecutivo socialista, alegó ya en el año 2016 que « no podemos permitir que haya personal mano sobre mano ».

Desde la actual Consejería de Empleo son conscientes de esta situación y han esgrimido que dejar sin tareas administrativas a este personal causaría «un perjuicio mayor», porque paralizaría el funcionamiento de una agencia decisiva para la recuperación económica . El SAE ha pasado de ser el epicentro de los casos de corrupción más graves que han salpicado a los gobiernos socialistas (ERE, Formación, Fundación Faffe, entre otros) a concentrar la gestión de 2.000 millones de euros a través de diferentes programas de ayudas para autónomos, empresas y trabajadores golpeados por la pandemia del Covid.

Despedir a los ‘enchufados’ de la Faffe tampoco está encima de la mesa del Gobierno del PP y Ciudadanos, que aduce dificultades jurídicas. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs) manifestó que despedir a personas que llevan años trabajando para distintas entidades públicas –pendientes de su extinción tras las auditorías– «cuesta un dinero». Existe el riesgo de que los despedidos puedan recurrir ante los juzgados sus ceses y lograr la readmisión. La Junta «no va a poner a nadie en la calle que tenga un derecho adquirido », garantizó el ‘número dos’ del Gobierno.

El informe de la auditora recomienda al SAEque implante un catálogo de puestos de trabajo que « permita una planificación estratégica de recursos humanos , y donde se establezca y aúne la totalidad de los puestos de trabajo necesarios». El gerente ya avanzó en 2019 que está elaborando una relación de los perfiles profesionales precisos para desempeñar cada puesto.