Juan Marín y Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz
Juan Marín y Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz - EFE/ Julio Muñoz
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Nuevo Gobierno en Andalucía: Empleo, menores, sanidad, dependencia... y sin Presupuesto

El Gobierno de Susana Díaz deja pendiente temas importantes como la resolución de las oposiciones, la renta mínima o la influencia del Brexit

SevillaActualizado:

La salida abrupta de Susana Díaz del Ejecutivo andaluz deja pendientes muchos asuntos urgentes a los que tendrá que hacer frente el Gobierno del cambio para que Andalucía siga funcionando al margen de las decisiones políticas que quiera tomar el Gabinete de Juanma Moreno y Juan Marín. Y el primero es el Presupuesto para 2019. A día de hoy, la Junta está trabajando con las cuentas prorrogadas del ejercicio anterior ya que el último consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, no ha presentado ni siquiera un anteproyecto de Ley de Presupuesto en el Consejo de Gobierno.

Susana Díaz pensaba adelantar las elecciones y no se tomó mucho interés en negociar el Presupuesto con Ciudadanos, tal vez porque pensaba que podría sacarlo adelante en solitario. Eso sí, adelantó que el Presupuesto sería «expansivo» y contaría con 1.100 millones de euros más para este ejercicio. Pero las circunstancias han sido otras y ahora corresponderá al nuevo equipo de Hacienda -que deberá primero aterrizar en la consejería- poner en marcha unas cuentas que, además, vendrán marcadas por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido hay que tener en cuenta una variable importante. PP y Ciudadanos se han comprometido a bajar los impuestos en los primeros cien días de Gobierno, lo que supondrá una merma en los ingresos de la administración que también habrá que tener en cuenta.

Al margen de las cuentas públicas, que son desde luego el asunto más urgente del próximo Gobierno, hay varios proyectos que necesitan de una solución política prioritaria. Y los relativos a las políticas sociales son los más acuciantes porque afectan a la vida diaria de los andaluces, porque son temas sensibles y, además, porque han sido un pilar fundamental del desgaste del Ejecutivo socialista tras 36 años de Gobierno.

El primero de ellos es la lista de espera de la Dependencia. Resulta difícil saber con exactitud cuántas personas tienen reconocido el derecho a las prestaciones que contempla esta normativa y no las están percibiendo. La última noticia al respecto facilitada por el Gobierno de Susana Díaz fue la incorporación de 17.000 personas al sistema. Pero no se sabe cuántas están a la espera de hacerlo.

A estas listas se suman las de los andaluces que todavía no han sido valorados por los servicios de la Junta y no saben si tienen derecho o no a estas prestaciones.

El PP y Ciudadanos han censurado en numerosas ocasiones estas prácticas y se han comprometido a poner en marcha un plan de choque para la mejora de la atención a la dependencia que agilice los trámites y garantice el cumpimiento de los plazos de concesión de las prestaciones.

La Sanidad es otra de las áreas prioritarias de intervención para el nuevo Ejecutivo. Los problemas de atención en las urgencias, las listas de espera para operaciones, pruebas diagnósticas y visitas al especialista han sido también polémicas en esta última legislatura. Como la gestión de la Atención Primaria, servicio por el que los médicos se han manifestado reclamando más tiempo para atender a sus pacientes. En el pacto de Gobierno firmado entre el PP y Ciudadanos se comprometen a llevar a cabo un refuerzo de la Atención Primaria, incrementando su presupuesto para alcanzar los niveles previos a la crisis y estableciendo el «Plan 10 minutos» de atención médico-paciente.

En estas reformas se enmarca también la recuperación de la carrera profesional de los sanitarios que ha estado parada desde 2012 y que ahora Susana Díaz había prometido recuperar en un proceso que ya había comenzado. Será necesario un esfuerzo financiero para hacer frente a los derechos de quienes no han podido ascender por la crisis.

