Multas, denuncias y expedientes para frenar el urbanismo salvaje en Andalucía

Mientras los diputados iban perfilando los flecos de una norma muy demandada por los alcaldes de casi todos los colores políticos, la Consejería de Fomento ha ido intensificando las inspecciones urbanísticas en colaboración con las policías locales, la Guardia Civil y el cuerpo de inspectores de la Junta.

Así, durante e ste último año 2021 se han superado las actuaciones de 2019 y 2020 y suponen más del triple que el total de 2018, último año de la legislatura anterior (con un incremento del 317%). El trabajo de estos funcionarios se ha centrado en inspecciones, investigaciones, denuncias, expedientes sancionadores, multas, precintos e información a los juzgados de los casos más graves. Ha sido un salto cuantitativo que ha ido preparando el terreno para la entrada en vigor de una ley cuyo espíritu es acabar definitivamente con el urbanismo salvaje que amenaza el medio ambiente andaluz, sobre todo en la costa. Durante 2021 se han levantado un total de 783 actas de inspección (el dato contrasta con las 164 contabilizadas en todo el año 2018) y se han precintado 93 edificaciones en construcción el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable. En el año 2018 no se precintó ninguna edificación.

Las sanciones económicas han sido uno de los pilares de este plan de la Consejería de Fomento. Llama la atención el aumento de expedientes sancionadores incoados en el año que acaba de terminar, 192 que contrasta con la cifra de 25 y 22 expedientes incoados los años 2018 y 2019, respectivamente). La cuantía de expedientes sancionadores iniciados y de multas impuestas hasta en 2021 ronda los 4,8 millones de euros, con lo que se supera la cifra de 4 millones de euros en multas por segundo año consecutivo.

Aunque la construcción fuera de la ordenación urbanística se extiende por toda Andalucía, los problemas asociados a las parcelaciones y los procesos de ocupación irregular del suelo es especialmente grave en la provincia de Cádiz . La Inspección de la Consejería de Fomento ha llevado a cabo actuaciones a las que ha dado trascendencia pública con la finalidad de concienciar a la ciudadanía. Así, del 28 al 30 de junio de 2021 se precintaron 35 parcelas de terrenos donde se estaban construyendo viviendas en suelo no urbanizable en La Línea de la Concepción (en el barrio conocido como El Zabal Bajo) y en Arcos de la Frontera. Además, se han iniciado procedimientos sancionadores frente a los parceladores por cuantía aproximada de 3 millones de euros.

En la localidad de El Palmar de Vejer, los propietarios de viviendas precintadas hicieron caso omiso al cierre de las mismas y las alquilaron a turistas extranjeros que vieron cómo la Guardia Civil y los inspectores de la Junta los obligaban a abandonar las casas que habían alquilado. El resultado han sido multas coercitivas de hasta 24.000 euros cada diez días por rotura de los precintos.

Muy cerca de estas viviendas, la Junta también ha precintado 48 parcelas en una macrourbanización ilegal en Barbate , una actuación que se llevó a cabo tras hacer inspecciones con drones ya que los altos muros de las parcelas impedían ver desde la calle las grandes construcciones que se estaban levantando. Y, además, a un ritmo muy rápido ya que se estaba parcelando de forma ilegal una finca muy extensa.

En las últimas dos semanas se han iniciado nueve expedientes sancionadores a otras tantas nuevas parcelaciones ilegales detectadas en el suelo rústico de El Palmar. De conformidad con los principios de programación y planificación por los que se rige la inspección, se está realizando un minucioso examen de la ortofotografía digital disponible, y ya se están investigando nuevas actuaciones que podrían ser objeto de expedientes disciplinarios en 2022.

Una de las primeras consecuencias de esta campaña contra el urbanismo salvaje es que se han comunicado a la Junta autodemoliciones voluntarias de edificaciones ilegales en todas las provincias andaluzas. Se trata de una medida que evita las sanciones urbanísticas y las multas que acarrean a quienes han transgredido las normas urbanísticas.

La nueva Ley de Urbanismo refuerza las inspecciones con el objetivo de evitar la construcción de nuevas viviendas ilegales. Así, incluye la creación del cuerpo de subinspectores que tendrán potestad para actuar de oficio. Porque la nueva norma refuerza el papel de la inspección permitiendo que los funcionarios de la Junta actúen directamente (sin necesidad de justificar la inactividad de los Ayuntamientos como sucedía con la legislación que se acaba de derogar), sobre todo ante determinadas actuaciones que vulneran la ordenación territorial, esto es, ante aquellas actuaciones ilegales que tienen trascendencia supralocal (suelos preservados, parcelaciones en suelo rústico, zona de influencia del litoral…).

La nueva norma agrupa en un único articulado todo el marco jurídico en materia de ordenación del territorio que estaba disperso en diferentes normativas. Además, trata de ajustarse a la legislación básica en materia de suelo y delimita claramente las competencias municipales y las autonómicas. Todavía faltan por conocer los reglamentos que la desarrollan y que son claves para su aplicación aunque la previsión es que estén listos en seis meses.

La Ley del Suelo introduce novedades de calado, como una nueva clasificación del suelo que sustituye la tradicional división entre urbano, urbanizable y no urbanizable. Plantea un modelo con dos clases de suelo: urbano –donde se eliminan las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado– y rústico , en el que se reconocen otros usos además del agropecuario, además de simplificar los trámites para las autorizaciones en esta clase de suelo.