El Ministerio de Trabajo revisará las prejubilaciones de Minas de Río Tinto
Valeriano Gómez, junto a José Antonio Griñán y Manuel Recio, ayer, en Sevilla, frente a los representantes de la CEA, CC.OO. y UGT - J. M. SERRANO

El Ministerio de Trabajo revisará las prejubilaciones de Minas de Río Tinto

Valeriano Gómez y el expresidente de la Junta Manuel Chaves habrán de responder hoy en el Senado a preguntas del PP sobre las irregularidades

e. f.
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sevilla Actualizado:

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, anunció ayer en Sevilla que su departamento revisará el plan de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía en 2003 en Minas de Río Tinto, tras las informaciones «que han salido en la prensa», dijo, en alusión a las publicadas en ABC sobre las prejubilaciones amañadas por la Administración autonómica y los sindicatos en esta empresa onubense.

La apertura de la investigación se produce después de que este periódico denunciara cómo se alteraron las vidas laborales de cientos de empleados para que pudieran acogerse a la prejubilación, en algunos casos con menos de 45 años. Para ello, la Junta y los sindicatos presuntamente asignaron a los trabajadores años de trabajo irreales en los puestos más duros de la mina, los cuales están bonificados para el cálculo de la cotización. La empresa propietaria del yacimiento se negó a firmar el expediente, que sí fue apoyado por los representantes sindicales y de la Junta de Andalucía.

El Gobierno central anuncia la apertura de las indagaciones después de que el PSOE haya desestimado en el Parlamento andaluz instaurar una comisión de investigación para aclarar las irregularidades detectadas en la política de Empleo de la Junta de Andalucía.

En una comparecencia tras reunirse en el palacio de San Telmo con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los máximos responsables de la CEA, Santiago Herrero, y de los sindicatos CC.OO.,Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, el ministro anunció igualmente que se investigarán todos los ERE realizados en Andalucía en los últimos años y en los que haya tenido alguna participación el Gobierno central. Gómez insistió en que los ERE no los aprueba el Ministerio salvo que afecten a varias comunidades autónomas o a empresas públicas de gran tamaño. También interviene el Ejecutivo central en los ajustes laborales que hayan necesitado «apoyo y financiación del Presupuesto del Estado» o en las «muchas ocasiones» en que los ERE «llevan aparejados el reconocimiento de prestaciones de jubilación o pensión, que tiene que autorizarlo la Seguridad Social o el Servicio Estatal de Empleo». Respecto al caso de Minas de Río Tinto, aclaró que, en todo caso, si hubiese que revisar alguna de las prestaciones autorizadas en Riotinto, «tendría que ser por decisión de los tribunales de lo Social», no de la Administración, al tratarse de pensiones.

Por otra parte, hoy en el Senado el ministro de Trabajo y su compañero de Gabinete Manuel Chaves, titular de Política Territorial, tendrán que responder a preguntas del PP sobre las irregularidades en los ERE andaluces. El senador Rafael Salas pedirá a Chaves, vicepresidente tercero, que explique si ha existido «la suficiente coordinación» entre la Administración General del Estado y la Junta para detectar las irregularidades encontradas en los expedientes.

Gómez, que mantuvo ayer su primera visita institucional en Sevilla con el presidente andaluz desde su nombramiento, compareció junto al consejero de Empleo, Manuel Recio, quien dijo que la comisión interna de la Administración andaluza sobre los ERE irregulares va «a toda máquina», aunque aún no ha detectado más anomalías después de confirmar que hay 39 personas intrusas en los expedientes, los cuales reciben prestaciones públicas sin corresponderles. Recio insistió en que se están analizando los «expedientes vivos» —los que todavía se están pagando— para que en el caso de que se detecte algún infiltrado se pueda llevar el caso a la Justicia y «reclamar «hasta el último céntimo» defraudado.