Los centros de menores

Los centros de protección de menores que tiene la Junta de Andalucía están desbordado por la llegada de menores no acompañados a las costas andaluzas. El Gobierno andaluz ha pedido ayuda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que prometió 20 millones de euros para atender a estos niños inmigrantes así como el reparto de estos menores por el resto de las comunidades autónomas ya que Andalucía acoge a más de cuatro mil niños inmigrantes que han llegado solos a España. Pero ninguna de estas promesas ha cristalizado y la gestión diaria de estos centros, desbordados de menores y con poco personal, se ha convertido en un conflicto cotidiano.

Hay otros dos problemas heredados de políticas puestas en marcha por el Ejecutivo de Susana Díaz. El primero es la Renta Mínima de Inserción. Los graves problemas de gestión del llamado salario social, ayudas económicas directas destinadas a las personas con menos recursos, obligaron al departamento de Igualdad y Bienestar Social que dirige María José Sánchez Rubio a cambiar radicalmente el modelo. Pero también ha habido errores y dificultades en su aplicación y hay muchos beneficiarios que no han recibido esa renta mínima de inserción. Como ocurre con el plan de ayuda al alquiler de viviendas que tampoco ha llegado a su destino por burocracia y retrasos sobre los que, además, ha alertado el Defensor del Pueblo. Una cosa será lo que decida Juanma Moreno hacer en el futuro con estos programas, y otra distinta será resolver la convocatoria pública hecha en tiempo y forma por el Ejecutivo saliente y que, por lo tanto, obliga al nuevo Gobierno de Andalucía.

Brexit

Los asuntos económicos también son de calado. El primero hace referencia al Brexit. La salida de Reino Unido de Europa afectará de manera directa al Campo de Gibraltar cuyos habitantes, alcaldes y empresarios temen una crisis grave por lo que demandan más inversiones del Gobierno andaluz.

El empleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los andaluces y se ha convertido, además, en uno de los ejes centrales del pacto entre el PP y Ciudadanos. Los dos partidos defienden un importante cambio del modelo productivo y Juanma Moreno se ha comprometido expresamente a crear 600.000 empleos en los cuatro años de mandato. La puesta en marcha de un plan de empleo va unida también al Plan de Industrialización que ambos partidos quieren impulsar dentro de su paquete de medidas de fomento de la I+D+i.

Función Pública

Uno de los frentes más activos a los que tendrá que hacer frente el nuevo Gabinete andaluz será el relativo al personal de la administración. Juanma Moreno y Juan Marín llevan los últimos cuatro años sin para de prometer que adelgazarán la «estructura política» de la Junta, que reducirán los cargos de libre designación y que los principales cargos serán ocupados por funcionarios. Eso significará una importante reordenación del sector público que está inmerso, además, en la resolución de una convocatoria de oposiciones con más de 30.000 plazas en la administración general, Educación y el SAS.

Es un tema particularmente delicado ya que la Junta es la principal empresa de Andalucía con más de 200.000 empleados públicos. A esto hay que unir el hecho de que el PP y Ciudadanos quieren terminar con la llamada «administración paralela», empresas, entidades y fundaciones de la Junta que ambos partidos consideran una «red clientelar» al servicio del PSOE. Es cierto que en esta administración se incluye la Agencia Pública de Emergencias Sanitarias, EPES, o el Plan Infoca, servicios esenciales; pero también hay un sinfín de agencias y fundaciones (Progreso y Salud, la del Rey Fahd de Marbella...) que no tienen unos objetivos tan claros.

La financiación de las diez universidades públicas andaluzas es otra «patata caliente» que pasa de Susana Díaz a Juanma Moreno. Los rectores claman por más fondos para poder financiar las universidades en un año en el que, además, la Junta se ha comprometido a bonificar el 99% de la tasa de las matrículas a los estudiantes que aprueben las asignaturas en primera matrícula, un importante ahorro para las familias y otro gasto más para el Gobierno andaluz. Claro que también hay materias en las que recortar como el Plan de la Memoria Histórica que ha aprobado el actual Gobierno y de cuya continuidad se duda.